Tegucigalpa, Honduras.
El mismo patrón irregular que utilizaron en la construcción del campamento habitacional del proyecto hidroeléctrico de Patuca III, en el oriente de Honduras, también fue utilizado en el Valle del Aguán, al norte del país, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Gabriela Castellanos y Odir Fernández, directivos del CNA, llegaron ayer hasta las instalaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción a presentar la formal denuncia que involucra a un exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a dos exdirectores de la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (Ueper), y algunos empleados activos de esta oficina del Estado.
“Hemos presentado un nuevo caso de sobrevaloración de viviendas construidas en otro campamento, esta vez en el Valle del Aguán. También presentamos contratos de limpieza, los que hemos podido constatar, se pagaron doble. Esto se dio en el período de 2010-2014”, manifestó la coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos.
El perjuicio a la administración pública que el CNA ha podido constatar es de 17 millones de lempiras, sobrevaloración que habría estado a cargo de los exfuncionarios de la Enee y la Ueper, según la investigación.
Sobrevaloraciones
“Las mismas empresas que sobrevaloraron el campamento de Patuca, también lo hicieron con este del Valle del Aguán”, reiteró Castellanos sin señalar los nombres de los supuestos involucrados. LA PRENSA informó en septiembre de 2016 la sobrevaloración del proyecto habitacional en Patuca III a cargo del exgerente Roberto Martínez Lozano y de exdirectores de la Ueper. Con el paso de los meses también se desnudó el nombre de las empresas que ejecutaron los proyectos, una sociedad ligada supuestamente al cartel de narcotráfico Los Cachiros, dirigida por los hermanos Rivera Maradiaga, hoy presos en Estados Unidos por tráfico de droga. “El perjuicio económico a la administración pública por las sobrevaloraciones en proyectos de Patuca III fue de más de 100 millones de lempiras. Señalamos que la Enee por medio de un exgerente contrató sumas millonarias con empresas vinculadas a grupos del crimen organizado”, explicó Castellanos.
Por la lejanía del proyecto hidroeléctrico de Patuca, en 2011, se les adjudicó la construcción de un complejo habitacional en el que viven empleados de la Enee. Fue construido por L98.1 millones a cargo de la empresa ligada a Los Cachiros. Meses después se les otorgó un segundo contrato de ampliación por 20.1 millones y un tercero por mantenimiento por L48 millones.
Investigaciones han revelado que el grupo criminal celebró contratos con el Estado tanto en la Enee como en carreteras y minería con el objetivo de lavar dinero producto de sus actividades ilícitas.
El Valle del Aguán
En el catálogo de proyectos hidroeléctricos de la Ueper aún aparece el del Aguán, hasta ahora fallido. No obstante, el complejo habitacional sí se construyó, según el CNA.
El río Aguán es uno de los más caudalosos de la zona y sobre este se construiría el proyecto de energía renovable en el sector de Valle Arriba, cerca del municipio de Arenal en el departamento de Yoro. “En este proyecto es el mismo modus operandi que utilizaron en Patuca, los mismos procesos de participación, las mismas empresas contratadas que están vinculadas con criminalidad organizada y que están procesadas por un gobierno extranjero”, reveló el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández.
Sobre los períodos en que se celebró este proyecto habitacional del Valle del Aguán, Fernández reiteró que el denunciado es un exgerente de la Enee del período 2010-2012; dos exdirectores de la Ueper en el período 2010-2014 y actuales empleados.
“El perjuicio identificado en esta ocasión es de 17 millones de lempiras, pero el contrato inicial fue de 21 millones y en su totalidad de 39 millones. Identificamos un perjuicio al Estado en un 45%. Se pagó este contrato y hay un dato muy relevante; para servicios de mantenimiento y limpieza de 10 viviendas pagaron nueve millones de lempiras, pero la empresa contratada no la hizo y la Enee volvió a contratar otros jornaleros por la misma cantidad”, aseguró Fernández.
Al respecto, el exgerente de la Enee (2010-2012), Roberto Martínez Lozano, volvió a asegurar que no tiene nada que ver con las ampliaciones y que responde solo por el tiempo que fungió en la estatal. “Yo nunca firmé un contrato de mantenimiento, ni de supervisión, ni de vigilancia con nadie, nunca”, dijo. Reconoció que sí firmó el contrato de construcción de viviendas en Patuca y en el Aguán. “Se hicieron legalmente”, concluyó.
