Tegucigalpa, Honduras.
Las cuentas bancarias del Instituto Nacional Agrario (INA) fueron embargadas por orden judicial ante el incumplimiento de pago de una demanda ganada por una empresa norteamericana por una supuesta mala adjudicación de tierras a grupos campesinos.
El director del INA, Ramón Lara Bueso, dijo que está preocupado porque el embargo por 52 millones de lempiras interpuesto por la firma estadounidense Trujillo Bay Property Development, prácticamente paralizará las operaciones de la institución agraria.
Con el embargo, el INA queda condenado a pagar sueldos y salarios, nada más, dijo el funcionario. El embargo de las cuentas del INA tiene su origen en las tierras ubicadas en Trujillo, Colón, que en su momento fueron propiedad del ciudadano estadounidense Temístocles Ramírez de Arellano -a quien el Estado de Honduras le pagó unos 20 millones de lempiras en concepto de indemnización en los ochenta- para dar paso al Centro Regional de Entrenamiento Militar (Crem).
Terminado el Crem, el INA quedó en posesión de las tierras; pero sin consultar con la institución agraria, la alcaldía de Trujillo vendió las cinco mil hectáreas a la firma Trujillo Bay Property Development. Luego, el INA adjudicó parte de las tierras a grupos campesinos originando la demanda de la empresa.
Las cuentas bancarias del Instituto Nacional Agrario (INA) fueron embargadas por orden judicial ante el incumplimiento de pago de una demanda ganada por una empresa norteamericana por una supuesta mala adjudicación de tierras a grupos campesinos.
El director del INA, Ramón Lara Bueso, dijo que está preocupado porque el embargo por 52 millones de lempiras interpuesto por la firma estadounidense Trujillo Bay Property Development, prácticamente paralizará las operaciones de la institución agraria.
Con el embargo, el INA queda condenado a pagar sueldos y salarios, nada más, dijo el funcionario. El embargo de las cuentas del INA tiene su origen en las tierras ubicadas en Trujillo, Colón, que en su momento fueron propiedad del ciudadano estadounidense Temístocles Ramírez de Arellano -a quien el Estado de Honduras le pagó unos 20 millones de lempiras en concepto de indemnización en los ochenta- para dar paso al Centro Regional de Entrenamiento Militar (Crem).
Terminado el Crem, el INA quedó en posesión de las tierras; pero sin consultar con la institución agraria, la alcaldía de Trujillo vendió las cinco mil hectáreas a la firma Trujillo Bay Property Development. Luego, el INA adjudicó parte de las tierras a grupos campesinos originando la demanda de la empresa.
