Tegucigalpa, Honduras
Zapatos y uniformes escolares para niños pobres del país que en el comercio regular tenían un valor no mayor de 130 y 150 lempiras se costearon a 240 y 250 lempiras cada uno a través del programa Calzando y uniformando a los niños de Honduras, lo que causó un perjuicio de 6.9 millones de lempiras al Estado.
Estos datos se desprenden del expediente investigativo que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó al Ministerio Público y que involucra a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo y su exsecretario privado Saúl Fernando Escobar Puerto en la supuesta compra sobrevalorada de uniformes.
| 82,882 piezas de uniformes
Se adquirieron a supuestos comerciantes informales de los mercados, pero hay casos en los que las compras de zapatos y uniformes superaron los 200 y 300 mil lempiras.
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Las investigaciones establecen que en dichas adquisiciones no se siguieron los procedimientos administrativos que establece la Ley de Contratación del Estado, con el agravante de que no hubo liquidación de los fondos erogados en su debido tiempo.
Las indagaciones permitieron establecer que el responsable del proyecto, en este caso Saúl Fernando Escobar, firmó contratos con al menos 86 pequeños comerciantes informales de los mercados por un determinado valor y luego ordenaba modificar los precios.
Escobar tenía el aval de la exprimera dama para manejar los 20 millones de lempiras, provenientes de un convenio de cooperación con Canadá, y también negociar directamente con los proveedores.
Según el CNA, a los vendedores se les hacía firmar un documento de dos hojas, en la primera de las cuales se establecían los términos de la compra y los valores convenidos, y en la segunda página se dejaban solamente las firmas de las partes. Una vez formalizada la compra se cambiaba la primera hoja con nuevos precios y se le adjuntaba otro con los costos mucho más altos a los convenidos.
Para el caso, zapatos y uniformes que costaban 130 y 150 lempiras los inflaban a 230, 240 y 250 lempiras; es decir, una diferencia de casi cien lempiras, según los documentos oficiales a los que tuvo acceso LA PRENSA.
Bajo este esquema fraudulento supuestamente se pagó la cantidad de 20,034,810 lempiras a 86 proveedores por la adquisición de 82,882 piezas escolares; pero el precio real no superaba los 13 millones.
Como parte de las indagaciones, el CNA entrevistó a unos 50 proveedores y en sus testimonios todos aseguraron que los valores consignados en los contratos no concordaban con los precios ofertados y convenidos con ellos.
| Inconsistencias detectadas en la investigación
1- No hubo licitaciones ni se siguió ningún otro procedimiento administrativo de compras y adquisiciones públicas, y por consiguiente se violentó La Ley General de Contratación del Estado y otras disposiciones legales.
2- El Codipani, en ese momento dirigido por la entonces ministra de Salud, Roxana Araujo, aprobó a la exprimera dama la suma de L20 millones el mismo día de la solicitud y sin realizar los debidos análisis y sin tomar las correspondientes medidas de control. 3- Saúl Escobar Puerto presentó a la directora del Pani una liquidación con fecha del 24 de enero de 2014, pero que en el sello al pie de página consta como recibido el 31 de marzo de 2016 a las 8:30 de la mañana; es decir, casi 2 años después |
