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TPS: seis meses más a Honduras y nada a Nicaragua

  • 07 noviembre 2017 /

La solicitud formal de renovar el programa presentado por Honduras y que favorece a 57,000 hondureños fue clave para la prórroga.

Washington, Estados Unidos.

Los esfuerzos diplomáticos y gubernamentales de Honduras rindieron frutos con la extensión de seis meses que el Gobierno de Estados Unidos dio al TPS que vencía originalmente el 5 de enero del próximo año.

Mientras que los más de 5,349 inmigrantes nicaragüenses perderán sus permisos para vivir y trabajar en ese país. Para los más de 57,000 hondureños la decisión ha sido aplazada seis meses por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de EUA, extendiendo el plazo hasta el 5 de julio de 2018.

Los nicaragüenses verán el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) el 5 de enero de 2019, con un retraso de un año para dar una transición ordenada de sus beneficiarios, de manera que puedan solicitar un estatus alternativo o preparar su regreso y reintegración a su país.

LEA: Así fue el comunicado sobre la ampliación del TPS

El Gobierno de EUA no anunció ayer decisiones sobre el TPS para El Salvador, que expira en las próximas semanas.

Puntos claves

En el caso de Honduras, el haber presentado una solicitud formal hizo que el Gobierno de EUA requiera seis meses más para seguir evaluando.

“Esa es parte del trabajo que hemos venido desarrollando desde hace varios meses delegado por el presidente Hernández y hoy estamos viendo los resultados”, dijo Marlon Tábora, embajador de Honduras en Estados Unidos a Diario LA PRENSA.

El diplomático indicó que la extensión permitirá seguir trabajando en la búsqueda de una reforma migratoria integral que permita buscar una decisión definitiva para todos los hondureños acogidos bajo este mecanismo.

La decisión ya no depende del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, sino de su Congreso, lo que obliga a Honduras a redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo.

El comunicado de prensa emitido por el DHS, citando a la secretaria interina Elaine Duke, señala que tanto nicaragüenses como hondureños deberán volver a solicitar documentos de autorización de empleo para trabajar legalmente en EUA hasta el final de los períodos de rescisión o extensión respectivos.

El embajador Tábora aseguró que ahora es una buena oportunidad para ver las opciones de los hondureños amparados, además de identificarlos.

'Una de las debilidades que he identificado como embajador es que no hay información de los amparados bajo el TPS y es una buena oportunidad para ayudarlos''.

Reacciones

El Gobierno de Honduras, por medio de la Cancillería, anunció su beneplácito ante el anuncio del DHS. 'Es necesario hacer hincapié que los tepesianos son personas trabajadoras, con buen comportamiento, por lo que han sido beneficiados con prórrogas por 13 ocasiones', dijo María Dolores Agüero, canciller hondureña.

La funcionaria apuntó que serán seis meses de trabajo arduo para lograr la estabilización de los hondureños.

Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio de Cortés, consideró que el Gobierno de EUA necesita valorar la condición humana de los amparados bajo ese sistema, por su contribución productiva y también los hijos nacidos en ese país.

'Los hondureños son talentosos y trabajadores y los que están en EUA han dado muestra de ello, de retornar a este país, deben considerar también emprender y crear sus propios negocios', agregó.

El Estatuto fue creado por Estados Unidos para Honduras y Nicaragua para ayudar a ambos países luego que fueran azotados por el huracán Mitch en 1998. Otro programa fue otorgado a El Salvador tras sufrir daños por terremotos beneficiando a cerca de 200.000 personas.

Duke anunció el fin del programa para Nicaragua otorgando doce meses que vencen el 12 de enero del 2019 para 'una transición ordenada' para que los nicaragüenses (más de 5.000) regularicen su residencia o regresen a su país 'si es necesario'.

Más de un millón hondureños residen en Estados Unidos, la mayoría ilegalmente, que el año pasado aportaron en remesas 4.000 millones de dólares a su país, equivalente al 18,5% del Producto Interno Bruto (PIB).