Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dio 30 días a los diputados del Congreso Nacional (CN) de los tres últimos períodos legislativos para que justifiquen con documentos en qué invirtieron el dinero del Fondo Departamental y otros subsidios, de acuerdo con el reglamento de la controversial reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) como un “pacto de impunidad”.
El plazo comenzó a correr desde el 8 de febrero de 2018, luego de que el pleno de magistrados del organismo contralor, mediante acuerdo administrativo 001-2018-TSC, aprobó el reglamento para la ejecución de la auditoría e investigación especial para todos los fondos públicos gestionados y percibidos por el Congreso Nacional.
La Maccih denunció que la reforma, creada el 18 de enero de 2018 por el Congreso Nacional, le ordena al TSC que en dos años haga auditorías e investigaciones especiales a los recursos recibidos por los parlamentarios, entre estos el Fondo Departamental para los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, y que durante se hagan las pesquisas se suspenda cualquier proceso criminal o investigación relacionada con esos dineros.
Todo el dinero
En el reglamento se indica que la auditoría abarcará al Fondo Social de Planificación Departamental y el Fondo de Desarrollo Departamental.
Esta revisión será también sobre los subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios, o ayudas en las áreas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados.
La tercerización de esos recursos ha sido por medio de organizaciones no gubernamentales o fundaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales han sido cuestionadas por supuestamente lavar dinero desviado de los fondos de ayuda social que reciben legisladores. Si en el desarrollo de la auditoría se detectan indicios de algún delito penal, el TSC deberá notificarlo al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, aunque la pesquisa del organismo contralor no haya terminado, de acuerdo con el reglamento. Concluida la ejecución de la auditoría e investigación especial, se debe preparar el informe escrito para comunicar el resultado, en el cual se indicarán los objetivos de la revisión, el alcance que tuvo la auditoría, los hallazgos significativos y las conclusiones y opiniones de los auditores, así como las recomendaciones pertinentes, indica.
De determinarse responsabilidad por mal manejo de recursos de los diputados, se emitirán los pliegos, que pueden ser civil, penal o administrativo y, en caso contrario, se dará la solvencia respectiva.
El informe, una vez hecha la notificación, será de conocimiento público “como parte relevante del proceso de rendición de cuentas y el camino hacia la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, se especifica en el reglamento.
Al menos 60 legisladores siguen bajo investigación
Al menos sesenta legisladores están bajo investigación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), incluyendo al presidente del Poder Legislativo Mauricio Oliva, por el supuesto mal manejo de unos 1,300 millones de lempiras.
Juan Jiménez Mayor, portavoz de la Maccih, lamentó que la modificación a la ley presupuestaria frenara esas indagaciones, razón por la cual tildó el hecho como un “pacto de impunidad”.
El 24 de enero, el Congreso aprobó, ante el aluvión de críticas, una fe de errata en la que eliminó el pasaje de la reforma presupuestaria que contemplaba suspender la persecución penal hasta que culminara la auditoría.
