Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público investiga vínculos familiares entre funcionarios de la Secretaría de Salud y las 86 personas que recibieron salario-beca de esa dependencia sin ser estudiantes universitarios en servicio social o internado rotatorio en hospitales.
Existe sospecha de que los beneficiados con el estipendio podrían ser parientes de al menos dos de las personas que laboraron en el Departamento de Planillas, sospechosos de autorizar los pagos, y de otros funcionarios de esa cartera ministerial, según la entidad acusadora.
“Lo que se investiga es si son familia de funcionarios de Salud y los que recibieron los pagos. Es un proceso que lleva tiempo por la cantidad de personas de las que se trata”, indicó el jefe de Relaciones Públicas del Ministerio Público, Yuri Mora.
Para probar esta tesis, el Ministerio Público solicitó información al Registro Nacional de las Personas que ligue familiarmente a los receptores de las becas con algunos servidores y exservidores públicos de Salud, indicó Mora.
Mora reiteró que ya se ha identificado a las personas que podrían ser acusadas de autorizar la cancelación del estipendio, pero no dio nombres para no entorpecer las pesquisas.
LA PRENSA reveló un informe de la comisión de investigación que apunta que la Secretaría de Salud pagó 6.1 millones de lempiras en
salario-beca a 86 personas que se hicieron pasar por estudiantes de diferentes carreras del área de la salud entre los años 2014 y 2016.
El salario-beca se paga, por ejemplo, a estudiantes que cursen la etapa final de carreras como Enfermería, Odontología y Medicina, entre otras, de las universidades públicas y privadas y que realicen el internado rotatorio o servicio social en centros sanitarios.
Funcionarios despedidos
De acuerdo con el informe elaborado en 2016, se usó un acuerdo ministerial, con registro 103, que ya había sido desechado, para gestionar los pagos de las becas.
Henry Daniel Martínez, exjefe del Departamento de Planillas, y Doris Obdulia Gradiz Sevilla, su asistente, fueron identificados en el reporte como los responsables de autorizar las transferencias ilícitas.
Ambos empleados fueron despedidos, conforme a fuentes de la Secretaría de Salud.
El informe de la comisión de investigación lo entregaron al Ministerio Público para que indague más y determine si hay responsabilidad penal de parte de los dos exempleados señalados.
La comisión de investigación desligó de responsabilidad a otros funcionarios de dependencias de Salud en donde se tramitan pagos de becas porque encontró que no hicieron gestiones para las transferencias de las irregulares becas.
El Ministerio Público investiga vínculos familiares entre funcionarios de la Secretaría de Salud y las 86 personas que recibieron salario-beca de esa dependencia sin ser estudiantes universitarios en servicio social o internado rotatorio en hospitales.
Existe sospecha de que los beneficiados con el estipendio podrían ser parientes de al menos dos de las personas que laboraron en el Departamento de Planillas, sospechosos de autorizar los pagos, y de otros funcionarios de esa cartera ministerial, según la entidad acusadora.
“Lo que se investiga es si son familia de funcionarios de Salud y los que recibieron los pagos. Es un proceso que lleva tiempo por la cantidad de personas de las que se trata”, indicó el jefe de Relaciones Públicas del Ministerio Público, Yuri Mora.
Para probar esta tesis, el Ministerio Público solicitó información al Registro Nacional de las Personas que ligue familiarmente a los receptores de las becas con algunos servidores y exservidores públicos de Salud, indicó Mora.
Mora reiteró que ya se ha identificado a las personas que podrían ser acusadas de autorizar la cancelación del estipendio, pero no dio nombres para no entorpecer las pesquisas.
| La utilización de un acuerdo inexistente fue una de las claves para que realizara el pago ilegal de las becas, que asciende a 6.1 millones de lempiras, conforme a un informe de Salud.
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El salario-beca se paga, por ejemplo, a estudiantes que cursen la etapa final de carreras como Enfermería, Odontología y Medicina, entre otras, de las universidades públicas y privadas y que realicen el internado rotatorio o servicio social en centros sanitarios.
| Datos
1. Cosultaron la base de datos
La Comisión de Investigación revisó la base de datos de Planillas de Salud para verificar listado de becarios.
2. Borrón electrónico
Los investigadores encontraron que se había borrado el registro digital de pagos de becas a los falsos estudiantes.
3. Se recuperó la información
Los datos borrados de las transferencias de las becas los recuperó la Comisión.
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De acuerdo con el informe elaborado en 2016, se usó un acuerdo ministerial, con registro 103, que ya había sido desechado, para gestionar los pagos de las becas.
Henry Daniel Martínez, exjefe del Departamento de Planillas, y Doris Obdulia Gradiz Sevilla, su asistente, fueron identificados en el reporte como los responsables de autorizar las transferencias ilícitas.
Ambos empleados fueron despedidos, conforme a fuentes de la Secretaría de Salud.
El informe de la comisión de investigación lo entregaron al Ministerio Público para que indague más y determine si hay responsabilidad penal de parte de los dos exempleados señalados.
La comisión de investigación desligó de responsabilidad a otros funcionarios de dependencias de Salud en donde se tramitan pagos de becas porque encontró que no hicieron gestiones para las transferencias de las irregulares becas.
