Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo obviaron ayer referirse a la investigación presentada por la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) que involucra a una red de diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales.
Según la investigacióan de la Ufecic y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih, los diputados se valieron de la organización no gubernamental denominada Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Ampibch) que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional y que luego iban a parar a sus cuentas personales. Los legisladores señalados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo y estos eran entragados a la ONG, que luego los trasladaba a los legisladores señalados.
LA PRENSA consultó a funcionarios del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización sobre la operación y traslado de fondos, pero ninguno quiso referirse al tema.
Sobre el caso, el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, se pronunció ayer pidiendo celeridad en las órdenes de captura contra los cinco diputados denunciados. “A 24 horas de presentado el requerimiento y solicitud urgente de captura para evitar fuga de imputados, Ufecic, OEA-Maccih seguimos esperando resolución de jueza natural Alma Guzmán, respetuosos de su independencia, nos mantenemos expectantes”, señaló en su Twitter Jiménez Mayor.
Trascendió ayer que la audiencia de declaración de imputado se fijó para el 28 de diciembre. Juan Carlos Sánchez, abogado de los cinco diputados, dijo que sus defendidos se declararán inocentes y al comparecer voluntariamente buscan evitar el libramiento de una orden de captura.
ONG debió cancelarse. Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación informaron a LA PRENSA que el 28 de febrero de 2014 la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac) publicó en el diario oficial La Gaceta la orden de canceclación de unas 5,429 asociaciones civiles, entre las que aparecía la Ampibch; pero inexplicablemente hubo una orden de “arriba” para que la ONG siguiera operando a pesar de haber incumplido con la presentación de sus estados financieros y sus actividades.
Aun así, la ONG siguió operando y recibiendo fondos del Poder Legislativo y del Gobierno.
Los diputados Jorge Cálix y Rasel Tomé manifestaron que fueron ellos los primeros en denunciar ante el Ministerio Público (MP) los cheques que fueron entregados a varios diputados por apoyar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
“En enero de 2016 denunciamos que estaban comprando diputados para elegir la nueva CSJ y fuimos al MP a presentar los cheques, en aquel momento se rieron de nosotros”, dijo Cálix.
Óscar Álvarez, diputado nacionalista, dijo que no se debe juzgar de antemano a sus compañeros, sino que se debe seguir el debido proceso.
