Tegucigalpa, Honduras
Desde 2010, cuando se creó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), han iniciado varios procesos investigativos con el fin de perseguir los delitos de lavado de activos, privación de dominio y financiamiento al terrorismo.
Solo en 2012 se iniciaron 139 procesos por el delito de lavado de activos, se judicializaron 27 casos y se obtuvieron nueve sentencias condenatorias. Estas fueron producto de un proceso abreviado, donde los implicados se declararon culpables.
Para 2013, se comenzaron 55 procesos, se judicializaron 12 y se obtuvieron cinco sentencias condenatorias por causas iniciadas en otros años. En 2014 se iniciaron 13 procesos, se judicializaron cuatro y solo se obtuvo una sentencia condenatoria.
La mayoría de las sentencias condenatorias han estado vinculadas con operaciones de narcotráfico, revela el Informe de Evaluación Mutua realizado a Honduras en 2015, por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Además, producto de esa evaluación, el informe revela que en 2013 recibieron 81 reportes de operaciones sospechosas de lavado, las que generaron 65 expedientes investigativos. Para 2014 se recibieron 70 reportes de operaciones sospechosas, de esas se abrieron 43 expedientes de investigación, 20 se completaron de casos existentes y siete se vinculan a requerimientos de investigación.
El último recuento data de 2015, donde hasta febrero recibieron 31 reportes de operaciones sospechosas que generaron 20 casos de investigación.
Unidades especializadas
Para avanzar en el manejo de delitos de mayor impacto, según la Evaluación Nacional de Riesgos para el Lavado de Activos, las indagaciones deben orientarse en tres categorías: por lavado de activos, por el delito precedente (aquel cuyo producto, dinero o bienes se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito) y por privación de bienes.
Para identificar esas operaciones, los fiscales se apoyan en los trabajos de dos unidades: la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (Opif), integrada por 36 investigadores que trabajan directamente con Fescco; y para las operaciones especiales está la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que, aunque depende de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, apoya la labor fiscal.
Cada proceso conlleva una investigación financiera y patrimonial por parte de la Policía Financiera y de los analistas de la Fescco.
Ambas dependencias, con el apoyo de la inteligencia financiera de la UIF, sirven de prueba judicial de que se puede aportar a cada caso.
Estas unidades integradas por contadores, auditores y abogados están a disposición de los fiscales de la Fescco, que opera a través de la Unidad Antidrogas (cuatro fiscales), Unidad Antisecuestros, Tráfico de Armas, Extorsión y Antiterrorismo (siete fiscales). Además de la unidad Contra el lavado de Activos y Privación de Dominio (nueve fiscales), unidad de Asistencias Judiciales (una abogada y dos analistas) y la unidad de Analistas Financieros (10 analistas).
Para garantizar que la información de la UIF sea de utilidad para el Ministerio Público, se hacen mesas de retroalimentación de trabajo con los fiscales, donde se depura la información.
Tienen contemplado el “Informe de 24 horas”, donde la Fiscalía puede hacer requerimientos a la UIF, en casos emergentes.
