Washington, Estados Unidos.
El coqueteo de Argentina con otra cesación de pagos, al margen del desenlace final de una larga batalla con acreedores que no aceptaron reestructurar sus tenencias de bonos, puso en marcha varios niveles de alarma sobre las consecuencias que situaciones similares podrían tener para otros países endeudados.
El Fondo Monetario Internacional, entre otros, advierte que las sentencias judiciales que forzaron la mano del gobierno argentino podrían poner en peligro futuras reestructuraciones de deuda. El caso, dicen, ya está llevando a los emisores de bonos a reescribir sus contratos para asegurarse de que un pequeño grupo de acreedores no pueda tener de rehén las emisiones de bonos.
Otros observadores sostienen que los temores son exagerados.
Standard & Poor’s rebajó el miércoles por la tarde la calificación de crédito de la deuda argentina en moneda extranjera a un default selectivo. La decisión tuvo lugar incluso antes de que funcionarios de ese país y los fondos de cobertura concluyeran sus negociaciones sin alcanzar un acuerdo de último minuto para evitar la cesación de pagos, al final del período de gracia para que Argentina realizara un pago de intereses sobre bonos reestructurados.
La Justicia estadounidense le prohibió al país realizar pagos sobre cualquiera de sus bonos reestructurados si no les paga también a los acreedores que entablaron juicios para recibir toda la deuda que incumplió en 2001, conocidos como holdouts.
Christine Lagarde, directora gerente del FMI, afirmó el martes que una cesación de pagos de Argentina probablemente no sacudiría los mercados regionales ni los internacionales. De mucha mayor importancia, sostuvo, son los fallos de una corte de Nueva York que exigen que Argentina elija entre pagarles a los holdouts o caer en default.
El FMI y algunos expertos en bonos afirman que el caso sienta un precedente que les da a los holdouts un poder desproporcionado sobre países que tienen problemas para pagar sus deudas.
Luego de que Argentina incumplió sus obligaciones en diciembre de 2001, el país logró reestructurar 93% de esa deuda a través de canjes de bonos con fuertes descuentos en 2005 y 2010. No obstante, un pequeño grupo de inversionistas se negó a canjear sus bonos y desde entonces han buscado recuperar todo su dinero.
Las decisiones de la corte podrían socavar la predisposición de los inversionistas a participar en reestructuraciones de deuda soberana en todo el mundo, advierte el FMI, incluso si ese tipo de reducciones de deuda de emergencia son necesarias para impedir el colapso de economías enteras.
Algunos países están modificando los contratos de ofertas de bonos para impedir que los acreedores que no acepten reestructuraciones de deuda puedan tener el tipo de influencia que se observa en el caso argentino. En la venta de bonos de Costa de Marfil la semana pasado, el gobierno quitó algunas provisiones favorables a los bonistas como la llamada “cláusula de compromiso con los acreedores”, según la cual se comprometía a negociar con los acreedores en caso de un default.
Los acreedores afirman que en casi todas las emisiones de deuda de países latinoamericanos en los últimos 18 meses se modificaron las estipulaciones del contrato que les daban más influencia a los holdouts.
Si un país no logra reestructurar su deuda porque una minoría de acreedores quiere esperar un acuerdo mejor, eso podría exacerbar una crisis económica, temen algunos economistas. Más allá de potencialmente forzar un colapso económico, la situación también obligaría a ajustes presupuestarios más severos y pronunciados por parte de los gobiernos, medidas que tendrían amplias implicaciones sociales, políticas y económicas por más de una generación.
Varias organizaciones de derechos humanos, alivio de deuda y otras entidades no gubernamentales como la Red Europea de Deuda y Desarrollo advirtieron el martes en una carta abierta que el caso de Argentina podría afectar muchos reclamos similares existentes contra países sumamente endeudados. “No debe verse como un caso aislado, sino la expresión de un problema global que impacta la implementación efectiva de los derechos humanos”, sostuvo la carta.
Otros son escépticos. A.J. Mediratta, copresidente de Greylock Capital Management LLC, cuya firma ha estado involucrada en más de 40 reestructuraciones de deuda, afirmó que los inversionistas aún tienen algunos incentivos para esperar un mejor acuerdo debido al tiempo y los honorarios legales que demanda el proceso.
Hung Tran, director gerente ejecutivo del Instituto Internacional de Finanzas, sostuvo que el caso de Argentina fue una sentencia única desde el punto de vista legal que no sentaría precedente. Señaló otro caso en el cual el Banco de Importaciones y Exportaciones de Taiwán trató de usar la sentencia de Argentina como influencia legal en su propio intento por cobrar bonos adeudados de Granada. La corte estadounidense, explicó, dictaminó que el caso de Argentina estaba hecho a medida de ese país y que no era aplicable a otros casos.
La organización de Tran, que representa a casi 500 de las mayores instituciones financieras privadas del mundo, trabaja con la Asociación internacional del Mercado de Capitales para redactar nuevos contratos de bonos soberanos diseñados para asegurar que los holdouts no puedan bloquear acuerdos de reestructuración a los que adhieran una mayoría de los bonistas.
Hasta ahora, los problemas de deuda de Argentina no parecen haber elevado los costos de endeudamiento de otros países en desarrollo. El 17 de junio, el día después de que la Corte Suprema de EE.UU. decidió no considerar una apelación argentina, Ecuador vendió US$2.000 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 7,95%, en línea con tasas anteriores. El regreso de Ecuador a los mercados sorprendió a muchos analistas ya que el país había incumplido sus obligaciones varias veces, la más reciente en 2008.
Kenia, Senegal y Costa de Marfil también emitieron deuda soberana recientemente con términos que según los inversionistas favorecían a los países.
