Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno de Honduras destacó este domingo que en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU., que fue publicado esta semana, se reconoce que las elecciones a la Presidencia de 2017, en las que fue reelegido Juan Orlando Hernández, 'fueron libres'.
Según un comunicado de la Casa Presidencial hondureña, en el informe estadounidense se señala que 'los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018'.
'Los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones 'fueron libres' en Honduras', se destaca en el comunicado.
Hernández fue reelegido para un segundo mandato el 26 de noviembre de 2017 en unos comicios generales que la oposición rechaza reiterando que hubo fraude y que el ganador fue Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
El informe del Departamento de Estado de EE.UU. asimismo reconoce que hubo disputa en torno a la equidad y transparencia de los resultados.
'Las autoridades civiles a veces no mantuvieron un control efectivo sobre la seguridad', aunque 'no fue generalizada', se añade en el informe que sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
Añade que en 2017 en Honduras se registraron 'supuestas muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales'.
Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, amenazas y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes; y violencia social contra la comunidad LGBTI, señaló la Casa Presidencial hondureña.
Ante todas esas denuncias, agrega el informe, 'el Gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos'.
No obstante, en el informe estadounidense se destaca que en Honduras 'la impunidad existe en muchos casos, como lo demuestra el prolongado proceso judicial, pocas condenas de los perpetradores, y fallas en enjuiciar a autores de crímenes'.
Uno de esos casos que 'disfruta la impunidad' es el asesinato del exdirector de Lucha Contra el Narcotráfico de Honduras, Julián Arístides González, el 8 de diciembre de 2009.
Dicho asesinato supuestamente fue planificado por la cúpula de la Policía Nacional y mandos intermedios, a petición de un narcotraficante, de acuerdo al documento.
En el informe se explica que 'elementos delictivos organizados, incluidas las bandas de traficantes de narcóticos locales y trasnacionales, fueron los autores de crímenes violentos y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, tráfico de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos' en Honduras.
Además, contra 'autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otros miembros de poblaciones vulnerables', precisó la Casa Presidencial hondureña.
El Gobierno de Honduras destacó este domingo que en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU., que fue publicado esta semana, se reconoce que las elecciones a la Presidencia de 2017, en las que fue reelegido Juan Orlando Hernández, 'fueron libres'.
Según un comunicado de la Casa Presidencial hondureña, en el informe estadounidense se señala que 'los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018'.
'Los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones 'fueron libres' en Honduras', se destaca en el comunicado.
Hernández fue reelegido para un segundo mandato el 26 de noviembre de 2017 en unos comicios generales que la oposición rechaza reiterando que hubo fraude y que el ganador fue Salvador Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
El informe del Departamento de Estado de EE.UU. asimismo reconoce que hubo disputa en torno a la equidad y transparencia de los resultados.
'Las autoridades civiles a veces no mantuvieron un control efectivo sobre la seguridad', aunque 'no fue generalizada', se añade en el informe que sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
Añade que en 2017 en Honduras se registraron 'supuestas muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales'.
Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, amenazas y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes; y violencia social contra la comunidad LGBTI, señaló la Casa Presidencial hondureña.
Ante todas esas denuncias, agrega el informe, 'el Gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos'.
No obstante, en el informe estadounidense se destaca que en Honduras 'la impunidad existe en muchos casos, como lo demuestra el prolongado proceso judicial, pocas condenas de los perpetradores, y fallas en enjuiciar a autores de crímenes'.
Uno de esos casos que 'disfruta la impunidad' es el asesinato del exdirector de Lucha Contra el Narcotráfico de Honduras, Julián Arístides González, el 8 de diciembre de 2009.
Dicho asesinato supuestamente fue planificado por la cúpula de la Policía Nacional y mandos intermedios, a petición de un narcotraficante, de acuerdo al documento.
En el informe se explica que 'elementos delictivos organizados, incluidas las bandas de traficantes de narcóticos locales y trasnacionales, fueron los autores de crímenes violentos y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, tráfico de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos' en Honduras.
Además, contra 'autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otros miembros de poblaciones vulnerables', precisó la Casa Presidencial hondureña.
