Las secretarías de Defensa y la de Seguridad fueron señaladas directamente por la comisión multipartidaria del Congreso Nacional, quienes en su informe sobre casos de corrupción afirman que “ha habido negligencia para ejecutar varias órdenes de captura” emitidas por el multimillonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Según revela el documento por el saqueo al Seguro Social se han abierto un total de 21 casos, pero de estos solo siete están judicializados, mientras que los otros 14 se encuentran en etapa de investigación.
Por los casos judicializados se han emitido órdenes de captura que según el informe no se han realizado por displicencia de algunos entes del Estado hondureño.
Por ejemplo, en el caso de las empresas fachadas, de portafolio, maletín o fantasma que desfalcaron el IHSS el documento detalla que hay todavía nueve personas prófugas de la justicia, una con proceso de deportación y solo cinco en prisión preventiva.
Este caso se refiere a la organización de una estructura conformada por empleados y funcionarios al interior del IHSS, quienes ejecutaron diversos actos de corrupción, entre ellos la creación de empresas fantasma con las que se erogaron grandes cantidades de dinero del presupuesto de la institución, y lo utilizaron para la compra
de bienes inmuebles en Honduras y en el extranjero.
Estas erogaciones dejaron un perjuicio económico superior a L290 millones en el Seguro Social.
Ante la situación de que aún hay nueve prófugos por este latrocinio la comisión del Congreso hace una fuerte crítica.
“Por parte de la Secretaría de Seguridad y Defensa se observa negligencia en la ejecución de las órdenes
de captura”, apunta contundentemente el informe.
Apatía
También en el caso judicializado de cohecho pasivo impropio y lavado de activos, que habla sobre los sobornos a viceministros, se cuestiona a los entes de seguridad, ya que aún hay dos personas prófugas, una de las cuales es José Alberto Zelaya Guevara, buscado también por su relación con empresas fantasma.
“Ha existido negligencia por parte de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad para ejecutar las órdenes de captura”, recalca nuevamente la comisión.
Este caso es el de funcionarios y directivos del IHSS que solicitaron y recibieron por sí y a través de otras personas cantidades de dinero superiores a los L51 millones a cambio de agilizar pagos de los contratos suscritos entre la empresa Cosem y el IHSS generando un perjuicio económico de más de L51 millones.
Por este contrato se le pagó a la empresa Cosem la cantidad de 24 millones, dinero del cual salieron las cantidades para sobornos y no se pagaron 12 millones más por la resolución oportuna de la junta interventora del IHSS.
Proyecto falso
También en el informe se cuestionan las lentas acciones de captura por el caso del programa de afiliación del migrante hondureño, el cual se refiere al trámite irregular y compra sobrevalorada de pasajes aéreos y pago de viáticos para realizar una gira por ocho ciudades de Estados Unidos con el supuesto fin de socializar el proyecto de afiliación de migrantes hondureños al IHSS, pero que en realidad causó un perjuicio económico de más de L840 mil, con una escandalosa sobrevaloración en el precio de cada pasaje comprado.
El proyecto falso queda evidenciado, pues aún hoy no hay ni un solo afiliado al Seguro Social en EUA.
“De la Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad no hubo una ejecución diligente del mandato judicial en virtud de que el imputado Charles Bográn fue detenido hasta que sufrió un atentado criminal en el que resultó herido”, detalla el documento.
Seguro desbordado
Según el informe de la comisión del Congreso no solo empresas fantasma saquearon el IHSS, pues también compañías legalmente constituidas participaron en el desfalco.
El documento señala a Dimesa por la sobrevaloración de equipo médico. Según el informe esta empresa suscribió un contrato con el IHSS por la cantidad de $118 millones de los cuales únicamente se pagaron por la acción oportuna de la junta interventora $61 millones y la empresa quedó obligada de dar supervisión y mantenimiento al equipo hasta este mes.
Por este caso, se presentó requerimiento fiscal contra Shukri Kafie, de Dimesa.
Otro caso es el supuesto soborno activo de un alto funcionario del Ministerio Público.
Por este caso se presentó requerimiento fiscal esta semana contra Roberto Cardona, quedando pendiente de decisión fiscal la situación del funcionario activo.
La comisión recomienda que de existir los méritos legales suficientes contra el alto funcionario del Ministerio Público se proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes.
El informe del Congreso también pide que se vuelva a indagar nuevamente al expresidente Porfirio Lobo por sus declaraciones cuando afirmó que ya sabía lo que sucedía en el Seguro Social mucho antes de la intervención.
“Igualmente se recomienda ampliar la indagación al señor expresidente para solicitarle la explicación de por qué se abstuvo de informar y actuar sobre lo cual ya tenía conocimiento”, dice la comisión.
Sin límites
El informe sobre corrupción también habla de un préstamo ilegal de L600 millones que se autorizó hacer de parte de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), sin considerar la opinión desfavorable de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
Además, la comisión menciona la aprobación de una consolidación de deuda superior a L900 millones que tenía el Régimen de Enfermedad y Maternidad.
La comisión recomendó imputar a propietarios de empresas privadas que pagaron las coimas.
La comisión reveló además que en otro caso de sobornos un miembro de la junta directiva del IHSS, representante del sector empresarial, ejerciendo su cargo directivo, solicitó y recibió soborno de más $600 mil para agilizar pagos para Cosem, aunque se omitió el nombre para evitar una posible fuga.
La supermulta
La comisión reveló en su informe sobre corrupción que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) interpuso una multa de L100 millones al Seguro Social porque a los empleados del IHSS se les hicieron deducciones legales, contractuales y judiciales entre impuestos, préstamos, demandas de alimentos, etcétera, pero estas deducciones no fueron enteradas donde correspondían.