Tegucigalpa, Honduras.
Maryori Baquedano, oriunda de una remota aldea de Choluteca, en la zona sur de Honduras, solloza y se le quiebra la voz porque teme regresar deportada a su país después de casi 20 años de vivir en Estados Unidos, en el caso de que el presidente Donald Trump decida no prorrogar este beneficio migratorio.
La joven y guapa compatriota, casada con un mexicano y con un hijo adolescente nacido en suelo estadounidense, emigró a finales de los noventas a EEUU buscando un mejor porvenir para su familia luego del destructor paso del huracán Mitch y como muchos hondureños logró inscribirse en el TPS.
Durante todos estos años logró conformar un nuevo hogar, compró su casa, le construyó una modesta vivienda a su madre aquí en Honduras y actualmente trabaja como mucama en un hotel de una importante ciudad de Texas y también como “delivery” de una pizzería.
Sin embargo, ahora su futuro y el de 44,000 hondureños más se torna incierto, considerando las últimas decisiones. El TPS fue cancelado ya a El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán. A otros países que están en situación de guerra sí les fue ampliado. Estos son Sudán del Sur, Yemen, Somalia y Siria.
Al igual que esta laboriosa mujer, miles de hondureños esperan en vilo la decisión que tomará el Gobierno estadounidense y se preparan para el peor de los escenarios en caso de que la respuesta sea negativa.
Justamente, este viernes vence el plazo para que Trump finalmente diga si prorroga o cancela el Estatus de Protección Temporal de Honduras, que protege de la deportación a unos 44,000 inmigrantes desde principios de 1999. El plazo formalmente vence el 5 de julio, pero por ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe notificar 60 días antes del vencimiento si lo cancela o concede una nueva extensión y por cuánto tiempo. Ese plazo vence este sábado 5 de mayo y el anuncio se espera que se formule este viernes.
Se estima que de ponerse fin al TPS obligaría a más de 86,031 personas de nacionalidad hondureña a regresar a un país con graves problemas de seguridad y con ellos a más de 53,000 adolescentes y jóvenes nacidos en EEUU en los últimos 20 años.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida, expresó su temor por lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo expresó su optimismo de que esta vez se logre una última ampliación de 18 meses.
Indicó que ese tiempo les permitirá buscar con legisladores afines a la causa de los inmigrantes una iniciativa de ley que permita regularizar la situación de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos amparados en el TPS. “En estos últimos meses nos hemos reunido con congresistas para que nos ayuden, que legislen por nosotros y aprueben una ley para que recibamos la residencia permanente. Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso si el Gobierno ya no lo extiende, pero que nos dé un plazo adicional de 12 o 18 meses”, afirmó.
Confiados
Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, quien ha realizado un intenso lobby en los círculos políticos de la capital estadounidense, reconoció que se trata de un asunto complejo, pero esperan que haya una última renovación de 18 meses.
“Hemos venido trabajando desde julio del año pasado y presentamos nuestra solicitud formal para la ampliación del TPS, y nos otorgaron seis meses más para evaluar el tema, por ello se espera la resolución el 6 de mayo”, indicó.
Maryori Baquedano, oriunda de una remota aldea de Choluteca, en la zona sur de Honduras, solloza y se le quiebra la voz porque teme regresar deportada a su país después de casi 20 años de vivir en Estados Unidos, en el caso de que el presidente Donald Trump decida no prorrogar este beneficio migratorio.
La joven y guapa compatriota, casada con un mexicano y con un hijo adolescente nacido en suelo estadounidense, emigró a finales de los noventas a EEUU buscando un mejor porvenir para su familia luego del destructor paso del huracán Mitch y como muchos hondureños logró inscribirse en el TPS.
Durante todos estos años logró conformar un nuevo hogar, compró su casa, le construyó una modesta vivienda a su madre aquí en Honduras y actualmente trabaja como mucama en un hotel de una importante ciudad de Texas y también como “delivery” de una pizzería.
Sin embargo, ahora su futuro y el de 44,000 hondureños más se torna incierto, considerando las últimas decisiones. El TPS fue cancelado ya a El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán. A otros países que están en situación de guerra sí les fue ampliado. Estos son Sudán del Sur, Yemen, Somalia y Siria.
Al igual que esta laboriosa mujer, miles de hondureños esperan en vilo la decisión que tomará el Gobierno estadounidense y se preparan para el peor de los escenarios en caso de que la respuesta sea negativa.
Justamente, este viernes vence el plazo para que Trump finalmente diga si prorroga o cancela el Estatus de Protección Temporal de Honduras, que protege de la deportación a unos 44,000 inmigrantes desde principios de 1999. El plazo formalmente vence el 5 de julio, pero por ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe notificar 60 días antes del vencimiento si lo cancela o concede una nueva extensión y por cuánto tiempo. Ese plazo vence este sábado 5 de mayo y el anuncio se espera que se formule este viernes.
Se estima que de ponerse fin al TPS obligaría a más de 86,031 personas de nacionalidad hondureña a regresar a un país con graves problemas de seguridad y con ellos a más de 53,000 adolescentes y jóvenes nacidos en EEUU en los últimos 20 años.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida, expresó su temor por lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo expresó su optimismo de que esta vez se logre una última ampliación de 18 meses.
Indicó que ese tiempo les permitirá buscar con legisladores afines a la causa de los inmigrantes una iniciativa de ley que permita regularizar la situación de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos amparados en el TPS. “En estos últimos meses nos hemos reunido con congresistas para que nos ayuden, que legislen por nosotros y aprueben una ley para que recibamos la residencia permanente. Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso si el Gobierno ya no lo extiende, pero que nos dé un plazo adicional de 12 o 18 meses”, afirmó.
Confiados
Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, quien ha realizado un intenso lobby en los círculos políticos de la capital estadounidense, reconoció que se trata de un asunto complejo, pero esperan que haya una última renovación de 18 meses.
“Hemos venido trabajando desde julio del año pasado y presentamos nuestra solicitud formal para la ampliación del TPS, y nos otorgaron seis meses más para evaluar el tema, por ello se espera la resolución el 6 de mayo”, indicó.
Plazo
Tábora reconoció que al final se trata de una decisión soberana del Gobierno de los Estados Unidos y se debe estar preparado ante cualquier escenario.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en su última comunicación instó a los hondureños a prepararse para regresar a Honduras en caso de que la designación no se extienda nuevamente y no tengan otra base legal para permanecer en los Estados Unidos, incluida la solicitud de documentos de viaje actualizados del Gobierno de Honduras.
Ricardo Puerta, analista y experto en temas migratorios, vaticinó que lo más seguro es que EEUU anuncie la culminación del TPS y otorgue un plazo de 12 a 18 para preparar el retorno.