El coqueteo de Argentina con otra cesación de pagos, al margen del desenlace final de una larga batalla con acreedores que no aceptaron reestructurar sus tenencias de bonos, puso en marcha varios niveles de alarma sobre las consecuencias que situaciones similares podrían tener para otros países endeudados.
El Fondo Monetario Internacional, entre otros, advierte que las sentencias judiciales que forzaron la mano del gobierno argentino podrían poner en peligro futuras reestructuraciones de deuda. El caso, dicen, ya está llevando a los emisores de bonos a reescribir sus contratos para asegurarse de que un pequeño grupo de acreedores no pueda tener de rehén las emisiones de bonos.
Otros observadores sostienen que los temores son exagerados.
Standard & Poor’s rebajó el miércoles por la tarde la calificación de crédito de la deuda argentina en moneda extranjera a un default selectivo. La decisión tuvo lugar incluso antes de que funcionarios de ese país y los fondos de cobertura concluyeran sus negociaciones sin alcanzar un acuerdo de último minuto para evitar la cesación de pagos, al final del período de gracia para que Argentina realizara un pago de intereses sobre bonos reestructurados.
La Justicia estadounidense le prohibió al país realizar pagos sobre cualquiera de sus bonos reestructurados si no les paga también a los acreedores que entablaron juicios para recibir toda la deuda que incumplió en 2001, conocidos como holdouts.
Christine Lagarde, directora gerente del FMI, afirmó el martes que una cesación de pagos de Argentina probablemente no sacudiría los mercados regionales ni los internacionales. De mucha mayor importancia, sostuvo, son los fallos de una corte de Nueva York que exigen que Argentina elija entre pagarles a los holdouts o caer en default.
El FMI y algunos expertos en bonos afirman que el caso sienta un precedente que les da a los holdouts un poder desproporcionado sobre países que tienen problemas para pagar sus deudas.
Luego de que Argentina incumplió sus obligaciones en diciembre de 2001, el país logró reestructurar 93% de esa deuda a través de canjes de bonos con fuertes descuentos en 2005 y 2010. No obstante, un pequeño grupo de inversionistas se negó a canjear sus bonos y desde entonces han buscado recuperar todo su dinero.
Las decisiones de la corte podrían socavar la predisposición de los inversionistas a participar en reestructuraciones de deuda soberana en todo el mundo, advierte el FMI, incluso si ese tipo de reducciones de deuda de emergencia son necesarias para impedir el colapso de economías enteras.
Algunos países están modificando los contratos de ofertas de bonos para impedir que los acreedores que no acepten reestructuraciones de deuda puedan tener el tipo de influencia que se observa en el caso argentino. En la venta de bonos de Costa de Marfil la semana pasado, el gobierno quitó algunas provisiones favorables a los bonistas como la llamada “cláusula de compromiso con los acreedores”, según la cual se comprometía a negociar con los acreedores en caso de un default.
Los acreedores afirman que en casi todas las emisiones de deuda de países latinoamericanos en los últimos 18 meses se modificaron las estipulaciones del contrato que les daban más influencia a los holdouts.
Si un país no logra reestructurar su deuda porque una minoría de acreedores quiere esperar un acuerdo mejor, eso podría exacerbar una crisis económica, temen algunos economistas. Más allá de potencialmente forzar un colapso económico, la situación también obligaría a ajustes presupuestarios más severos y pronunciados por parte de los gobiernos, medidas que tendrían amplias implicaciones sociales, políticas y económicas por más de una generación.
Varias organizaciones de derechos humanos, alivio de deuda y otras entidades no gubernamentales como la Red Europea de Deuda y Desarrollo advirtieron el martes en una carta abierta que el caso de Argentina podría afectar muchos reclamos similares existentes contra países sumamente endeudados. “No debe verse como un caso aislado, sino la expresión de un problema global que impacta la implementación efectiva de los derechos humanos”, sostuvo la carta.
Otros son escépticos. A.J. Mediratta, copresidente de Greylock Capital Management LLC, cuya firma ha estado involucrada en más de 40 reestructuraciones de deuda, afirmó que los inversionistas aún tienen algunos incentivos para esperar un mejor acuerdo debido al tiempo y los honorarios legales que demanda el proceso.
Hung Tran, director gerente ejecutivo del Instituto Internacional de Finanzas, sostuvo que el caso de Argentina fue una sentencia única desde el punto de vista legal que no sentaría precedente. Señaló otro caso en el cual el Banco de Importaciones y Exportaciones de Taiwán trató de usar la sentencia de Argentina como influencia legal en su propio intento por cobrar bonos adeudados de Granada. La corte estadounidense, explicó, dictaminó que el caso de Argentina estaba hecho a medida de ese país y que no era aplicable a otros casos.
La organización de Tran, que representa a casi 500 de las mayores instituciones financieras privadas del mundo, trabaja con la Asociación internacional del Mercado de Capitales para redactar nuevos contratos de bonos soberanos diseñados para asegurar que los holdouts no puedan bloquear acuerdos de reestructuración a los que adhieran una mayoría de los bonistas.
Hasta ahora, los problemas de deuda de Argentina no parecen haber elevado los costos de endeudamiento de otros países en desarrollo. El 17 de junio, el día después de que la Corte Suprema de EE.UU. decidió no considerar una apelación argentina, Ecuador vendió US$2.000 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 7,95%, en línea con tasas anteriores. El regreso de Ecuador a los mercados sorprendió a muchos analistas ya que el país había incumplido sus obligaciones varias veces, la más reciente en 2008.
Kenia, Senegal y Costa de Marfil también emitieron deuda soberana recientemente con términos que según los inversionistas favorecían a los países.
