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Comisión pide investigar a jueces por no cumplir reglas procesales

  • 05 junio 2015 /

En el informe de la comisión multipartidaria se evidencia un retardo malicioso de la justicia

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión multipartidaria en su informe establece que pese a que en julio de 2009 se presentó el requerimiento fiscal y se emitió una orden de captura contra Enrique Flores Lanza, uno de los principales implicados en el retiro ilegalmente de L40 millones de las bóvedas del Banco Central de Honduras en sonado caso del 'carretillazo' durante el gobierno Mel Zelaya y que no fue ejecutada por la Policía Nacional.

Según establece el informe en el caso de la cuarta urna que 'es evidente un retardo malicioso de la justicia tanto por el uso abusivo de los recursos legales por parte de la defensa los cuales han sido permitidos con tolerancia ilegal por parte de los jueces que han conocido la causa'.

Una de las recomendaciones es 'Que proceda el Ministerio Público y/o el Consejo de la Judicatura a la iniciación de un proceso investigativo contra los jueces por no cumplir con las reglas procesales establecidas en nuestra Ley'.

Además solicita 'que se proceda por parte del Ministerio Público y los jueces conocedores de la causa a revisar las medidas cautelares impuestas al imputado para que se asegure la continuidad del proceso dentro de los términos legales'.

Otros casos

La transferencia ilegal de fondos provenientes de China-Taiwán por 30 millones de lempiras en las cuales se imputa a Flores Lanza, Rebeca Santos y José Borjas, además de las irregularidades y afectación del objeto del gasto, sueldos básicos y ayudas económicas en las cuales se habría malversado 450 mil lempiras. El informe estable que se beneficiaron la asociación de taxistas y Partido Liberal entre otros.

Las irregularidades cometidas por funcionarios de casa presidencial, en cuanto al manejo de fondos del Estado como el alquiler de vehículos de lujo, compra de vehículos de lujo, hospedaje en complejo hotelero, pago y gastos a agencias de publicidad que causaron perjuicio al Estado por más de 18 millones de lempiras.