El mismo patrón irregular que utilizaron en la construcción del campamento habitacional del proyecto hidroeléctrico de Patuca III, en el oriente de Honduras, también fue utilizado en el Valle del Aguán, al norte del país, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Gabriela Castellanos y Odir Fernández, directivos del CNA, llegaron ayer hasta las instalaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción a presentar la formal denuncia que involucra a un exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a dos exdirectores de la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (Ueper), y algunos empleados activos de esta oficina del Estado.
“Hemos presentado un nuevo caso de sobrevaloración de viviendas construidas en otro campamento, esta vez en el Valle del Aguán. También presentamos contratos de limpieza, los que hemos podido constatar, se pagaron doble. Esto se dio en el período de 2010-2014”, manifestó la coordinadora del CNA, Gabriela Castellanos.
El perjuicio a la administración pública que el CNA ha podido constatar es de 17 millones de lempiras, sobrevaloración que habría estado a cargo de los exfuncionarios de la Enee y la Ueper, según la investigación.
| En marzo salieron a la luz pública detalles del contrato suscrito entre la Enee y la empresa Inversiones Acrópolis, que está ligada a Los Cachiros, según investigaciones.
|
“Las mismas empresas que sobrevaloraron el campamento de Patuca, también lo hicieron con este del Valle del Aguán”, reiteró Castellanos sin señalar los nombres de los supuestos involucrados. LA PRENSA informó en septiembre de 2016 la sobrevaloración del proyecto habitacional en Patuca III a cargo del exgerente Roberto Martínez Lozano y de exdirectores de la Ueper. Con el paso de los meses también se desnudó el nombre de las empresas que ejecutaron los proyectos, una sociedad ligada supuestamente al cartel de narcotráfico Los Cachiros, dirigida por los hermanos Rivera Maradiaga, hoy presos en Estados Unidos por tráfico de droga. “El perjuicio económico a la administración pública por las sobrevaloraciones en proyectos de Patuca III fue de más de 100 millones de lempiras. Señalamos que la Enee por medio de un exgerente contrató sumas millonarias con empresas vinculadas a grupos del crimen organizado”, explicó Castellanos.
| Perjuicio
En septiembre de 2016 LA PRENSA informó en exclusiva la acusación por un millonario fraude que la Enee habría cometido en complejo de Patuca III.
|
Investigaciones han revelado que el grupo criminal celebró contratos con el Estado tanto en la Enee como en carreteras y minería con el objetivo de lavar dinero producto de sus actividades ilícitas.
El Valle del Aguán
En el catálogo de proyectos hidroeléctricos de la Ueper aún aparece el del Aguán, hasta ahora fallido. No obstante, el complejo habitacional sí se construyó, según el CNA.
El río Aguán es uno de los más caudalosos de la zona y sobre este se construiría el proyecto de energía renovable en el sector de Valle Arriba, cerca del municipio de Arenal en el departamento de Yoro. “En este proyecto es el mismo modus operandi que utilizaron en Patuca, los mismos procesos de participación, las mismas empresas contratadas que están vinculadas con criminalidad organizada y que están procesadas por un gobierno extranjero”, reveló el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández.
Sobre los períodos en que se celebró este proyecto habitacional del Valle del Aguán, Fernández reiteró que el denunciado es un exgerente de la Enee del período 2010-2012; dos exdirectores de la Ueper en el período 2010-2014 y actuales empleados.
“El perjuicio identificado en esta ocasión es de 17 millones de lempiras, pero el contrato inicial fue de 21 millones y en su totalidad de 39 millones. Identificamos un perjuicio al Estado en un 45%. Se pagó este contrato y hay un dato muy relevante; para servicios de mantenimiento y limpieza de 10 viviendas pagaron nueve millones de lempiras, pero la empresa contratada no la hizo y la Enee volvió a contratar otros jornaleros por la misma cantidad”, aseguró Fernández.
Al respecto, el exgerente de la Enee (2010-2012), Roberto Martínez Lozano, volvió a asegurar que no tiene nada que ver con las ampliaciones y que responde solo por el tiempo que fungió en la estatal. “Yo nunca firmé un contrato de mantenimiento, ni de supervisión, ni de vigilancia con nadie, nunca”, dijo. Reconoció que sí firmó el contrato de construcción de viviendas en Patuca y en el Aguán. “Se hicieron legalmente”, concluyó.
