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Toño Rivera alega inocencia al llegar a la Corte Suprema

  • 16 enero 2019 /

Hoy se desarrolla la audiencia inicial en donde se le acusa por falsificación de documentos junto a la diputada Sara Medina.

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Antonio 'Toño' Rivera Callejas dijo este miércoles que es inocente del delito del que se le acusa al llegar esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer en la audiencia inicial en el caso denominado “fe de erratas”.

'Sabemos que estamos en un Estado de derecho y que tenemos que esperar el fallo que sea. Si viene en contra de nosotros y recibimos un auto de formal procesamiento vamos a apelar, y si se nos da un sobreseimiento definitivo tenemos que esperar el recurso de apelación del Ministerio Público', aseguró Callejas.

La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) acusa a los diputados Toño Rivera y Sara Ismela Medina de ser responsables de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.

'Firmé 400 decretos aproximadamente en el periodo pasado, era mi función, la ley me ordena firmar todos los decretos que son redactados y elaborados por el departamento de secretaría', se defendió esta mañana el parlamentario.

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Agregó: 'Imagínese usted si yo no hubiera firmado el Presupuesto (General) qué hubiera pasado en las secretarías de Salud y Educación el año anterior'.

En cuanto a lo que pueda pasar con su compañera de hemiciclo Sara Medina, Rivera Callejas se desmarcó diciendo que 'no todos los casos son iguales aunque sea la misma causa', pero dejó claro que 'todos estamos unidos en que somos inocentes'.

La audiencia se programó para las 9:00 a.m. y el juez puede tomar dos determinaciones: una de ellas es decretar un auto de formal pocesamiento o concederles un sobreseimiento provisional o definitivo.

Antecedentes

El caso Pacto de Impunidad se originó en diciembre de 2017 cuando la Ufecic presentó requerimiento fiscal en el caso Red de Diputados en contra de cinco excongresistas implicados en el presunto mal manejo de fondos sociales.

Mientras la audiencia inicial contra esa Red de Diputados estaba en trámite, el Congreso modificó por adición la Ley de Presupuesto, en la que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.

Una vez aprobada, la enmienda adoptó la forma de decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Rivera y Sara Medina, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria de ese poder del Estado. La autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno, según las investigaciones.