Tegucigalpa, Honduras
Este 27 de junio se reunieron delegados de las ocho entidades que conforman la Comisión para conocer el contenido de las enmiendas aprobadas por el Congreso, al igual que el veto presidencial.
Aunque el Poder Judicial anunció que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal emitiría en julio pasado su opinión en cuanto a las reformas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, esto no ocurrió.
Entretanto, uno de los enlaces designados por el Congreso Nacional ante este organismo colegiado de carácter permanente sigue a la espera de ser convocado para tener la segunda reunión. “Estamos esperando la segunda reunión, que nos convoque el presidente Rolando Argueta”, manifestó el diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional, Mario Pérez, sin dar más detalles.
| Sépalo
Más de un mes ha transcurrido desde que el Poder Judicial comunicó que este organismo emitiría su respectivo dictamen.
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El Poder Legislativo dio un plazo de 90 días para que la Corte Suprema de Justicia emitiera su opinión en cuanto al decreto 30-2018 contentivo a las enmiendas a 18 artículos del instrumento jurídico y que venció este 5 de julio.
Dos días después, el Poder Judicial divulgó un comunicado, en cuyo cuarto numeral mencionó que entre el 23 y 27 de julio se reuniría la Comisión con sectores que aporten orientación y análisis al respecto. La misiva subrayó que “una vez escuchados estos sectores, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal se reunirá nuevamente para la emisión del dictamen en este mismo mes de julio”. Sin embargo, nada de lo anterior se ha cumplido a la fecha.
Se consultó a la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial sobre el incumplimiento de estos plazos y la falta de la emisión de la opinión, pero no se recibió respuesta.
