Tegucigalpa, Honduras.
El Estado de Honduras pierde seis de cada 10 demandas en su contra.
Abrahan Alvarenga, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), lamentó que la mayoría de acciones legales contra el Gobierno se pierdan por negligencia de malos funcionarios.
En los últimos años, la PGR conoció más de 2,500 demandas interpuestas contra el Estado por una cantidad superior a 6,000 millones de lempiras.
“Cerca del 60% de las demandas las pierde el Estado, en su mayoría por actos de negligencia de las autoridades de las dependencias estatales”, lamentó el funcionario.
Por ello instó a los funcionarios actuar apegados a la legalidad.
El procurador también pidió al Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades a funcionarios que con sus resoluciones posibiliten que el Estado sea demandado y tenga que erogar cuantiosas cantidades de dinero.
Eso implica averiguar casos de enriquecimiento ilícito o fraude, advirtió el procurador.
Se incluye a funcionarios públicos, abogados y jueces que estarían coludidos para ocasionar perjuicio económico al Estado.
La PGR aborda el tema con la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández.
El Estado de Honduras pierde seis de cada 10 demandas en su contra.
Abrahan Alvarenga, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), lamentó que la mayoría de acciones legales contra el Gobierno se pierdan por negligencia de malos funcionarios.
En los últimos años, la PGR conoció más de 2,500 demandas interpuestas contra el Estado por una cantidad superior a 6,000 millones de lempiras.
“Cerca del 60% de las demandas las pierde el Estado, en su mayoría por actos de negligencia de las autoridades de las dependencias estatales”, lamentó el funcionario.
Por ello instó a los funcionarios actuar apegados a la legalidad.
El procurador también pidió al Ministerio Público investigar y deducir responsabilidades a funcionarios que con sus resoluciones posibiliten que el Estado sea demandado y tenga que erogar cuantiosas cantidades de dinero.
Eso implica averiguar casos de enriquecimiento ilícito o fraude, advirtió el procurador.
Se incluye a funcionarios públicos, abogados y jueces que estarían coludidos para ocasionar perjuicio económico al Estado.
La PGR aborda el tema con la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández.
