Tegucigalpa, Honduras
Maldonado ahora compartirá celdas con muchas reclusas que en su momento ella les dictó sentencia fungiendo como jueza. Esto se determinó en la audiencia de notificación de cambio de medidas que se efectuó ayer en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción. La audiencia se inició a las 9:00 am y finalizó una hora después. En cuanto al exvicepresidente del extinto órgano Teodoro Bonilla, no fue necesario que se presentara porque ya guarda prisión en el Batallón.
Los acusados
En detalle
La prisión preventiva les llegó a quienes antes solían dictarla en las salas de los juzgados y tribunales hondureños.
El expresidente de la Corte y del extinto Consejo de la Judicatura Jorge Rivera Avilés guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería. El togado presidió el Poder Judicial de 2009 hasta 2016, un período de siete años.
Junto con él también fueron enviados al Primer Batallón, todos acusados de abuso de autoridad y malversación de unos 13.5 millones de lempiras, los exconsejeros Celino Aguilera y José Francisco Quiroz. La exconsejera Liliam Maldonado fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara.
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En abril de 2016, una Mesa Técnica Verificadora reveló en un primer informe irregularidades encontradas en la gestión de los exconsejeros.
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Bonilla fue condenado a seis años de prisión en septiembre de 2017 por tráfico de influencias en el denominado caso Shalom.
Su apoderada legal, Delmi Márquez, se presentó ante la jueza para recibir la notificación que a su defendido le dictan prisión preventiva por una segunda causa.
El exconsejero Julio Barahona está atravesando una situación de luto por la reciente muerte de su padre y, sumado a eso, su madre está grave y hospitalizada, por eso no se presentó a la audiencia.
“No se le emitió orden de captura porque él envió un escrito, el cual fue aprobado por la jueza competente, y él estaría siendo convocado en los próximos días para que se lleve a cabo la audiencia de notificación de la resolución de la Corte de Apelaciones”, anunció la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.
Caso
Los seis exconsejeros son acusados por más de 600 delitos de corrupción. El Ministerio Público los acusa de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
El pasado 14 de abril, cuando se sometieron a la audiencia inicial, la jueza les dictó medidas sustitutivas contrarias a la prisión. Entre ellas estaban firmar todos los viernes el libro de control de medidas en el Juzgado en Materia de Corrupción y no salir del país.
Los abogados de los exconsejeros interpusieron acciones legales para evitar que sus defendidos fueran a prisión; sin embargo, la determinación de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción sobre revocarles las medidas sustitutivas contrarias a la prisión se cumplió.
La Corte de Apelaciones emitió el viernes 27 de julio una resolución sobre la revocación de medidas a los exconsejeros.
A la semana siguiente, los apoderados legales interpusieron un recurso de reposición para que el órgano judicial reconsiderara la determinación; no obstante, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar ese recurso y ratificó la prisión para los togados.
 El exconsejero Francisco Quiroz al llegar ayer a los juzgados Anticorrupción.
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Los exconsejeros están a la espera de que la Sala Constitucional emita resolución sobre un recurso de amparo
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés llegó ayer al juzgado resignado a que iba a ser enviado a prisión. Se mostró sereno ante la prensa, pero su rostro se observaba desencajado y denotaba tristeza.
Los exconsejeros Maldonado y Quiroz se mostraron nerviosos y no dieron declaraciones a los medios de comunicación. Celino Aguilera aseguró que estaba preparado para la determinación. Ellos llegaron a una audiencia en la cual ya conocían la resolución.
Una vez que finalizó la audiencia, los abogados defensores salieron de la sala.
Luego los exfuncionarios judiciales fueron sacados de la sala bajo un resguardo policial.
Ellos no llevaban esposas ni en los pies ni en las manos.
Los exconsejeros fueron trasladados en una camioneta blanca con placa PEA 3251, que iba custodiada por elementos del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El destino para tres imputados era el Primer Batallón, pero en lugar de usar la entrada principal como en otras ocasiones, ingresaron por el complejo de la Policía Militar en la aldea Las Casitas.
