Tegucigalpa, Honduras.
Más de 75 millones de lempiras ($3.1 millones) que estaban destinados para la matrícula gratis, programa insigne del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, se esfumaron inexplicablemente de las arcas estatales y a la fecha se desconoce cuál fue su destino por la inexistencia de documentación soporte.
En 2014, el programa fue clausurado por la Secretaría de Educación debido a la falta de presupuesto para seguirlo sosteniendo y también a raíz de las denuncias de supuesta corrupción e inadecuados manejos en la utilización de los recursos asignados al mismo.
El Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso, y el 11 de septiembre de 2008 decomisó algunos documentos que correspondían a los pagos efectuados a través de la cuenta bancaria número 11101-01-000616-3 del Banco Central de Honduras (BCH) correspondiente a ese proyecto gubernamental y que estaba asignada a la Secretaría de Educación.
El programa en referencia fue creado por el expresidente Zelaya mediante decreto ejecutivo número PCM-01-2006, del 30 de enero del año 2006, como parte de su promesa de universalizar la educación y promover la matrícula gratis en los niveles prebásico y medio de las escuelas y colegios del sector público.
Con base en ese decreto, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Finanzas para que dispusiera de una partida del presupuesto nacional dirigida a la Secretaría de Educación con el fin de financiar los gastos del programa.
La Matrícula Gratis servía para girar fondos a las escuelas y colegios públicos del país para que cubrieran ciertos gastos, especialmente el pago de aseadoras y vigilantes que antes de eso eran cargados a los padres de familia mediante el cobro de la inscripción anual de sus hijos.
Sin embargo, desde mediados de 2012, la Secretaría de Educación determinó suspender los desembolsos a cerca de dos mil centros educativos por la falta de recursos para seguir sosteniendo el programa gubernamental, y finalmente en 2014 se le dio el tiro de gracia al clausurarlo definitivamente.
Otros fines
Según documentos en poder de LA PRENSA, el 15 de marzo de 2007, el presidente Zelaya, mediante la emisión del acuerdo 0016-PE-07, autorizó al ministro de Educación Marlon Brevé a disponer de los excedentes del año 2006 de la cuenta bancaria 11101-01-000616-3 del Programa de Matrícula Gratis para sufragar gastos relativos a viáticos, combustibles, pasajes aéreos, gastos de publicidad, servicio de telefonía, textos y materiales didácticos, reparación de centros educativos y mobiliario escolar del Programa Nacional de Alfabetización y la Red Solidaria y la Movilización Cívica para una Educación con Calidad.
Sin embargo, una investigación posterior efectuada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó que el acuerdo 0016-PE-07 que autorizaba el traslado de esos fondos a dichos menesteres no tenía sustento legal por cuanto no fue firmado y nunca se publicó en el diario Oficial La Gaceta.
Las indagaciones del TSC comprendieron concretamente los gastos pagados a proveedores a través de la emisión de cheques de la cuenta 11101-01-000616-3 del BCH correspondiente a los excedentes de la Matrícula Gratis del año 2006.
Durante el período examinado que comprendió del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2012, los egresos auditados ascendieron a 75.1 millones de lempiras, cuyo paradero se desconoce con exactitud en vista que la información documental desapareció y no existe.
En esta oportunidad no se revisaron los ingresos del programa, ya que los montos ejecutados de la cuenta bancaria 11101-01-000616-3 correspondían exclusivamente a excedentes del año 2006.
Informe
A raíz de las múltiples denuncias de irregularidades, el TSC abrió su propia investigación especial y el 22 de marzo del presente año emitió un informe de auditoría que fue turnado al actual ministro de Educación, Marcial Solís, para que procediera a aplicar las recomendaciones y enmiendas correspondientes.
Las indagaciones abarcaron el período 2006 y 2012 en las administraciones de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa, en las que fungieron como ministros de educación Marlon Brevé, Santos Elio Sosa y Alejandro Ventura, respectivamente.
La investigación comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación soporte de los cheques emitidos de la cuenta bancaria 11101-01- 000616-3 Programa Matrícula Gratis a proveedores de bienes y servicios, y que no correspondían a los ejecutados por personal de los centros educativos.
Mucha de la información relativa al pago de los cheques no pudo ser recuperada por los auditores del TSC en vista que las autoridades de la Secretaría de Educación adujeron que la misma fue destruida durante las inundaciones que sufrió el edificio de ese Ministerio durante el paso de la tormenta tropical Agatha en mayo de 2010.
