Tegucigalpa, Honduras.
El Estado de Honduras se salvó de pagar más de mil millones de lempiras por concepto de demandas.
Según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), cinco sentencias emitidas en los últimos meses por los tribunales de justicia ascienden a 1,009 millones de lempiras.
Una demanda se conoció por una relación contractual entre el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, y el Sindicato de Empleados Públicos de Educación (Siempe). Un total de 517 empleados por jornal demandaron al Estado por 109 millones de lempiras. Sin embargo, en primera instancia los tribunales denegaron la demanda. El fallo fue impugnado por los recurrentes.
En otro caso, el Estado obtuvo una sentencia favorable por la suma de 440 millones de lempiras. La demanda la interpusieron 44 médicos que se sintieron afectados. Se les había concedido un crédito con la Secretaría de Salud, se originó a raíz de un convenio suscrito por el Estado con el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito).
En otra demanda interpuesta en su contra, el Estado de Honduras no erogará la suma de 165 millones de lempiras. El caso refiere a la demanda interpuesta por la Compañía Minera Cerro del Sur en contra de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
La minera reclamaba indemnización por daños y perjuicios por pérdidas ocasionadas por incumplimiento de un contrato.
Por otro lado, el Poder Judicial declaró con lugar un recurso interpuesto por la PGR contra la demanda que interpuso Rosman Wilfredo Montiel contra Hondutel, por 213 millones de lempiras.
El hoy jefe de Personal de la CSJ reclama el pago de honorarios por servicios profesionales. El demandante, cuando hizo el reclamo administrativo ante Hondutel, exigía una cuantía menor, unos 45 millones de lempiras; sin embargo, al acudir al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán elevó considerablemente la cuantía.
El expediente fue conocido por la Corte de Apelaciones del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, enviado a consulta a la Sala de lo Constitucional. S
u pretensión fue denegada porque presentaba inconsistencias.
Finalmente, el Estado se salvó de pagar 82 millones de lempiras al declararse improcedente una acción entablada por la Sociedad Mercantil Constructora Técnicos contra el Estado de Honduras, a través de la Serna
Las sentencias las emitieron el Juzgado Contencioso Administrativo y Juzgado Civil.
Mesas de trabajo
La PGR inició un proceso con el fin de revertir la incidencia de demandas que el Estado pierde en los tribunales.
A ese efecto se instalaron mesas de trabajo con la participación de personal de la PGR y asesores legales de las entidades estatales.
“La responsabilidad es grande, pero realizamos un trabajo en beneficio del pueblo hondureño, asumiendo la representación legal del Estado en todos los asuntos de su interés, sea como demandante o demandado”, dijo el procurador general Abraham Alvarenga.
Sobre el asunto, el Consejo de la Judicatura conoció expedientes de denuncias contra jueces que aseveraron colusión de estos con demandantes para falta contra el Estado.
