San Pedro Sula, Honduras.
El presidente del Comité Nacional de la Prevención contra la tortura y otros tratos crueles (Conaprev), Orle Solís, destacó que las reformas del sistema penitenciario están en proceso debido a la reciente creación de la ley, lo que permitirá en breve ver “muchos caminos que señalan el buen camino”.
“Los cambios que se están dando se encaminan a mejorar el sistema penitenciario. Debemos ser realistas partiendo de que el sistema se venía desarrollando de una manera que no respondía a los intereses de la sociedad”, manifestó Solis.
Para el experto en derechos humanos, el hacinamiento en las cárceles ha sido uno de los principales motivos para que el Gobierno haya tomado el problema con seriedad y comience a darle solución.
“Hay que hacerle frente a este problema y es por eso que con los traslados se comenzará a acabar con el hacinamiento en algunos centros penitenciarios.
Además, ya no pueden estar en los cascos urbanos de las ciudades, por lo que no solo el de San Pedro Sula debe de ser clausurado”, especificó el comisionado.
Voluntad política
Para Omar Rivera, depurador de la Policía Nacional y experto en temas de seguridad, el proceso de reforma del sistema penitenciario requiere de decisión al más alto nivel de las autoridades del Estado.
“Requiere de un sostenido esfuerzo en el tiempo y la dotación de los recursos necesarios para convertir nuestras cárceles en algo diferente a las escuelas del crimen en que se convirtieron en los últimos años. Para transformar nuestras prisiones se requiere voluntad política, capacidad técnica y vasto presupuesto”, indicó Rivera, quien destacó la voluntad política del presidente Juan Orlando Hernández y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Si no hay voluntad ni presupuesto, será muy difícil poder recuperar la gobernabilidad en el sistema carcelario. No es de la noche a la mañana y mucho menos de gratis que se logra edificar una moderna infraestructura penitenciaria que permita mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas”, explicó el depurador.
Rivera enfatizó que la decisión de enviar a las cárceles a los principales cabecillas de las maras es pertinente y debe constituirse en el punto de partida para recuperar la gobernabilidad del sistema.
El presidente del Comité Nacional de la Prevención contra la tortura y otros tratos crueles (Conaprev), Orle Solís, destacó que las reformas del sistema penitenciario están en proceso debido a la reciente creación de la ley, lo que permitirá en breve ver “muchos caminos que señalan el buen camino”.
“Los cambios que se están dando se encaminan a mejorar el sistema penitenciario. Debemos ser realistas partiendo de que el sistema se venía desarrollando de una manera que no respondía a los intereses de la sociedad”, manifestó Solis.
| 4
Prisiones modernas
Es la cantidad de centros penales que el Gobierno administrará en los próximos dos años
|
“Hay que hacerle frente a este problema y es por eso que con los traslados se comenzará a acabar con el hacinamiento en algunos centros penitenciarios.
Además, ya no pueden estar en los cascos urbanos de las ciudades, por lo que no solo el de San Pedro Sula debe de ser clausurado”, especificó el comisionado.
Voluntad política
Para Omar Rivera, depurador de la Policía Nacional y experto en temas de seguridad, el proceso de reforma del sistema penitenciario requiere de decisión al más alto nivel de las autoridades del Estado.
“Requiere de un sostenido esfuerzo en el tiempo y la dotación de los recursos necesarios para convertir nuestras cárceles en algo diferente a las escuelas del crimen en que se convirtieron en los últimos años. Para transformar nuestras prisiones se requiere voluntad política, capacidad técnica y vasto presupuesto”, indicó Rivera, quien destacó la voluntad política del presidente Juan Orlando Hernández y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Si no hay voluntad ni presupuesto, será muy difícil poder recuperar la gobernabilidad en el sistema carcelario. No es de la noche a la mañana y mucho menos de gratis que se logra edificar una moderna infraestructura penitenciaria que permita mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas”, explicó el depurador.
Rivera enfatizó que la decisión de enviar a las cárceles a los principales cabecillas de las maras es pertinente y debe constituirse en el punto de partida para recuperar la gobernabilidad del sistema.
