Tegucigalpa, Honduras.
Las cuentas bancarias de cualquier aspirante a un cargo de elección popular que muestren movimientos atípicos y sospechosos serán auditadas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos.
Con ese propósito, los miembros de esta instancia iniciaron los primeros acercamientos con las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para definir los mecanismos mediante los cuales se compartirán información confidencial relacionada con los registros bancarios y datos fiscales de los candidatos.
La Ley de Política Limpia recién aprobada por el Congreso Nacional otorga a esta unidad especial una serie de herramientas fiscalizadoras que incluye facultades de investigación, auditorías, inteligencia financiera y el levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar e identificar a los que reciben aportes ilegales y a los autores de estos delitos graves.
Javier Franco, comisionado de esta instancia fiscalizadora, informó a LA PRENSA que esta semana se reunieron con la titular de la SAR, Mirian Guzmán, la presidenta de la CNBS, Ethel Deras, y con las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a fin de fortalecer la labor de la Unidad con las instituciones obligadas por la ley.
Explicó que la Ley de Política Limpia establece que las cuentas bancarias que tienen que abrir los candidatos y sujetos obligados tienen que ser diferenciadas, es decir, la cuenta pública y la privada.
La primera es la que recibirá los fondos públicos que provienen del pago de la deuda política, y la segunda es la que se alimentará con las aportaciones privadas.
Franco aclaró que las cuentas personales de los candidatos no serán auditadas ni supervisadas como gastos de campaña. “Lo que nosotros vamos a fiscalizar son los gatos de campaña, y dentros de estos están las cuentas que ellos han delegado en la cual se registrarán sus ingresos para gastos de campaña”, precisó.
El funcionario informó que la próxima semana se reunirán con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) para explicarles los alcances de la ley y solicitar su colaboración en el asunto.
“Nuestra principal competencia o facultad es conocer la información que a nivel de cuentas bancarias pueda tener un sujeto obligado en el caso de que haya un indicio de una irregularidad o de una transacción que levante sospechas”, precisó.
Franco dijo que la investigación se hará de oficio o mediante denuncia suficientemente documentada, para lo cual se pedirá apoyo a todas estas instituciones.
Con respecto al tema, la diputada Doris Gutiérrez, miembro de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, consideró que queda muy poco tiempo para efectuar una efectiva fiscalización de los partidos y candidatos en los meses que faltan para las elecciones generales.
“Es muy difícil porque en primer lugar no han pasado el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, creo que en esta reunión que vamos a tener en Lempira vamos a tratar cómo está el presupuesto de esas instituciones”, acotó.
Las cuentas bancarias de cualquier aspirante a un cargo de elección popular que muestren movimientos atípicos y sospechosos serán auditadas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos.
Con ese propósito, los miembros de esta instancia iniciaron los primeros acercamientos con las autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para definir los mecanismos mediante los cuales se compartirán información confidencial relacionada con los registros bancarios y datos fiscales de los candidatos.
La Ley de Política Limpia recién aprobada por el Congreso Nacional otorga a esta unidad especial una serie de herramientas fiscalizadoras que incluye facultades de investigación, auditorías, inteligencia financiera y el levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar e identificar a los que reciben aportes ilegales y a los autores de estos delitos graves.
Javier Franco, comisionado de esta instancia fiscalizadora, informó a LA PRENSA que esta semana se reunieron con la titular de la SAR, Mirian Guzmán, la presidenta de la CNBS, Ethel Deras, y con las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a fin de fortalecer la labor de la Unidad con las instituciones obligadas por la ley.
Explicó que la Ley de Política Limpia establece que las cuentas bancarias que tienen que abrir los candidatos y sujetos obligados tienen que ser diferenciadas, es decir, la cuenta pública y la privada.
La primera es la que recibirá los fondos públicos que provienen del pago de la deuda política, y la segunda es la que se alimentará con las aportaciones privadas.
Franco aclaró que las cuentas personales de los candidatos no serán auditadas ni supervisadas como gastos de campaña. “Lo que nosotros vamos a fiscalizar son los gatos de campaña, y dentros de estos están las cuentas que ellos han delegado en la cual se registrarán sus ingresos para gastos de campaña”, precisó.
El funcionario informó que la próxima semana se reunirán con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) para explicarles los alcances de la ley y solicitar su colaboración en el asunto.
“Nuestra principal competencia o facultad es conocer la información que a nivel de cuentas bancarias pueda tener un sujeto obligado en el caso de que haya un indicio de una irregularidad o de una transacción que levante sospechas”, precisó.
Franco dijo que la investigación se hará de oficio o mediante denuncia suficientemente documentada, para lo cual se pedirá apoyo a todas estas instituciones.
Con respecto al tema, la diputada Doris Gutiérrez, miembro de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, consideró que queda muy poco tiempo para efectuar una efectiva fiscalización de los partidos y candidatos en los meses que faltan para las elecciones generales.
“Es muy difícil porque en primer lugar no han pasado el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, creo que en esta reunión que vamos a tener en Lempira vamos a tratar cómo está el presupuesto de esas instituciones”, acotó.