Ahora los exconsejeros están a la espera de que la Sala Constitucional emita su resolución sobre el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado para recuperar su libertad. De esa forma, ellos podrían recuperar su libertad. Nilia Ramos, apoderada legal de Quiroz, dijo que con la determinación de mandarlos a prisión se violó la Constitución de la República. Aseguró que esa fue una orden superior.
 Teodoro Bonilla ya guarda prisión. El exconsejero Julio Barahona será citado en los próximos días. La exfuncionaria Liliam Maldonado no habló con los medios.
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1-Jorge Rivera Avilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Es acusado de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos. En total son 191.
2-Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura. Acusado de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad. Le suman 102 delitos.
3-José Francisco Quiroz, exmiembro propietario del Consejo de la Judicatura. Acusado de 93 delitos de malversación de caudales públicos.
4-Celino Arístides Aguilera, exmiembro propietario del Consejo de la Judicatura. Acusado de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos. En total tiene 81 delitos.
5-Liliam Emelina Maldonado, exmiembro suplente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Acusada de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
6-Julio César Barahona, exmiembro propietario del Consejo de la Judicatura. Acusado de 67 delitos de malversación de caudales públicos.
-El Ministerio Público acusó en abril de 2018 a los exfuncionarios judiciales de delitos que corresponden a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero.
 El exconsejero Celino Aguilera y su apoderado al llegar al juzgado.
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1-El Consejo de la Judicatura fue creado mediante decreto 219-2011, como el órgano constitucional que gobernaría al Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa. Los miembros fueron elegidos por el Congreso Nacional. Era encabezado por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
2-Once fueron las atribuciones que se le concedió al Consejo, entre ellas organizar y dirigir financiera y administrativamente al Poder Judicial, nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico
3-El Consejo de la Judicatura llegó a su fin en 2016 tras conocerse una serie de irregularidades que iban desde ostentosos salarios y viáticos hasta numerosas contrataciones de personal. En una votación tres a dos, los magistrados de la Sala Constitucional resolvieron parcialmente una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 219-2011 que contenía la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Historia
En 1985, con ocasión de la crisis institucional que se vivía en ese momento en el país, el entonces presidente liberal Roberto Suazo Córdova ordenó la captura y posterior encarcelamiento del recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ramón Valladares Soto. El profesional del Derecho se aprestaba a tomar posesión de su cargo en sustitución de Carlos Manuel Arita Palomo cuando ocurrieron los hechos. Este último era aliado del entonces mandatario Roberto Suazo Córdova, argumento del cual se valieron sus opositores en el Congreso para destituirlo.
| Rivera Avilés: “En ningún momento he cometido delito... hice todo lo mejor que pude”
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés, horas antes de ser enviado a la cárcel defendió sus actuaciones cuando estuvo al frente del desaparecido Consejo de la Judicatura.
En declaraciones a los medios de comunicación en los juzgados Anticorrupción dijo que “en ningún momento he incumplido o cometido delito, se trata de una situación de tipo administrativo”. Agregó que han confundido la materia penal, pero aun así es necesario aclarar que este juicio no se trata de 13.5 millones de lempiras como se ha manifestado, sino que de 3.5 millones para los seis imputados. El expresidente del Poder Judicial dijo que durante la audiencia se desvanecieron las acusaciones del manejo de esos recursos. Rivera Avilés descartó que haya dedicatoria en esta acusación en contra de los exmiembros del extinto Consejo de la Judicatura y entiende que los juzgados cuando hay indicios es suficiente para continuar con el caso. Añadió que al presentarse a los juzgados llegaba a someterse al proceso y a atender las órdenes judiciales. Rivera Avilés subrayó que “no ha cometido un delito, en este caso lo que cabe es un reparo administrativo, el cual estoy dispuesto a hacer las devoluciones que resulten en un reparo administrativo”. Dijo que de los tribunales Anticorrupción los ve “sumamente encarnizados en contra de los imputados que nos presentamos”. El extitular del Poder Judicial reiteró que todas sus actuaciones las hace consciente y bien meditadas, “hice todo lo mejor que pude”. |
