La actividad desplegada por el derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ha generado polémicas en la esfera política brasileña y hasta dudas sobre una supuesta “injerencia en asuntos internos”.
En opinión de analistas, la inesperada irrupción de Zelaya el lunes pasado en la legación de Brasil ha causado un conflicto inédito y difícil de resolver, pues no hay una situación técnica de asilo ni de refugio y la embajada ha quedado en el centro de una crisis interna.
“No hay dudas de que Brasil debía darle asilo político a Zelaya si lo pedía cuando fue víctima de un acto de fuerza; pero su retorno genera un cuadro diferente, en el cual la embajada brasileña es protagonista de primera línea”, declaró el ex canciller Luis Felipe Lampreia (1995-2001).
El Gobierno brasileño asegura que fue “tomado por sorpresa” y que no colaboró con el regreso de Zelaya, quien, según muchos dirigentes políticos, sobre todo opositores, ha convertido a la embajada en un “fortín” desde el que arenga a sus seguidores, lo cual contraría las normas del asilo y la diplomacia.
Los partidos políticos brasileños se han apiñado en defensa de la soberanía nacional representada por la sede diplomática; pero en algunos sectores también se asoman dudas sobre el papel cumplido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en esta crisis.
El senador José Agripino Maia, del opositor partido Demócratas, dijo que Brasil se ha inmiscuido en una confusión innecesaria y hasta preguntó si Lula aceptó entrar en el juego para quedar bien con Hugo Chávez, el líder venezolano que, al parecer, cedió el avión en que regresó a su país el Presidente depuesto.
El Partido Popular Socialista, PPS, ha pedido que se aclare cómo Zelaya llegó hasta la embajada y también su permanencia en la sede, pues “como no se trata de un asilo, parece haber una participación de la diplomacia brasileña en una acción clandestina y en una clara injerencia en asuntos internos de otro país”.
Según el diputado Raul Jungmann, del PPS, “la embajada brasileña se ha transformado en tribuna electoral y el canciller Celso Amorim debe ser responsabilizado por eso”.
El senador Arthur Virgilio, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, Psdb, afirmó que “si el Gobierno combinó todo esto, se trata de un disparate diplomático imperdonable”.
Virgilio admitió que es correcto dar abrigo, pero señaló que “también lo es impedir la actividad política desde la legación”.
En cualquier caso, sostuvo que “Brasil perdió la posibilidad de ser un interlocutor en esta crisis, pues está directamente implicado en la campaña para restablecer el mandato del presidente Zelaya”.
La defensa del Gobierno la asumió, entre otros, el titular del Senado, José Sarney, quien indicó que Zelaya “encarna un símbolo de la resistencia para que se evite la vuelta de los tiempos en que los mandatarios eran derrocados y debe recibir todo el apoyo de Brasil”.
