Tegucigalpa, Honduras.
Al menos 112 funcionarios asignados en las diferentes regiones departamentales y hospitales del país dependientes de la Secretaría de Salud, incluyendo a varios particulares, son investigados por un megafraude en la compra de material médico-quirúrgico, textil, insumos farmacéuticos y equipos médicos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público, revelando la comisión de diferentes actos irregulares en las compras de insumos farmacéuticos y equipos desde el 2008 a 2015.
Las irregulares transacciones fueron autorizadas por servidores de la Secretaría de Salud (Sesal), mediante el procedimiento de contratación privada a empresas, cuyos socios tenían vínculos de parentesco ascendente y de afinidad entre sí, induciendo de esta forma al favorecimiento de una empresa determinada.
Según la denuncia se trata de 12 empresas investigadas y de esas se identificó a dos grupos de seis sociedades que realizaron ventas sobrevaloradas. Cabe destacar que cada grupo de empresas tenía vinculaciones familiares entre sí, incumpliendo cada una de las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado.
Las adjudicaciones a las seis empresas favorecidas se autorizaron a través de un comité de compras integrado por un director de cada hospital y región departamental, los administradores y los jefes de almacén, entre otros.
El CNA estimó que el valor de las transacciones es al menos 227.6 millones de lempiras, de los cuales hubo un perjuicio económico en contra del Estado de 109.9 millones de lempiras. Entre los hospitales que fueron objeto de investigación se encuentran los de Atlántida, Roatán, Tela, Hospital del Tórax, Mario Mendoza, Puerto Cortés, San Felipe, Santa Bárbara, Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, entre otros.
La responsabilidad penal de estas acciones recae en 112 funcionarios públicos que tenían capacidad para poder contratar en representación del Estado. Se les acusa de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. También se culpa de fraude a cada uno de los representantes de las empresas. Yuri Mora, portavoz del MP, informó que ya se analiza el informe que entregó el CNA.
Al menos 112 funcionarios asignados en las diferentes regiones departamentales y hospitales del país dependientes de la Secretaría de Salud, incluyendo a varios particulares, son investigados por un megafraude en la compra de material médico-quirúrgico, textil, insumos farmacéuticos y equipos médicos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público, revelando la comisión de diferentes actos irregulares en las compras de insumos farmacéuticos y equipos desde el 2008 a 2015.
Las irregulares transacciones fueron autorizadas por servidores de la Secretaría de Salud (Sesal), mediante el procedimiento de contratación privada a empresas, cuyos socios tenían vínculos de parentesco ascendente y de afinidad entre sí, induciendo de esta forma al favorecimiento de una empresa determinada.
Según la denuncia se trata de 12 empresas investigadas y de esas se identificó a dos grupos de seis sociedades que realizaron ventas sobrevaloradas. Cabe destacar que cada grupo de empresas tenía vinculaciones familiares entre sí, incumpliendo cada una de las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado.
Las adjudicaciones a las seis empresas favorecidas se autorizaron a través de un comité de compras integrado por un director de cada hospital y región departamental, los administradores y los jefes de almacén, entre otros.
El CNA estimó que el valor de las transacciones es al menos 227.6 millones de lempiras, de los cuales hubo un perjuicio económico en contra del Estado de 109.9 millones de lempiras. Entre los hospitales que fueron objeto de investigación se encuentran los de Atlántida, Roatán, Tela, Hospital del Tórax, Mario Mendoza, Puerto Cortés, San Felipe, Santa Bárbara, Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, entre otros.
La responsabilidad penal de estas acciones recae en 112 funcionarios públicos que tenían capacidad para poder contratar en representación del Estado. Se les acusa de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. También se culpa de fraude a cada uno de los representantes de las empresas. Yuri Mora, portavoz del MP, informó que ya se analiza el informe que entregó el CNA.
