Tegucigalpa, Honduras
La Unidad Fiscal Especial de Combate Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) prepara acciones judiciales contra varios de los involucrados en la asignación de millonarios contratos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) a sociedades vinculadas con Los Cachiros, particularmente en el proyecto hidroeléctrico Patuca III.
| Patuca
El campamento base del proyecto Patuca III tuvo un costo global de L203 millones, pero hubo una sobrevaloración de L102 millones.
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Así lo confirmaron a LA PRENSA fuentes ligadas a la investigación, quienes indicaron que las acciones legales están dirigidas a exfuncionarios de la anterior junta directiva de la Enee y de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovables (Ueper), responsables de la construcción del embalse.
La semana anterior, agentes y fiscales de la Ufecic se apersonaron en las oficinas de la Enee y la Ueper para solicitar información relacionada con los contratos otorgados a las sociedades Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L, entre otras.
Los fiscales requirieron toda la información relacionada con la construcción del campamento base y complejo de viviendas de Patuca III, en el que según una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hubo una sobrevaloración de al menos 102 millones de lempiras.
Sin embargo, los agentes de la Ufecic no pudieron tener acceso a la mayoría de los documentos en vista que en marzo de 2017 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) secuestró toda la información de respaldo para sustanciar el caso.
Las indagaciones implican a 10 exfuncionarios de la Enee, cinco de los cuales ocupaban altos cargos ejecutivos y los restantes formaban parte del comité evaluador de las licitaciones, a quienes se les acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
| En septiembre de 2016, la Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA sacó a luz detalles de las indagaciones y los expedientes que detallan el desvío de 102 millones de lempiras en el proyecto habitacional de Patuca III. Por este caso están denunciados 10 exfuncionarios de la Enee, entre ellos el exgerente de esa institución Roberto Martínez Lozano.
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Danza de millones
Según los cuerpos de investigación del Estado, a los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga se les concedió contratos por casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, entre 2010 y 2015, en la Enee y la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
Las autoridades de la Enee concedieron los proyectos de construcción y mantenimiento de los campamentos base de los complejos hidroléctricos de Patuca III en Olancho y del Valle del Aguán, en el departamento de Colón.
Fechas claves
Firma. Las autoridades de la Enee y la Ueper firman el contrato de construcción del bloque de viviendas de Patuca III con Inversiones Acrópolis.
11 de noviembre 2011
Adenda. Se firma una ampliación del contrato original por L48 millones para el mantenimiento y limpieza del campamento.
16 agosto de 2016
Denuncia. El CNA presenta una denuncia formal ante el Ministerio Público por la sobrevaloración de obras y servicios en el campamento de Patuca III.
Los contratos en referencia fueron adjudicados a Acrópolis S.A. de C.V., Comssa, Arqdico, Conor S. de R.L. y Lutopas, todas administradas por personajes ligados a Los Cachiros, entre ellos su apoderado legal Francisco Arturo Mejía, prófugo de la justicia.
Acrópolis y Arqdico se encargaban de la construcción de las viviendas, clínicas y los edificios administrativos.
De Patuca III, Comssa manejaba el proyecto de mantenimiento y servicios generales del proyecto; Lutopa se encargó de proveer el equipamiento de todos los inmuebles, y Conor supervisaba las obras ejecutadas por Acrópolis. Se estima que la Enee efectuó pagos a Acrópolis por 206.2 millones de lempiras, desglosados así: en 2011, 60.5 millones; en 2012, 73.2 millones, y en 2013, 72.4 millones.
Entretanto, a Comssa se le pagaron 140.3 millones y a Lutopa 14 millones de un contrato inicial de 31. 1 millones pactados, para un global de 486.4 millones.
Uno de los investigadores informó que la Ufecic tiene listos los requerimientos fiscales contra los supuestos responsables de otorgar los contratos a estas sociedades de origen irregular.
La semana anterior, el director de Ufecic, Luis Javier Santos, informó que investigan al menos 10 casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios y que han sido investigados con los equipos integrados de la Maccih.
