En medio de la preparación para el juicio programado para el próximo 5 de febrero de 2024, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha solicitado la asignación de un abogado público para reforzar su defensa.
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”JOH”, como es popularmente conocido, alega la falta de recursos económicos para costear abogados privados.
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Su esposa, Ana García de Hernández, confirmó la “difícil situación financiera” en una entrevista con el periodista Darío Banegas.
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Cuando se le cuestionó sobre la veracidad de la falta de fondos, García admitió: “Es real esto que no tienen dinero para pagar un abogado y por ello han solicitado un abogado de la defensa pública”.
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La limitación de recursos económicos se agrava por la incautación de propiedades y bienes que la pareja experimentó. García explicó, “Acuérdese que a nosotros nos incautaron nuestras propiedades, incautaron lo que teníamos, esa es nuestra realidad.”
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Ante la crítica situación financiera, Hernández ha dirigido una solicitud al juez Kevin Castel, encargado de su caso, para el nombramiento de un abogado de la defensa pública con el objetivo de fortalecer su equipo legal.
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Además, solicitó un aplazamiento de siete semanas, argumentando que este tiempo adicional es esencial para que su defensa se prepare adecuadamente.
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En respuesta a la petición de Hernández, la corte ha denegado el aplazamiento, sosteniendo que el juicio, vinculado a tres cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, continúa programado para el 5 de febrero.
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Será enjuiciado con Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía de Honduras, su primo Mauricio Hernández.
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JOH podría ser condenado a cadena perpetua, al igual que su hermano Juan Antonio Hernández.