Funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, llegaron ayer al edificio de la Secretaría de Industria y Comercio para revisar la documentación relacionado con la lujosa remodelación del despacho del ex ministro de esa dependencia, Óscar Escalante.
Ayer comenzaron a desfilar ante los funcionarios del TSC empleados y documentos vinculados a la reforma del despacho ministerial. Se estima que el informe de la entidad contralora estará terminado en los primeros días de la próxima semana.
Ayer a las diez de la mañana se instaló en la referida dependencia estatal un equipo multifuncional perteneciente al TSC para indagar cómo se financió la cuestionada obra. El presidente Porfirio Lobo separó el miércoles de la presente semana de su cargo a Escalante tras corroborar dádivas por 730,000 lempiras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, otorgó a la institución para reformar las instalaciones.
El ministro interino de Comercio, Juan José Cruz, informó, luego de rendir su declaración al TSC, que el volumen del expediente no será voluminoso. “Creemos que la investigación se efectúa sobre una base objetiva y que el informe final estará listo en los primeros días de la próxima semana”, indicó. Para el funcionario, la operación que se audita es sencilla y fácil de investigar porque se tiene toda la documentación en las oficinas de la Secretaría de Comercio.
Cruz reveló que la arquitecta Rosa Rivera fue una de las primeras personas entrevistadas por los investigadores. “La arquitecta fue contratada de manera temporal como contraparte de la Secretaría de Comercio para comunicarse con los jefes de los contingentes de carpinteros, pintores y albañiles que laboraban en estas instalaciones”, dijo. La profesional, continuó Cruz, se reportaba directamente con la gerencia administrativa de esta secretaría. “Sus funciones eran señalar los excesos y las variaciones fueran en bien o en mal, que se efectuaran. Fue la responsable de velar por la calidad y las estimaciones de la obra”, indicó.
Rivera suscribió como asesora del ministro de Comercio un documento remitido al Cohep en que constan los montos que los empresarios debían desembolsar a contratistas y proveedores de materiales. Trascendió que estos obreros laboraban horas extras porque les urgía terminar la remodelación. También se asignó a un guardia de la seguridad interna para que velara por los bienes de esta secretaría.
En las primeras horas de la mañana, los medios presenciaron el ir y venir de funcionarios y empleados de Comercio, que con paso presuroso ingresaban con documentos en las oficinas asignadas al TSC.
¿Quién pagará excesos?
“Si hay alguna factura o un recibo que esté pendiente de pago, el que lo sabe es el Cohep porque si había necesidad de efectuar una obra, se le comunicaba para hacer el desembolso específico”, dijo el ministro interino de Comercio. “Puedo asegurarles, señores periodistas, que en esa oficina hay un control específico de las oficinas del Cohep para cada una de esas cosas. Además existe un contrato escrito en que se establece qué se debía efectuar y el Tribunal tiene en su poder ese documento”. Según una fuente no oficial, también comenzaron a desfilar los proveedores de materiales y los contratistas, entre los que no se encontraban los proveedores de cerámica italiana y cortinas españolas.
El presidente del Cohep, Santiago Ruiz, aclaró esta semana que se hacen responsables por el pago exclusivo de 730,000 lempiras a una empresa con la cual suscribieron trabajos específicos. Desconocen cuentas pendientes con proveedores de porcelanato italiano valorado en 132,573.44 lempiras y por cortinas españolas cotizadas en 281,416.32. Sin brindar nombres y de manera escueta, los funcionarios del TSC se limitaron a decir que iniciaron una investigación técnica que será efectuada por un equipo multidisciplinario. “Efectuamos un trabajo establecido en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas. No estamos autorizados a brindar más declaraciones”, dijo una de las personas entrevistadas.
“Funcionarios deben regirse por la ética y honestidad”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Jorge Rivera Avilés, recordó que los funcionarios deben regir sus actuaciones según la ética, la honestidad y el profesionalismo.
“Son situaciones más que todo de ética que habrá que revisar. El señor Presidente de la República tomará su decisión oportunamente una vez que reciba los informes”, manifestó. Agregó que la separación del cargo que ostentaba Escalante es una atribución que le compete a Porfirio Lobo Sosa. “Por la independencia entre los poderes del Estado debo abstenerme de dar mi criterio”, expresó.
Expuso que los funcionarios, especialmente los del ámbito judicial, deben seguir los caminos de transparencia.
“Creo que eso es importante, pero no debemos olvidar que el Poder Judicial tiene su propio Código de Ética, al cual se somete cada uno de nuestros servidores judiciales.
Ellos lo firman y juran cumplir”, expresó. A la consulta de si aceptaría que le remodelaran su oficina, dijo que “mi oficina debe ser remodelada, siempre que sea necesario, con fondos del Poder Judicial”.
