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Por abuso de autoridad acusan a director regional de ICF en Comayagua

  • 21 marzo 2018 /

La audiencia inicial se programó para el 4 de abril, en donde la Fiscalía presentará los medios probatorios para solicitar el auto de formal procesamiento contra Meza Castillo

Comayagua, Honduras

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente de Comayagua presentó este miércoles requerimiento fiscal en contra del director regional del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Carlos Manuel Meza Castillo, a quien se le supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Hoy, el director regional se presentó voluntariamente, por lo que se desarrolló la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez le impuso medidas sustitutivas: no podrá salir del país y deberá presentarse de forma periódica.

La audiencia inicial se programó para el miércoles 4 de abril a las 10:30 de la mañana, donde la Fiscalía presentará los medios probatorios para solicitar el auto de formal procesamiento contra Meza Castillo.

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La acusación se interpusó luego de un operativo de protección forestal realizado el 7 de febrero del presente año por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente y otras autoridades en la aldea “La Botijas”, Villa de San Antonio, donde se encontraron varios camiones transportando producto forestal sin la guía de movilización; mostrando únicamente una resolución firmada por el director regional del ICF donde se les autorizaba a circular sin factura del punto de aprovechamiento al centro de acopio, lo cual no está enmarcado en la ley.

Debido a esto, el personal del Ministerio Público efectuó el decomiso de varias copias de esa resolución y abrió un expediente investigativo, logrando reunir elementos probatorios para sustentar el caso.

De acuerdo con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su artículo 103, para el transporte de producto o sub producto forestal dentro del territorio nacional 'se requiere de una guía de movilización o factura original codificada, que contenga la vigencia de aprobación del Plan Operativo, firmada y con sellos de seguridad entregada mediante inventario por el ICF'.

En consecuencia, al no extender la facturación y emitir una resolución regional que permite evadir el principio legal, el Ministerio Público señala que se cometió el delito de abuso de autoridad, por permitir algo para lo cual no se está facultado y que se opone a lo establecido en la ley.