San Pedro Sula, Honduras.
El presidio de San Pedro Sula, un complejo moderno en la década de 1950, comenzó a convertirse en una olla de corrupción y en un infierno para los reclusos cuando tomaron fuerza las organizaciones criminales en el país.
En los inicios de los años 1990, este centro penal se trasmutó en el albergue de bandas de secuestradores, robacarros y, a partir de la década de 2000, en hospedaje y centro de operaciones de miembros de las pandillas MS-13, Barrio 18 y narcos.
Al mismo tiempo, esta cárcel dejó de ser un centro de reclusión para ser un escenario de masacres, reyertas y muertes (envueltas en velos de misterio) hasta ahora no esclarecidas.
El origen.
Eliseo Fajardo, jefe del Achivo Histórico Municipal de San Pedro Sula, recuerda que el presidio “era en su tiempo una estructura moderna acorde con las necesidades de la sociedad”.
“El Congreso Nacional aprobó la construcción a petición de los ciudadanos porque había hacinamiento en el Cuartelito, y la ley prohibía tener presos en la fortaleza de Omoa”, recordó.
Hasta la década de 1950, ciudadanos acusados de cometer cualquier delito eran recluidos en una pequeña cárcel en la quinta avenida del barrio El Centro, donde ahora está un edificio de Hondutel.
Después de siete días, luego de que el juez decretara una reclusión, los enviaban al presidio de Santa Bárbara o a la eliminada Penitenciaría Central (PC), cuya construcción la ordenó en 1883 el Gobierno de Marco Aurelio Soto y la concluyó el de Luis Bográn en 1888.
En la costa norte, durante el Gobierno de Tiburcio Carías (1933-1948), las autoridades utilizaron la fortaleza de Omoa como cárcel, pero en la década de 1950 la cerraron. En 1959, en la administración de Ramón Villeda Morales (1957-1963) la declaron patrimonio cultural.
En ese período, en vista de que observaban un incremento en la cantidad de personas que delinquían, el Gobierno decidió instaurar un sistema carcelario departamental.
“Cada departamento tenía un presidio. Los departamentos pequeños compartían presidio. Es por eso que Santa Bárbara tiene el presidio más antiguo de Honduras”, explicó.
Un año después de que Carías dejara el poder, el Congreso Nacional (en 1949) compró el terreno, en barrio Cabañas, para edificar el primer centro penal de la ciudad.
“En ocho años construyeron varios presidios en el país. Sin embargo, en San Pedro Sula había un conflicto. La Municipalidad no participó directamente en este proyecto. El Congreso compró el terreno. Primero hicieron proyecciones para un centro penal pequeño, con capacidad para 230 reclusos; pero, dada la moción de un diputado del Congreso Nacional, dijeron que harían un presidio para 750 presos”, dijo Fajardo.
 El presidio se convirtió en una Sodoma y Gomorra.
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En un terreno de cuatro manzas, de acuerdo con información del Archivo Histórico Municipal, edificaron los primeros cuatro módulos de ladrillo con un patio interior grande, de forma hexagonal, que más tarde desapareció.
“Los constructores decidieron dejar un área de reserva, donde después hubo un campo de fútbol, una zona muerta alrededor que también desaparecieron”, explicó.
La primera etapa de este presidio la concluyeron en 1953. El primer grupo de reos estuvo compuesto por 30 personas que purgaron penas por robos, homicidios, violaciones y otros delitos.
“En ese presidio, los reos recibían buena ventilación y sol porque tenían un gran patio. Había un área de visitas, área para mujeres, enfermería y administración”, destacó.
Como el Gobierno no destinaba suficientes recursos para proveerles una buena alimentación a los reclusos, las autoridades les permitían a los familiares que todos los días les llevaran comida.
“Esa era una de las políticas de la administración del presidio. Permitían que les llevaran comida a los presos. Muchos gozaron de este beneficio por mucho tiempo. Así surgió esa costumbre de introducir alimentos y después se degeneró porque no solo llevaban comida, sino que refrigeradoras”, ejemplificó Fajardo.
En los años siguientes, además de los reos comunes, recluían a individuos por razones políticas, pero estos tenían un paso fugaz.
“En 1963, cuando el golpe de Estado, hubo el primer conato de violencia que lo controlaron de forma eficaz; era el gobierno de Villeda Morales que estaba en el poder”,recordó Fajardo.
En esa década, las mafias comenzaron a formarse en el interior con la complacencia y beneficio del alcaide (llamado ahora jefe del presidio). “Desafortunadamente, el alcaide era un puesto político y comenzaron a permitir las chicleras a cambio de dinero para administradores. La cárcel funcionaba como un mercado; si aumentaban los consumidores, aumentaba la venta de productos, y las ganancias se las repartían”, aclaró el historiador.
En la medida que transcurrieron los años, la cantidad de reos se multiplicó, hasta superar los cuatro mil. Entre esa exhorbitante problación, en la década de 1990, uno de los personajes temidos era Orlando Castellanos, el Magnate (asesinado en 2007), considerado uno de los criminales más peligrosos de la ciudad.
Las autoridades judiciales lo confinaron en el presidio el 20 de febrero de 1995 por homicidio contra Edwin Orlando Gutiérrez y por otros delitos, entre ellos, robo de vehículos. Un par de años después recluyeron a los temidos miembros de la banda Padilla Bustillo, acusados de asesinar en 1997 al hijo del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006). Estos secuestradores, robacarros y asesinos perdieron protagonismo con la llegada de los mareros. Entonces surgió un sistema de gobierno al margen de la ley cuyo poder desapareció a inicios de 2017.
