Tegucigalpa, Honduras.
Los primeros tres abogados de la Policía Nacional, investigados por supuestos cobros ilegales a agentes y oficiales depurados y en procesos disciplinarios, rindieron su declaración ante la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), dependencia del Ministerio Público.
Junto con los profesionales del derecho también llamaron a declarar a un policía y un empleado administrativo, mencionados en un informe de la Inspectoría General de la Policía.
La semana pasada, LA PRENSA sacó a luz los cobros ilegales que un grupo de asesores jurídicos que laboraban para las direcciones de Recursos Humanos y Asesoría Legal hacían a policías que habían sido separados de la institución por diferentes delitos, faltas graves o por haber reprobado las pruebas de confianza.
De acuerdo con las indagaciones, estos profesionales cobraban entre 5,000 y 50,000 lempiras por borrar o limpiar los expedientes y antecedentes criminales de los uniformados y reintegrarlos a otras dependencias de la institución policial con sus hojas de servicio limpias.
La investigación pudo constatar que también cobraban honorarios ilegales a los policías que entablaban demandas contra la Secretaría de Seguridad para favorecerlos en juicio y que pudiesen cobrar millonarias indemnizaciones.
Esta semana, la Comisión de Depuración revisará los informes de rendición de cuentas de todos los abogados de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para proceder a diseñar una nueva Dirección de Asesoría Legal que sustituirá a las diferentes unidades legales.
Los primeros tres abogados de la Policía Nacional, investigados por supuestos cobros ilegales a agentes y oficiales depurados y en procesos disciplinarios, rindieron su declaración ante la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), dependencia del Ministerio Público.
Junto con los profesionales del derecho también llamaron a declarar a un policía y un empleado administrativo, mencionados en un informe de la Inspectoría General de la Policía.
La semana pasada, LA PRENSA sacó a luz los cobros ilegales que un grupo de asesores jurídicos que laboraban para las direcciones de Recursos Humanos y Asesoría Legal hacían a policías que habían sido separados de la institución por diferentes delitos, faltas graves o por haber reprobado las pruebas de confianza.
De acuerdo con las indagaciones, estos profesionales cobraban entre 5,000 y 50,000 lempiras por borrar o limpiar los expedientes y antecedentes criminales de los uniformados y reintegrarlos a otras dependencias de la institución policial con sus hojas de servicio limpias.
La investigación pudo constatar que también cobraban honorarios ilegales a los policías que entablaban demandas contra la Secretaría de Seguridad para favorecerlos en juicio y que pudiesen cobrar millonarias indemnizaciones.
Esta semana, la Comisión de Depuración revisará los informes de rendición de cuentas de todos los abogados de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para proceder a diseñar una nueva Dirección de Asesoría Legal que sustituirá a las diferentes unidades legales.
