Bajo dudosa urgencia, IHSS contrató seguridad privada

Tegucigalpa, Honduras

La contratación de servicios de seguridad mediante licitación privada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que costó 170 millones de lempiras, se hizo amparada en una urgencia, pero el proceso demoró medio año en ejecutarse, por lo que no se justificaría haber evadido la licitación pública.

El Sindicato de Trabajadores de Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss) denunció que en junio de 2017 la junta interventora de la entidad previsional despidió a 205 guardias para contratar a dos empresas de seguridad.

Las empresas contratadas para hacer las labores de vigilancia de 2017 a 2019 fueron Segurity Guard Service S.A., a la que se le adjudicaron 72.4 millones de lempiras, y Servicios de Seguridad de Lempira (Sersel), que ganó un contrato por 98.1 millones de lempiras.

La Junta Interventora del IHSS justificó la contratación de las empresas de seguridad bajo el argumento de que requerían de urgencia los servicios de personal calificado para que resguardara las instalaciones de la institución porque los empleados de ese entonces no tenían preparación.

Pero la Unidad de Investigación de LA PRENSA constató mediante solicitudes de información y entrevistas que pese a que se consideró una situación de apremio la contratación de empresas privadas de vigilancia, y por ello se hicieron invitaciones directas a empresas para ofertar -licitación privada- y no un proceso público, los interventores tardaron seis meses en concluir el proceso.

La diferencia en este tipo de mecanismos de adquisición es que en la licitación privada el organismo contratante hace invitación directa a oferentes y en la licitación pública se abre la posibilidad de que todo oferente interesado presente ofertas, por lo tanto en este último se posibilita mayor competitividad en precios.

El 27 de diciembre de 2017, la Junta Interventora del IHSS emite la certificación de la resolución CI IHSS 869//27-12-2016, en la que indica que recibió un informe del Departamento de Contrainteligencia (C-2) de las Fuerzas Armadas sobre la evaluación del sistema de seguridad interna de los hospitales y clínicas del Seguro Social.

En el reporte del C-2 se consignan “las deficiencias (del sistema de seguridad del IHSS) y el número insuficiente de guardias y la necesidad de contar con 283 elementos debidamente entrenados y capacitados para lograr un servicio adecuado de seguridad”.

El C-2 dictaminó que se registraba una alta incidencia de asaltos contra derechohabientes del IHSS y sus familiares, aunque no se indica en ninguna parte qué cantidades de atracos y en qué período.

De igual manera, personal de seguridad del IHSS trabajaba de forma empírica y sin plan de contingencias, dice el informe militar, que agrega que se encontraron áreas del Seguro Social vulnerables que no son custodiadas debidamente.

Otro motivo que orilló a la junta interventora a rescindir los contratos de los empleados de seguridad es que, conforme a la resolución CI IHSS 869//27-12-2016, la entidad no tenía en su organigrama una estructura de seguridad y cuando se contrataron los vigilantes no se garantizó que fueran aptos para esa función.

La Junta Interventora resolvió que el 1 de abril de 2017 debía cerrar el proyecto de seguridad del IHSS, bajo el cual se contrató a los empleados de vigilancia en 2009.

Y luego ordenó en la resolución “proceder a los trámites conforme a ley en forma inmediata al proceso de licitación de los servicios de seguridad requeridos”.

Cuatro meses y 18 días después de que se girara la instrucción para hacer la licitación, la Gerencia Financiera hizo las invitaciones a presentar ofertas a cinco empresas de seguridad privada.

Posteriormente, el 27 de junio, exactamente seis meses después de la resolución que ordenaba realizar la licitación, el director interino del IHSS firma los contratos con las empresas Segurity Guard Service S.A. y Sersel.

Segurity Guard Service S.A. ganó la asignación de vigilancia con 115 guardias en los centros del IHSS del occidente del país. Mientras, Sersel se adjudicó la custodia de los edificios del centro y suroriente con 126 elementos y los del litoral atlántico con 23 agentes.

En promedio, las ofertas por cada guardia era de 16,900 lempiras al mes y el precio de mercado por cada uno era de 17,250, según la recomendación de la comisión evaluadora de las ofertas.

El IHSS pagaba a cada guardia propio un promedio de 7,771 lempiras mensuales.

La ley establece que la contratación de servicios, entre ellos, de seguridad, cuyo costo sea de 204 mil a 550 mil, requieren licitación privada, pero los contratos de las compañías contratadas exceden ese monto, por ello se necesitaba una licitación pública.

Urgencia

German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del IHSS, dijo a LA PRENSA que se hizo una licitación privada por motivos de “urgencia” y amparado en el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado.

“La licitación privada, dice la ley, en el artículo 60, en los casos que por circunstancias imprevistas o por otras razones de apremiante urgencia debidamente calificadas surgiera una necesidad cuya atención no ha podido planificarse con antelación”, informó Leitzelar, quien agregó que “basado en ese numeral 2 del artículo 60 se optó por ir a la licitación privada”. Se le preguntó al interventor por qué si había urgencia el proceso tardó seis meses y que si no era mejor en ese tiempo hacer una licitación pública, y respondió con una pregunta: “¿Y si hubiese fracasado?”.

“Usted me pone un supuesto y yo le pongo otro”, manifestó el interventor.

La función del IHSS no es administrar seguridad, sino dar atención social, por ello no podía seguir con el personal de vigilancia propio, insistió. Hay otras funciones que tenía que atender la junta interventora.

No debió hacerse

El presidente del Sitraihss, Rigoberto Matute, cuestionó que la licitación privada se hizo para favorecer a las referidas empresas.

Expresó que se debe hacer una minuciosa investigación porque la contratación no ameritaba una licitación privada. Cuestionó que se realizara la contratación por esa vía.

El IHSS fue objeto de un megasaqueo que generó un impacto financiero de 6,399 millones de lempiras producto de contratos sobrevalorados y desvío de recursos entre regímenes, hechos cometidos entre 2010 y 2014.

El Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales contra 47 personas por el latrocinio, algunas de las que ya están condenadas.

El expresidente Porfirio Lobo nombró a la junta interventora del IHSS en enero de 2014 para sacar a la institución del abismo financiero en que se encontraba.