A la hora de elegir entre su propia gente y Wall Street, el gobierno socialista de Venezuela ha optado por lo segundo, al menos en lo que se refiere al pago de la deuda.
El país sudamericano les paga a los tenedores de bonos de manera religiosa. Sin embargo, el gobierno les debe unos US$50.000 millones a empresas privadas que proveen servicios a la economía.
Se trata de contratistas petroleros, aerolíneas, supermercados y muchas otras compañías que necesitan dólares para importar desde harina hasta papel higiénico. Los retrasos en los pagos en moneda extranjera al sector privado coinciden con una intensificación de los controles cambiarios que el gobierno adoptó hace más de una década.
Las medidas fueron implementadas por el entonces presidente Hugo Chávez en un intento por contener una creciente demanda de la moneda estadounidense en una economía que depende de las importaciones. El resultado
fue una escasez generalizada de productos básicos.
La situación es irónica para un gobierno que se ha habituado a despotricar contra el capitalismo, primero bajo la batuta del fallecido Chávez y ahora por parte de su sucesor, Nicolás Maduro.
“No les han pagado a las empresas privadas porque sienten que el costo de no hacerlo es manejable, pero han seguido pagando los bonos”, dice Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, quien califica la maniobra como una cesación de pagos selectiva. “La gente sufre las consecuencias de la escasez”, agrega.
Los fondos de renta fija que invierten en el país obtienen los rendimientos más altos disponibles en el Índice Global de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan, incluso mayores que los que ofrecen Argentina y Ecuador,
que se han declarado en cesación de pagos en algún momento de su historia, algo que Venezuela nunca ha hecho.
Los bonos venezolanos del índice rinden en promedio más de 16%, frente a menos de 11% en el caso de los de Ucrania. “Durante mucho tiempo, la gente consideró a Venezuela como un activo exento de riesgo donde podían invertir su dinero y obtener un buen retorno”, señala Casey Reckman, analista de Credit Suisse.
Cualquier cese de pagos de sus más de US$60.000 millones en bonos transformaría al país en un paria internacional, cerrando su acceso al financiamiento que necesita para gestionar su sector petrolero, que aporta 96% de las ganancias en moneda dura del país.
De modo que los tenedores de bonos reciben sus pagos, pero las empresas en Venezuela no. La cuenta pendiente del gobierno con las compañías del sector privado incluye los US$14.000 millones que les adeuda a socios y contratistas de la industria petrolera; los US$9.000 millones que les debe a importadores y los más de US$4.000 millones que no les ha pagado a empresas de servicios como aerolíneas, según los cálculos de Ecoanalítica.
A ello hay que sumar más de US$10.000 millones en ganancias que las empresas extranjeras han querido
convertir de bolívares a dólares pero no han podido hacerlo desde 2008. Las deudas del Estado con las empresas se han multiplicado por siete desde 2008. Las fábricas han acusado el golpe.
El ensamblaje de automóviles, por ejemplo, cayó casi 85% en enero frente al mismo mes de 2013, según el organismo que representa a las fábricas de autos en Venezuela. La subsidiaria de Toyota Motor Corp. informó recientemente que a partir del jueves cerraría temporalmente sus operaciones en el país debido a las dificultades para obtener partes.
La noticia del cierre llevó a Maduro a acusar a la automotriz japonesa de tener “intereses políticos” durante un discurso pronunciado la semana pasada. “Su único plan, a veces, de algunos de estos gerenticos es dólares,
dólares y más dólares”, sentenció. No fue posible contactar a representantes de Toyota en Venezuela para que comenten al respecto. Los grandes perdedores, dicen los economistas, son los venezolanos comunes y corrientes que recorren la ciudad en busca de artículos como pollo y leche de fórmula en una economía donde es imposible encontrar uno de cada cuatro productos en las estanterías de las tiendas porque el gobierno no ha provisto los dólares necesarios.
Antonio González, que compra artículos al por mayor para una panadería de Caracas, cuenta que ha visto peleas entre los clientes en comercios por artículos escasos como la harina, la mantequilla y el azúcar. González conduce un
vehículo por la capital venezolana en busca de cualquier ingrediente que pueda encontrar.
En la parte oriental de Caracas, Wilmer Sánchez, quien administra un taller mecánico, dice que no tuvo más remedio que devolverle a su dueño un Toyota Corona después de que pasara un año en su estacionamiento a la espera de un repuesto que nunca llegó. “Si no puedes conseguir los repuestos, ¿qué se puede hacer?”, se queja.
A pesar del alto precio del petróleo, el gobierno venezolano ha estado gastando grandes sumas de dinero y se estima que el año pasado perdió casi US$20.000 millones en moneda dura a raíz de fraude y corrupción en la agencia central de divisas. En muchos casos, los dólares son adquiridos por empresas de fachada a la tasa oficial de 6,3 bolívares por dólar y luego vendidos en el mercado negro, donde pueden obtener 12 veces más en
moneda local.
El vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, reveló planes para reducir en US$3.000 millones la cantidad de dólares subsidiados que el gobierno hará disponibles para los venezolanos que viajen al exterior este año. El gobierno, dijo el funcionario, necesitaba decidir entre financiar los viajes al extranjero o las importaciones
de alimentos y medicamentos.
Ramírez añadió que hay que renegociar las deudas con las empresas privadas y no ofreció ninguna garantía de que recibirán todo lo que se les adeuda. También buscó tranquilizar a los tenedores de bonos al decir que “nuestro país no ha dejado de cumplir, ni dejará de cumplir, ningún compromiso en lo que respecta a su deuda externa”.
Miguel Octavio, quien gestiona unos US$500 millones en activos en BBO Financial en Caracas, dice que dejó de invertir en los bonos del país desde que Maduro asumió el mando. “Podía ver que iba a haber más control del
Estado, más de las mismas políticas”, explica.
