Tegucigalpa, Honduras
Mientras diputados de la oposición acusaron a las bancadas mayoritarias de bajar la pena de nueve a seis años de cárcel para el delito de malversación de caudales públicos, la directiva del Congreso Nacional aseguró que más bien se agravaron.
La modificación, según la oposición, fue propuesta por el diputado nacionalista Agapito Rodríguez.
Ayer directivos del Legislativo salieron a refutar los cuestionamientos sobre la rebaja de penas por los delitos de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Las sanciones son incluidas en el artículo 475, 476 y 478 del nuevo Código Penal que está actualmente en proceso de aprobación.
Tomás Zambrano, prosecretario del Legislativo, dijo que “no es cierto que se estén atenuando estas penas, por el contrario se agravan dependiendo de la cuantía de lo malversado”.
Por ejemplo, en el actual Código el delito de malversación de caudales se sancionará con reclusión de dos a cinco años de cárcel, pero se señala un agravante dependiendo del monto de lo malversado que va de 6 a 12 años.
Sin embargo, en la versión que está aprobada, que es la misma que surgió de las consultas, la malversación tiene una pena de prisión de cuatro a seis años. Además hay tres agravantes para este delito en caso que el mismo supere los 100,000 y 500,000 lempiras.
Para el caso, todas estas condenas se agravarán dos tercios cuando estos delitos se cometan dentro de un grupo delictivo organizado o se afecten gravemente los servicios públicos. En este último supuesto se aplicarán penas de más de 15 años de prisión.
“Como se puede apreciar con la moción (aprobada), los delitos de malversación tienen penas más altas que la legislación vigente, por eso no se puede hablar que se han bajado las penas”, dijo Zambrano.
Oposición
La polémica surgió luego que diputados de la oposición acusaron a las otras bancadas de ponerse de acuerdo para reducir las penas.
Según la diputada Doris Gutiérrez, mediante una reconsideración del acta, este martes la directiva sometió a aprobación atenuar las penas por delitos de malversación de caudales y abuso de autoridad de cuatro a seis años de prisión, cuando inicialmente en el pleno se había acordado que esas penas quedarían estipuladas en seis a nueve años de cárcel.
“En los debates iniciales se aumentaron las penas, pero en una jugada de penal y sin que nadie lo esperara las rebajaron y la nota pasó inadvertida porque inmediatamente leyeron el informe de la Comisión del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es increíble”.
“En el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve”, cuestionó el diputado Rasel Tomé.
“En una rectificación del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las penas sin que trascendiera a la prensa”, agregó.
En un comunicado, el Congreso ratificó que en la versión aprobada la malversación tiene una pena de prisión de cuatro a seis años.
| Pérez: “Se readecuaron y actualizaron las penas”
Mario Pérez, secretario del Congreso, ratificó que lo que se hizo fue ajustar las penas por malversación de caudales públicos, tipificado en delito grave y menos grave.
Ejemplificó que las penas serán de cuatro a seis años de cárcel cuando la malversación no pase de 100,000 lempiras, pero arriba de ese monto serán de nueve hasta 12 años. “No se han reducido las penas en los delitos que tienen que ver con la administración pública, lo que ha habido es una adecuación, actualización de las mismas de acuerdo a nuestra realidad”, enfatizó el titular de la comisión de dictamen del nuevo Código Penal, Mario Pérez. En la reconsideración que fue aprobada durante la sesión ordinaria del pasado miércoles se modifican las condenas en seis artículos del nuevo Código Penal. |
