Tegucigalpa, Honduras.
Cuatro de los más recientes acusados por el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan prófugos de la justicia y tampoco han mostrado su intención de presentarse de manera voluntaria ante los Juzgados de Letras de lo Penal.
Entre los prófugos se encuentran Hugo Alberto Mejía López, René Israel Medina Romero, Donald Reiniery Velásquez Oviedo y Lisandro René Ponce Rosales, todos exempleados del Seguro Social, acusados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la institución.
Los mencionados tienen orden de captura nacional e internacional emitidas por los Juzgados de lo Penal y la Policía Internacional (Interpol).
Los buscados por la ley fueron acusados por el Ministerio Público por haber participado en la firma del contrato para la compra de equipo y mantenimiento del mismo con la empresa Distribuidora Metropolitana S. A. (Dimesa).
Según el informe de la comisión interventora del Seguro Social, el contrato fue firmado por un valor de 118 millones de dólares, de los cuales la compañía solo recibió un pago de 61 millones.
En la investigación realizada por esa comisión se determinó que el precio del equipo y el mantenimiento estaba sobrevalorado, lo que causaba grandes erogaciones de dinero a la institución. En el acta redactada sobre la firma del contrato incluida en el expediente judicial se establece que Dimesa era la única empresa ofertante y que además cumplía todos los requisitos para firmar el contrato con el Seguro Social.
Según el Ministerio Público, los acusados fueron partícipes de la irregularidad en la firma del contrato, ya que no se opusieron a sabiendas de que el precio ofrecido estaba sobrevalorado al precio real. Sin embargo, ninguno de los involucrados se opuso a la firma y aprobaron el contrato, según la acusación.
Exempleados encarcelados
Por la firma de este contrato, el Ministerio Público también acusó a Edgardo Quiroz Moreno, empleado del IHSS y miembro del comité que aprobó la firma del contrato, Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty, exdirector y exgerente general del Seguro Social. También están acusados el empresario Schucri Kafie Larach, presidente de la compañía Dimesa, y su apoderado legal Juan Alberto Madrid Casaca.
Los cinco acusados se presentaron el pasado viernes a la audiencia de declaración de imputado en la que el juez que conoció el caso les dictó la detención judicial y ordenó su reclusión en el Primer Batallón de Infantería.
Durante la audiencia, los abogados del empresario Shucri Kafie Larach y de su apoderado legal pidieron al juez otorgarles las medidas sustitutivas a la cárcel, pero la petición fue denegada por el juez que sostuvo su resolución y ordenó su traslado a la prisión.
Hospitalizado
Al conocer que el juez que lleva la causa le había decretado detención judicial y que lo remitía al Primer Batallón, el empresario Shucri Kafie Larach presentó complicaciones de salud, por lo que a los juzgados de Tegucigalpa llegó una ambulancia y fue sacado del despacho judicial en una silla de ruedas.
Según personal de los Juzgados, el empresario fue atendido de inmediato por los paramédicos debido a que presentaba síntomas de un infarto.
Hasta ayer, el empresario continuaba hospitalizado bajo resguardo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la clínica privada a la que fue trasladado. Juan Alberto Madrid Casaca y Edgardo Quiroz Moreno fueron enviados al Primer Batallón junto a Mario Zelaya y José Ramón Bertetty.
Cuatro de los más recientes acusados por el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúan prófugos de la justicia y tampoco han mostrado su intención de presentarse de manera voluntaria ante los Juzgados de Letras de lo Penal.
Entre los prófugos se encuentran Hugo Alberto Mejía López, René Israel Medina Romero, Donald Reiniery Velásquez Oviedo y Lisandro René Ponce Rosales, todos exempleados del Seguro Social, acusados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la institución.
Los mencionados tienen orden de captura nacional e internacional emitidas por los Juzgados de lo Penal y la Policía Internacional (Interpol).
Los buscados por la ley fueron acusados por el Ministerio Público por haber participado en la firma del contrato para la compra de equipo y mantenimiento del mismo con la empresa Distribuidora Metropolitana S. A. (Dimesa).
Según el informe de la comisión interventora del Seguro Social, el contrato fue firmado por un valor de 118 millones de dólares, de los cuales la compañía solo recibió un pago de 61 millones.
En la investigación realizada por esa comisión se determinó que el precio del equipo y el mantenimiento estaba sobrevalorado, lo que causaba grandes erogaciones de dinero a la institución. En el acta redactada sobre la firma del contrato incluida en el expediente judicial se establece que Dimesa era la única empresa ofertante y que además cumplía todos los requisitos para firmar el contrato con el Seguro Social.
Según el Ministerio Público, los acusados fueron partícipes de la irregularidad en la firma del contrato, ya que no se opusieron a sabiendas de que el precio ofrecido estaba sobrevalorado al precio real. Sin embargo, ninguno de los involucrados se opuso a la firma y aprobaron el contrato, según la acusación.
 Juan Casaca y Edgardo Quiroz cuando eran trasladados al Primer Batallón de Infantería.
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Por la firma de este contrato, el Ministerio Público también acusó a Edgardo Quiroz Moreno, empleado del IHSS y miembro del comité que aprobó la firma del contrato, Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty, exdirector y exgerente general del Seguro Social. También están acusados el empresario Schucri Kafie Larach, presidente de la compañía Dimesa, y su apoderado legal Juan Alberto Madrid Casaca.
Los cinco acusados se presentaron el pasado viernes a la audiencia de declaración de imputado en la que el juez que conoció el caso les dictó la detención judicial y ordenó su reclusión en el Primer Batallón de Infantería.
Durante la audiencia, los abogados del empresario Shucri Kafie Larach y de su apoderado legal pidieron al juez otorgarles las medidas sustitutivas a la cárcel, pero la petición fue denegada por el juez que sostuvo su resolución y ordenó su traslado a la prisión.
Hospitalizado
Al conocer que el juez que lleva la causa le había decretado detención judicial y que lo remitía al Primer Batallón, el empresario Shucri Kafie Larach presentó complicaciones de salud, por lo que a los juzgados de Tegucigalpa llegó una ambulancia y fue sacado del despacho judicial en una silla de ruedas.
Según personal de los Juzgados, el empresario fue atendido de inmediato por los paramédicos debido a que presentaba síntomas de un infarto.
Hasta ayer, el empresario continuaba hospitalizado bajo resguardo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la clínica privada a la que fue trasladado. Juan Alberto Madrid Casaca y Edgardo Quiroz Moreno fueron enviados al Primer Batallón junto a Mario Zelaya y José Ramón Bertetty.
