El vicepresidente de la República, Elvin Santos, dijo que es meritorio reflexionar e investigar las denuncias respecto a un supuesto vínculo del asesor extranjero en materia energética del Gobierno, Robert Meyering, con la petrolera holandesa Trafigura.
Meyering, quien fue recomendado por la empresaria Juliette Handal para asesorar a una Junta de Notables en 2005, fue contratado por la presente administración para diseñar las bases de una licitación y asistir a los responsables de ese proceso, que permitirá adquirir más de 15 millones de barriles de los derivados del petróleo.
Handal participó en la comisión de notables y es testigo de honor de la licitación.Meyering reconoció que el Gobierno sabe que es accionista minoritario de Puma y también posee títulos valores en otras empresas petroleras. Puma pertenece a Trafigura, firma que ofertó en el proceso de licitación del 11 de octubre último.
Acciones
“Cuando se hacen esas denuncias es meritorio realizar las investigaciones y reflexiones que el caso amerita y exige”, sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa.
La intención del presidente Manuel Zelaya, continuó, es que la población tenga acceso al combustible y la energía bajo una modalidad que permita saber cómo proceden las importaciones.
Miembros de la Coalición Patriótica y de los testigos de honor han desestimado cualquier señalamiento contra la transparencia de la licitación y del consultor extranjero Robert Meyering.
El encargado de negocios de la embajada de Venezuela, Claudio Osorio, reconoció la claridad del proceso y las buenas posibilidades de que Petróleos de Venezuela se alce con la victoria de la licitación.
Trafigura
Trafigura es una de las 13 petroleras ofertantes en el proceso de licitación. Esta firma reconoció su responsabilidad moral, pero no jurídica en un derrame mortal de tóxicos ocurrido en Costa de Marfil, África. Según el diario español El País, el abogado holandés Bob van der Goen, representante de una veintena de los afectados a causa del vertido de 400 toneladas de residuos tóxicos efectuado por el buque Probo Koala en agosto pasado en Costa de Marfil, ha pedido a la compañía fletadora, la también holandesa Trafigura, 10 millones de euros de indemnización.
Según el letrado, dicha suma es una evaluación preliminar de la cantidad final, aún por decidir y deberá ser abonada en el plazo de dos semanas. De no ser así, interpondrá una demanda contra Trafigura.
El vaciado ilegal de las basuras del barco en Abiyán, capital del país africano, causó la muerte a 10 personas y el envenenamiento a otras 40,000.
Trafigura admitió la “responsabilidad moral, pero no jurídica” por lo ocurrido, así como que el Probo Koala se dedicaba al tratamiento de gasolina en alta mar.
Un equipo jurídico de Costa de Marfil y otro de Estados Unidos preparan también demandas. Van der Goen cree que puede demostrar que la compañía conocía la naturaleza tóxica de los restos de Costa de Marfil y ninguna empresa local podía hacerse cargo del envío.
Se buscó la versión de Roberto Alvarado, gerente general de Puma, Trafigura, en Honduras, pero el ejecutivo está fuera del país.
“Si reducción es menor a L 1, no se justifica”
El diputado nacionalista Juan Orlando Hernández señaló que si la reducción de los precios a los combustibles es menor a un lempira no justifica el gasto en que se ha incurrido.
“Si es superior a un lempira ya es beneficiosa la licitación, pues los gastos incurridos durante el proceso ya son pasados.
Probablemente no se justifique reducir sólo un lempira si por un lado se pone cuánto cuesta el asesor Robert Meyering, todo su equipo y el costo de los funcionarios que no atendieron otras acciones por ésta, pero al final, como el Gobierno siguió, un lempira puede ser pérdida”.
Sin embargo, cree que cualquier cantidad superior a ese lempira será bienvenida, pero entonces lo grave será que todo el año se haya perdido sin hacer nada en otras actividades, como reducir la factura petrolera.
“Tampoco se hizo nada en el Congreso para incentivar la producción de biocombustibles, pese a que esas propuestas quedaron consensuadas desde la administración anterior”, dijo.
Hernández llamó la atención sobre las denuncias de sobornos de algunas de las empresas oferentes en el Caribe, “porque de ocurrir eso en la licitación, pondría en riesgo hasta el abastecimiento mismo de combustibles”, concluyó.