Además, la poca información que quedó disponible fue secuestrada por el Ministerio Público en septiembre de 2008 para sustentar su propia investigación.
Empresas fantasmas
No obstante, de la poca información que se rescató durante el proceso se pudo detectar el pago de al menos dos cheques de propaganda por más de 5.7 millones de lempiras a una empresa de publicidad y mercadeo de la capital, la cual no proporcionó documentos que confirmaran la prestación de sus servicios.
Para el caso, los ejecutivos de esa sociedad no proporcionaron evidencias de las facturas y recibos de los fondos pagados a nombre de Radio Capital por 100,800 lempiras, entre otros, por ejemplo.
Por otro lado, el TSC detectó que a muchas de las empresas y personas naturales a las que supuestamente les pagaron diversos servicios no existían legalmente puesto que sus registros no aparecen en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) ni en la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa y tampoco en el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De las 123 empresas a las cuales supuestamente se les otorgó millonarios contratos con fondos de la cuenta 11101-01-000616-3, solamente 28 aparecieron registradas en la CCIT y en la Alcaldía, según la información proporcionada por esa gremial. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó a Diario LA PRENSA que actualmente se están verificando algunos informes que fueron emitidos por el TSC sobre este caso.
Exministro responde
En su descargo ante el Tribunal Superior de Cuentas, el exministro de educación Marlon Brevé confirmó que los usos de esos fondos fueron autorizados por el expresidente Zelaya mediante el acuerdo 0016-PE-07 del 15 de marzo de 2007, cuya copia “debe encontrarse en los archivos de la Secretaría de Educación”.
Indicó que estos fondos se utilizaron en la implementación de la Movilización Cívica por una Educación con Calidad, el Programa Nacional de Alfabetización y la Red Solidaria, a efectos de sufragar gastos de publicidad, servicios de telefonía, textos y material didáctico, reparación de centros educativos y mobiliario escolar, entre otros.
Asimismo, indicó el exministro que los términos bajo los cuales firmó cheques a nombre de funcionarios de Educación se basaron en el acuerdo ejecutivo 0016-PE-07 y el acuerdo que se firmó con los gremios magisteriales, entre otros.
Más de 75 millones de lempiras ($3.1 millones) que estaban destinados para la matrícula gratis, programa insigne del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, se esfumaron inexplicablemente de las arcas estatales y a la fecha se desconoce cuál fue su destino por la inexistencia de documentación soporte.
En 2014, el programa fue clausurado por la Secretaría de Educación debido a la falta de presupuesto para seguirlo sosteniendo y también a raíz de las denuncias de supuesta corrupción e inadecuados manejos en la utilización de los recursos asignados al mismo.
El Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso, y el 11 de septiembre de 2008 decomisó algunos documentos que correspondían a los pagos efectuados a través de la cuenta bancaria número 11101-01-000616-3 del Banco Central de Honduras (BCH) correspondiente a ese proyecto gubernamental y que estaba asignada a la Secretaría de Educación.
El programa en referencia fue creado por el expresidente Zelaya mediante decreto ejecutivo número PCM-01-2006, del 30 de enero del año 2006, como parte de su promesa de universalizar la educación y promover la matrícula gratis en los niveles prebásico y medio de las escuelas y colegios del sector público.
Con base en ese decreto, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Finanzas para que dispusiera de una partida del presupuesto nacional dirigida a la Secretaría de Educación con el fin de financiar los gastos del programa.
La Matrícula Gratis servía para girar fondos a las escuelas y colegios públicos del país para que cubrieran ciertos gastos, especialmente el pago de aseadoras y vigilantes que antes de eso eran cargados a los padres de familia mediante el cobro de la inscripción anual de sus hijos.
Sin embargo, desde mediados de 2012, la Secretaría de Educación determinó suspender los desembolsos a cerca de dos mil centros educativos por la falta de recursos para seguir sosteniendo el programa gubernamental, y finalmente en 2014 se le dio el tiro de gracia al clausurarlo definitivamente.
Otros fines
Según documentos en poder de LA PRENSA, el 15 de marzo de 2007, el presidente Zelaya, mediante la emisión del acuerdo 0016-PE-07, autorizó al ministro de Educación Marlon Brevé a disponer de los excedentes del año 2006 de la cuenta bancaria 11101-01-000616-3 del Programa de Matrícula Gratis para sufragar gastos relativos a viáticos, combustibles, pasajes aéreos, gastos de publicidad, servicio de telefonía, textos y materiales didácticos, reparación de centros educativos y mobiliario escolar del Programa Nacional de Alfabetización y la Red Solidaria y la Movilización Cívica para una Educación con Calidad.
