San Pedro Sula, Honduras.
De bendición no tiene nada, solo el nombre; la pulpería está clausurada. Los dueños decidieron cerrarla y hacer maletas de la noche a la mañana porque los mareros no los dejaban en paz. Todas las semanas les vaciaban los bolsillos con la extorsión.
Pulpería Mi Bendición es uno de los tantos negocios pequeños de la colonia Las Palmiras de Chamelecón que quebraron a causa de la extorsión y por culpa de la violencia desatada entre la MS-13 y 18, las que comenzaron a disputarse el control de la zona en 2013.
Entre ese año y 2015, no solo los dueños de ese negocio se marcharon, pues más de un centenar de familias que residían en un área de 10 cuadras a la redonda se mudaron y dejaron sus viviendas a merced de los pandilleros, quienes, con armas de alto poder (como AK-47), impusieron un seudogobierno de terror.
En el primer trimestre de 2014, algunos ciudadanos, animados y confiando en la llegada de la Policía Militar (PM), volvieron a Las Palmiras; otros no regresaron y ahora sus casas se encuentran en ruinas: no tienen puertas, techo, cielo raso, lavabos y servicios sanitarios.
Unas 30 casas están abandonadas y se hallan destruidas en gran parte. El terror continúa marcando el ritmo de vida de las personas que se quedaron y de las que regresaron. Todas se acuestan temprano y no salen por las noches.
En octubre de 2016, el panorama sigue siendo desolador. En la última década, más de 200,000 hondureños han tenido que dejar sus hogares para huir de los extorsionadores. El 90% de ellos, de origen humilde y en colonias dominadas por las maras.
Por ahora, los enfrentamientos entre las dos maras han cesado.
El control de Las Palmiras lo tiene la MS-13 y “por ese motivo no hay tantos muertos”, manifestó un policía preventivo que patrulla el sector.
De bendición no tiene nada, solo el nombre; la pulpería está clausurada. Los dueños decidieron cerrarla y hacer maletas de la noche a la mañana porque los mareros no los dejaban en paz. Todas las semanas les vaciaban los bolsillos con la extorsión.
Pulpería Mi Bendición es uno de los tantos negocios pequeños de la colonia Las Palmiras de Chamelecón que quebraron a causa de la extorsión y por culpa de la violencia desatada entre la MS-13 y 18, las que comenzaron a disputarse el control de la zona en 2013.
Entre ese año y 2015, no solo los dueños de ese negocio se marcharon, pues más de un centenar de familias que residían en un área de 10 cuadras a la redonda se mudaron y dejaron sus viviendas a merced de los pandilleros, quienes, con armas de alto poder (como AK-47), impusieron un seudogobierno de terror.
En el primer trimestre de 2014, algunos ciudadanos, animados y confiando en la llegada de la Policía Militar (PM), volvieron a Las Palmiras; otros no regresaron y ahora sus casas se encuentran en ruinas: no tienen puertas, techo, cielo raso, lavabos y servicios sanitarios.
 Después de tres años, estas y otras casas (siguiente foto) aún siguen abandonadas en la colonia Las Palmiras de Chamelecón.
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En octubre de 2016, el panorama sigue siendo desolador. En la última década, más de 200,000 hondureños han tenido que dejar sus hogares para huir de los extorsionadores. El 90% de ellos, de origen humilde y en colonias dominadas por las maras.
Por ahora, los enfrentamientos entre las dos maras han cesado.
El control de Las Palmiras lo tiene la MS-13 y “por ese motivo no hay tantos muertos”, manifestó un policía preventivo que patrulla el sector.
En Las Palmiras y otras colonias de Chamelecón, la MS-13 está integrada por hombres y mujeres de todas las edades. Cada quien tiene un trabajo diferente para evitar que la mara contraria vuelva a penetrar o para esquivar a las autoridades cuando tratan de capturar a los líderes o miembros claves.
“Aquí estamos tranquilas, no pasa nada malo, solo hay que saber vivir”, dijo de manera escueta una mujer que habita en una cuartería al ser consultada sobre si en esa zona siguen extorsionando a los comerciantes y residentes.
Como en todas las zonas controladas por maras y sometidas por la extorsión en Guatemala, El Salvador y Honduras, aquí las víctimas prefieren guardar silencio cuando son consultadas por periodistas porque después deben rendirle un informe a los pandilleros.
A más de 10 kilómetros de Las Palmiras, en la colonia Reparto Lempira, sector Satélite, el escenario es similar: más de 30 casas se encuentran desocupadas.
Algunas tienen en sus paredes pintado el rótulo de “se vende”, pero ninguna persona se atreve a comprarlas.
 A la Reparto Lempira, algunas familias han retornado porque la Policía Militar (PM) mantiene un destacamento en la “frontera” de la MS-13 y la 18.
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En el momento de la crisis, la Policía Militar (PM) asignó un destacamento en una de las viviendas afectadas para neutralizar a la mara 18 y evitar un éxodo de mayores proporciones.
“Cuando nosotros llegamos, la situación era crítica; hemos bajado el índice de violencia. Esto había quedado vacío”, manifestó Carlos Peña Batres, jefe del destacamento de la PM.
En su afán expansionista, la calle que divide las dos colonias era disputada por las dos maras.
Actualmente, la MS-13 controla la Reparto Lempira y colonias aledañas, y la 18 opera en la zona de Ciudad Nueva, donde algunos comerciantes logran seguir trabajando porque cumplen con el pago de extorsión.
“Nosotros no queremos que se vaya la Policía Militar de aquí. Si se van los policías, volverá esa peste y volverá la extorsión y la violencia”, expresó una mujer que regresó a su casa después de dos meses de haber sido desplazada.
Cifras
El Reporte global sobre desplazamiento interno 2016, publicado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) -con sede en Suiza- y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), estiman que en los últimos 10 años unos 174,000 hondureños tuvieron que abandonar sus casas a causa de la violencia asociada a las pandillas y carteles de narcotraficantes.
Las cifras citadas por esas organizaciones se desprenden de una investigación realizada durante seis meses en 20 municipios de Honduras por la organización jesuita Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, coordinador de Eric, en una entrevista telefónica explicó que esos desplazamientos tienen tres causas: las inversiones extractivas (zona rural), la extorsión y la violencia (zona urbana).
“El desplazamiento es forzado, tiene rasgos de ser violento. Las extorsiones han obligado a muchas familias a dejar sus casas para trasladarse a otros barrios, a otras ciudades o a otros países”, explicó Moreno a LA PRENSA.
“Las familias también han cerrado pulperías y otros negocios por la extorsión”.
Según Moreno (premio noruego Rafto 2015), “muchos jóvenes han cambiado de ciudad o de país porque no han querido formar parte de las maras que los querían obligar a integrarse”.
