Tegucigalpa, Honduras.
Traspasaba y donaba bienes y muchas de las propiedades aparecieron a su nombre. En la investigación efectuada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Raquel Tatiana Núñez Paguada (de 37 años) aparecía como la representante de Inversiones y Construcciones Avanty SA, que se constituyó en Panamá en febrero de 2011.
Paguada era la apoderada legal de Juan Ramón Matta Waldurraga y aparece en las investigaciones como parte de la estructura de lavado de activos que este montó, y cuyo caso está registrado en el expediente 355-2015, de la DLCN.
“Desde el 10 de agosto de 2015 se le investigaba por el delito de lavado de activos. Del grupo que se identificó en la estructura, ella era la de más peso, la que le manejaba todo el tema inmobiliario. Facilitó el lavado de dinero con varias propiedades, incluso algunas de ellas están a su nombre. Fue detenida en la operación Terremoto en la colonia Cerro Grande y está con prisión preventiva”, explicó uno de los agentes de la DLCN.
Los socios.
Cuando se ejecutó la operación Terremoto aparecieron como parte de la estructura de lavado que operaba en Honduras Asdrúbal Humberto Mejía Sobalvarro, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Johnny Alexis Galeas, Josué Natanael Borjas Guifarro, Ada Edelmira Borjas Guifarro, Asdrúbal Humberto Mejía Sobalvarro y Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.
De estos, el socio principal de Juan Ramón Matta era Eduardo Rodríguez Bustamante, actualmente prófugo, quien era dueño de la Empresa de Seguridad Lares. Días después se le dio poder general de esa empresa a Raquel Tatiana Núñez.
Esa compañía de Seguridad fue la que participó en varias licitaciones con el Estado en 2012. A Matta lo vinculan con Héctor Emilio Fernández, “Don H”, con quien pactó algunas alianzas en el mundo del narco, pero también tuvo conexiones con los Valle y especialmente con el clan de los Rivera Maradiaga.
Fue Devis Leonel, quien en una de sus declaraciones ante la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York confesó que Juan Ramón Matta Waldurraga era uno de los personajes que participó en una reunión donde se tomó la decisión de asesinar a Julián Arístides González, zar antidrogas.
González fue asesinado en diciembre de 2009 y por su crimen varios narcotraficantes pagaron entre 200,000 y 300,000 dólares a un grupo de policías, dijo el jefe Cachiro.
Había orden de captura.
La operación Terremoto no solo iba tras los bienes adquiridos con dineros ilícitos, sino que buscaba detener a toda la estructura, incluyendo a Matta Waldurraga, pero las autoridades aseguran que una fuga de información evitó que lo arrestaran.
Antes de eso, Matta era buscado y la alerta de su captura se giró a las autoridades, pero la misma no se ejecutó, ante esto salió del país y se mantuvo en Colombia.
“No se encontró cuando fue buscado para capturarlo. Matta mandó emisarios e informó a la Fiscalía del Crimen Organizado que él se presentaría, pero nunca apareció”, dijo el investigador.
Matta Waldurraga sabía que los espacios se le cerraban y las posibilidades de seguir libre eran pocas. En Estados Unidos había una orden de aprehensión en su contra desde agosto de 2014 y en Honduras se le complicó la situación con la orden emitida por lavado de activos. Con ese panorama, no tuvo más opción que negociar su entrega en Panamá.
