Tegucigalpa. “Politizar la Tasa de Seguridad sería un crimen contra el pueblo”, advirtió ayer la cúpula empresarial de Honduras, al estimar que estos fondos se están manejando de una manera profesional y transparente.
“Nos hubiera gustado participar más en la toma de decisiones, pero la reforma de enero de 2013 nos lo impide. Si bien es cierto, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) define las inversiones, el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) se encarga de que los fondos se usen acorde a la ley”, señaló Aline Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Al ser consultada si el gremio empresarial teme que se politice este tema, la líder de los empresarios indicó que no tienen temor de que ocurra algo así.
“Todos los que participan en el Comité Técnico creen en Honduras y están conscientes de que la seguridad es algo primordial para que el país salga adelante”, afirmó al agregar que “sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay trabajo y sin trabajo ningún país sale adelante. Politizar la Tasa de Seguridad sería un crimen contra el pueblo”, dijo.
Juan Ferrera, a ntes de ser separado del Consejo Técnico de la Tasa de Seguridad, detalló que 700,000 lempiras de esos fondos fueron destinados para la electrificación de la isla Conejo; otros 26.7 millones de lempiras fueron adjudicados al Ministerio de Educación para programas especiales de la niñez de Honduras. La destitución del empresario como presidente del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) ha sido criticada por varios sectores.
Para Benjamín Bográn, exdirector ejecutivo del Cohep y ahora coordinador de campaña del Partido Liberal, la salida de Ferrera obedece a jugadas políticas que favorecen ciertos intereses.
“El objetivo central del Gobierno de la República es tomar control de los 1,200 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad al separar a un auditor social como don Juan Ferrera”, señaló Bográn en declaraciones previas.
