Tegucigalpa, Honduras.
Los directivos del Congreso presentaron ayer el decreto de reforma al artículo 335-B que vulnera la libertad de expresión, pese a que el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) exigió el lunes la derogación del mismo.
En ese sentido, el siguiente paso del gremio es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El jefe de la bancada nacionalista Óscar Álvarez introdujo la iniciativa orientada a reformar el artículo, mediante el cual queda claro que no se criminalizará a periodistas o medios de comunicación que informen sobre actos de terroristas.
El artículo ahora establece que quien públicamente hiciera apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitaren a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro años de prisión.
Agrega que “no incurre en el delito contenido en el párrafo anterior quien se limita a transmitir la información aunque ésta por su contenido se refiera al delito de terrorismo”.
Vigilante
Rodolfo Dumas, representante en Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indicó que es procedente el recurso que anunció el CPH.
“Hay que esperar el resultado; esperaríamos que la justicia hondureña actúe conforme a derecho y a los intereses de toda la sociedad porque ese derecho de la libertad de expresión e información no es monopolio de los periodistas, es un universal”.
“Si eso no procede hay que pensar en acudir, en este caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sean ellos quienes tomen las decisiones del caso”, dijo.
Asimismo, reiteró la posición de esta organización en que es necesario derogar el artículo 335-B porque violenta los principios de libertad de expresión.
“El contenido (del artículo) puede ser utilizado de forma arbitraria para castigar a periodistas o medios que difundan información relativa al tema de terrorismo”.
Dumas expresó que hay unanimidad de criterios en las organizaciones que vigilan los derechos humanos en que el artículo 335-B es contrario a los principios de libertad de expresión.
Interponen recurso
Ayer, Juan Ramón Martínez, miembro de la Asociación Libertad y Democracia, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte una noción orientada a derogar el artículo.
“Esperamos que los miembros de la sala expulsen del Código Penal el artículo por violentar el trabajo de los periodistas y el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados con la veracidad debida”, expresó.
Advirtió que en caso de no ser escuchados buscarán otras instancias internacionales para hacer valer el derecho que tiene la población.
Tomás Zambrano, prosecretario del Legislativo, aseguró que con la reforma no habrá ningún riesgo de que un periodista sea acusado como terrorista al momento de transmitir un hecho de esa magnitud.
Sin embargo, como es una modificación al Código Penal debe esperarse la opinión de la Corte.
Los directivos del Congreso presentaron ayer el decreto de reforma al artículo 335-B que vulnera la libertad de expresión, pese a que el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) exigió el lunes la derogación del mismo.
En ese sentido, el siguiente paso del gremio es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El jefe de la bancada nacionalista Óscar Álvarez introdujo la iniciativa orientada a reformar el artículo, mediante el cual queda claro que no se criminalizará a periodistas o medios de comunicación que informen sobre actos de terroristas.
El artículo ahora establece que quien públicamente hiciera apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitaren a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro años de prisión.
Agrega que “no incurre en el delito contenido en el párrafo anterior quien se limita a transmitir la información aunque ésta por su contenido se refiera al delito de terrorismo”.
Vigilante
Rodolfo Dumas, representante en Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indicó que es procedente el recurso que anunció el CPH.
“Hay que esperar el resultado; esperaríamos que la justicia hondureña actúe conforme a derecho y a los intereses de toda la sociedad porque ese derecho de la libertad de expresión e información no es monopolio de los periodistas, es un universal”.
“Si eso no procede hay que pensar en acudir, en este caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sean ellos quienes tomen las decisiones del caso”, dijo.
Asimismo, reiteró la posición de esta organización en que es necesario derogar el artículo 335-B porque violenta los principios de libertad de expresión.
“El contenido (del artículo) puede ser utilizado de forma arbitraria para castigar a periodistas o medios que difundan información relativa al tema de terrorismo”.
Dumas expresó que hay unanimidad de criterios en las organizaciones que vigilan los derechos humanos en que el artículo 335-B es contrario a los principios de libertad de expresión.
Interponen recurso
Ayer, Juan Ramón Martínez, miembro de la Asociación Libertad y Democracia, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte una noción orientada a derogar el artículo.
“Esperamos que los miembros de la sala expulsen del Código Penal el artículo por violentar el trabajo de los periodistas y el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados con la veracidad debida”, expresó.
Advirtió que en caso de no ser escuchados buscarán otras instancias internacionales para hacer valer el derecho que tiene la población.
Tomás Zambrano, prosecretario del Legislativo, aseguró que con la reforma no habrá ningún riesgo de que un periodista sea acusado como terrorista al momento de transmitir un hecho de esa magnitud.
Sin embargo, como es una modificación al Código Penal debe esperarse la opinión de la Corte.
