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Lote de playa se compró con fondos del IHSS, revela el Consejo Anticorrupción

  • 19 noviembre 2014 /

El terreno se ubica en un complejo turístico. Hay Cuatro exfuncionarios implicados en el saqueo al Seguro Social.

Tegucigalpa, Honduras.

Un lote de playa, valorado en unos seis millones de lempiras, se compró con fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Así lo comprobó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un informe investigativo divulgado ayer. Según el documento, la hondureña Gabriela María Laínez Reina adquirió el inmueble.

La propiedad que se detectó consiste en un lote de terreno ubicado en un lujoso complejo turístico de Tela, Atlántida, informó Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación del CNA.

Comprende un área de terreno de 1,384 varas cuadradas, propiedad de Laínez Reina, valorado en 287,000 dólares, unos 6.1 millones de lempiras al cambio local. Fue inscrito en el Instituto de la Propiedad el 11 de marzo de 2014, es decir cuando el escándalo de corrupción en el IHSS ya se había denunciado.

Se logró ubicar con apoyo de la Policía de Investigación.

El CNA identifica a Laínez Reina como uno de los principales testaferros del exdirector del IHHS, Mario Zelaya, y del exjefe de Compras de dicho centro asistencial, José Zelaya. Es acusada por el Ministerio Público de lavado de activos en un acto de corrupción en el IHSS.

Pesa en su contra una orden de captura; se supone que se encuentra en Panamá.

Según el CNA, era propietaria de cuatro empresas inmobiliarias que ostentaban la titularidad de algunos bienes asegurados. Al menos 13 inmuebles le fueron asegurados.

Nuevos ricos

Asimismo, el CNA investiga cuatro casos de enriquecimiento ilícito en el IHSS por 40 millones de lempiras. Se investiga a dos exempleados y dos actuales funcionarios del IHSS, de cuarta categoría, por la comisión de este ilícito. “Muestran en su patrimonio un aumento inconsistente; se les han detectado bienes obtenidos con fondos sustraídos del Seguro Social”, informó Aspra.

Se les encontraron propiedades en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Olancho. Los bienes fueron inscritos ilícitamente a nombre de testaferros y de ellos, dijo. Cada uno de los exempleados y funcionarios se habría enriquecido en 10 millones de lempiras.