Sin embargo, una investigación posterior efectuada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó que el acuerdo 0016-PE-07 que autorizaba el traslado de esos fondos a dichos menesteres no tenía sustento legal por cuanto no fue firmado y nunca se publicó en el diario Oficial La Gaceta.
Las indagaciones del TSC comprendieron concretamente los gastos pagados a proveedores a través de la emisión de cheques de la cuenta 11101-01-000616-3 del BCH correspondiente a los excedentes de la Matrícula Gratis del año 2006.
Durante el período examinado que comprendió del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2012, los egresos auditados ascendieron a 75.1 millones de lempiras, cuyo paradero se desconoce con exactitud en vista que la información documental desapareció y no existe.
En esta oportunidad no se revisaron los ingresos del programa, ya que los montos ejecutados de la cuenta bancaria 11101-01-000616-3 correspondían exclusivamente a excedentes del año 2006.
Informe
A raíz de las múltiples denuncias de irregularidades, el TSC abrió su propia investigación especial y el 22 de marzo del presente año emitió un informe de auditoría que fue turnado al actual ministro de Educación, Marcial Solís, para que procediera a aplicar las recomendaciones y enmiendas correspondientes.
Las indagaciones abarcaron el período 2006 y 2012 en las administraciones de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa, en las que fungieron como ministros de educación Marlon Brevé, Santos Elio Sosa y Alejandro Ventura, respectivamente.
La investigación comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación soporte de los cheques emitidos de la cuenta bancaria 11101-01- 000616-3 Programa Matrícula Gratis a proveedores de bienes y servicios, y que no correspondían a los ejecutados por personal de los centros educativos.
Mucha de la información relativa al pago de los cheques no pudo ser recuperada por los auditores del TSC en vista que las autoridades de la Secretaría de Educación adujeron que la misma fue destruida durante las inundaciones que sufrió el edificio de ese Ministerio durante el paso de la tormenta tropical Agatha en mayo de 2010.
Además, la poca información que quedó disponible fue secuestrada por el Ministerio Público en septiembre de 2008 para sustentar su propia investigación.
Empresas fantasmas
No obstante, de la poca información que se rescató durante el proceso se pudo detectar el pago de al menos dos cheques de propaganda por más de 5.7 millones de lempiras a una empresa de publicidad y mercadeo de la capital, la cual no proporcionó documentos que confirmaran la prestación de sus servicios.
Para el caso, los ejecutivos de esa sociedad no proporcionaron evidencias de las facturas y recibos de los fondos pagados a nombre de Radio Capital por 100,800 lempiras, entre otros, por ejemplo.
Por otro lado, el TSC detectó que a muchas de las empresas y personas naturales a las que supuestamente les pagaron diversos servicios no existían legalmente puesto que sus registros no aparecen en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit) ni en la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa y tampoco en el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De las 123 empresas a las cuales supuestamente se les otorgó millonarios contratos con fondos de la cuenta 11101-01-000616-3, solamente 28 aparecieron registradas en la CCIT y en la Alcaldía, según la información proporcionada por esa gremial. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó a Diario LA PRENSA que actualmente se están verificando algunos informes que fueron emitidos por el TSC sobre este caso.
Exministro responde
En su descargo ante el Tribunal Superior de Cuentas, el exministro de educación Marlon Brevé confirmó que los usos de esos fondos fueron autorizados por el expresidente Zelaya mediante el acuerdo 0016-PE-07 del 15 de marzo de 2007, cuya copia “debe encontrarse en los archivos de la Secretaría de Educación”.
Indicó que estos fondos se utilizaron en la implementación de la Movilización Cívica por una Educación con Calidad, el Programa Nacional de Alfabetización y la Red Solidaria, a efectos de sufragar gastos de publicidad, servicios de telefonía, textos y material didáctico, reparación de centros educativos y mobiliario escolar, entre otros.
Asimismo, indicó el exministro que los términos bajo los cuales firmó cheques a nombre de funcionarios de Educación se basaron en el acuerdo ejecutivo 0016-PE-07 y el acuerdo que se firmó con los gremios magisteriales, entre otros.
