Tegucigalpa, Honduras.
El Juzgado Penal en Materia de Corrupción elevó este miércoles a juicio oral y público el caso contra los imputados por el escándalo de corrupción en la Suplidora Nacional de Productos Básicos ( Banasupro), informó este miércoles el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
El Juzgado Penal en Materia de Corrupción elevó este miércoles a juicio oral y público el caso contra los imputados por el escándalo de corrupción en la Suplidora Nacional de Productos Básicos ( Banasupro), informó este miércoles el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
El exgerente de Banasupro Santos Ubaldo Cerrato y el exempleado Víctor Samuel Anchecta deberán comparecer en juicio oral y público.
Los restantes dos imputados, José Norman Canales y Claudia Monserrat Cáceres, se someterán a una 'medida de simplificación procesal'.
El pasado 3 de julio, un juez negó la libertad bajo fianza al exgerente de Banasupro Santos Cerrato, y a dos exempleados de esa institución, acusados de supuesto fraude y abuso de autoridad, y le confirmó la prisión preventiva.
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Cerrato es acusado de 'abuso de autoridad, fraude, dos delitos de falsificación ideológicas de documentos públicos y tres de usurpación de funciones' en la compra de un sistema de software, según la denuncia.
Asimismo están acusados el exjefe de Administración y Recursos Humanos de Banasupro, Víctor Samuel Anchecta; y el extitular de la División Contable y Financiera, José Norman Canales, acusados de abuso de autoridad fraude, falsificación ideológica de documentos públicos y usurpación de funciones.
La exencargada de Bienes Nacionales, Claudia Monserrat Cáceres, es acusada de fraude y dos delitos de falsificación ideológica de documentos públicos, quien cuenta con medidas distintas a la prisión.
Los acusados, quienes fueron detenidos a mediados de junio, realizaron en 2010 la compra de un sistema informático 'sin cumplir con las disposiciones legales establecidas ni con los documentos soportes de la adquisición', según un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas.
Los imputados emitieron 38 cheques a favor de dos empresas por concepto de compras de licencia, servicios profesionales y equipo de cómputo por un monto de más de 3.2 millones de lempiras (unos 132.615 dólares), de acuerdo con el Ministerio Público.
