La Justicia de Honduras inició hoy el juicio contra el exalcalde hondureño Martiniano Domínguez por su implicación en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, informó una fuente oficial.
El juicio se celebra en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, donde el Ministerio Público buscará que a Domínguez se le dicte 'sentencia condenatoria', indicó el organismo hondureño en un comunicado.
Domínguez, alcalde de 2010 a 2014 del departamento de Intibucá, occidente del país, autorizó de 'manera irregular' el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, añadió.
El Ministerio Público subrayó que el exburgomaestre contravino lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se construyen obras en su territorio.
Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
En este caso también están involucrados los exviceministros hondureños Marco Jonathan Laínez y Roberto Darío Cardona, agregó el organismo investigador.
Fotogalería: Las nueve personas involucradas en la muerte de Berta Cáceres
Según investigaciones del Ministerio Público, Laínez otorgó en 2011 la licencia ambiental a Agua Zarca, mientras que Cardona supuestamente autorizó en 2013 la ampliación de la capacidad generadora de la hidroeléctrica de 14,4 a 21,7 megavatios.
Cardona, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay nueve personas detenidas.
Según un informe divulgado en octubre de 2017, el asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA -cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido el día 2 de este mes como presunto autor intelectual del crimen-, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.
