Tegucigalpa, Honduras.
La contratación de préstamos externos del Gobierno en los últimos años cobra mayor atención en diversos sectores de la sociedad, sobre todo después del anuncio de las autoridades para una posible colocación de un bono soberano por $1,000 millones en el año 2015.
El tema cobró protagonismo desde el año pasado, cuando la administración del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa autorizó la colocación de mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional, los que fueron vendidos a elevadas tasas de interés.
Las tasas de interés que se cancelaron en las dos operaciones fueron de 8.75% y 7.50%, las más altas que paga un país centroamericano por la venta de esos títulos valores en el mercado internacional.
Lo anterior tuvo un fuerte impacto en los niveles de contratación de deuda externa de 2013, al contabilizarse $2,292.3 millones, superior que los $398.5 millones del año anterior, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Finanzas.
Esa cantidad superó el techo de deuda externa fijado por el Comité de Crédito Público de Honduras, que oscilaba entre $835 millones y $1,085 millones, que incluía entre $500 millones y $750 millones del bono soberano, el que después fue ampliado a $1,000 millones.
Además, el saldo de la deuda pública se disparó al pasar de $3,549.4 millones a $5,056.1 millones en el período 2012-2013, como resultado de los desembolsos recibidos, los que sumaron $1,597.6 millones el año pasado.
La historia se repite
De nuevo Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, funcionario que en su gestión tiene el récord histórico de haber contratado los mayores montos de deuda externa e interna de la administración pública de Honduras, ha anunciado la posibilidad de colocar $1,000 millones.
Ese nuevo endeudamiento externo estaría siendo estructurado el próximo año, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, y sería para reconvertir la deuda interna (L58,203.3 millones), de la que el 80% vence en los próximos cuatro años.
El anuncio ha encendido las alarmas en sectores empresariales y académicos, quienes coinciden en que la masiva contratación de préstamos externos coloca a Honduras en una situación de insostenibilidad de la deuda pública y en problemas de pago en el mediano y largo plazo. No obstante, a Cerrato parece no preocuparle las advertencias de organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), institución que cuestiona la metodología gubernamental para calcular la deuda pública sobre el producto interno bruto.
A 2013, el saldo de la deuda pública ($7,881.9 millones) sobre el PIB (L386,706 millones) era de 43%, de acuerdo con un informe del Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas. “El saldo de la deuda pública ha mostrado una tendencia al alza desde 2008. En términos de deuda externa se observa en 2008 un saldo de $2,194.71 millones, pasando a $5,215 millones al finalizar 2013, lo cual se explica primordialmente a niveles históricamente bajos en 2008 debido a la reciente condonación de deuda y un incremento más pronunciado en 2013 dada la emisión del bono global”, revela un informe oficial.
Los techos
El Gobierno hondureño prepara cada año su política de endeudamiento público, donde se plantean las necesidades que tienen la administración central y las instituciones descentralizadas para cumplir con sus compromisos financieros.
No obstante, uno de los señalamientos de varias organizaciones nacionales y regionales es la falta de cumplimiento de los parámetros establecidos. Un ejemplo de lo anterior es que durante 2013 se estableció un techo de deuda pública externa que oscilaba entre $835 millones y $1,085 millones.
Sin embargo, al cierre del año, la cantidad contratada fue de $2,292.3 millones. Con los organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y BCIE) se contrataron $715.5 millones, mientras que con los acreedores bilaterales (ICBC, Citi, Unicredit Bank de Austria, Exim Kank de Corea, KWF y BNDES) se firmaron $577.8 millones. Los restantes $1,000 millones corresponden al bono soberano colocado por el banco New York Mellon.
Para este año se ha establecido un techo de $400 millones en deuda externa, que no incluye $220 millones para apoyo presupuestario, los que están sujetos a contratarse únicamente bajo condiciones altamente concesionales. Los requerimientos de financiamiento de la administración pública para el presente ejercicio fiscal suman L35,684 millones, los que deben ser gestionados en fuentes internas y externas. Esa necesidad de recursos se desprende de un déficit fiscal de L19,316 millones, amortización de L14,392 millones y un alivio de L1,976 millones.
Ante el creciente endeudamiento externo, el Gobierno hondureño ha considerado oportuno adoptar algunas medidas para evitar caer en una situación de insostenibilidad o de pago. Entre las consideraciones destaca que los nuevos créditos externos deberán tomar en consideración los costos derivados del deslizamiento de la moneda.
Además, todo proyecto de inversión social o apoyo presupuestario deberá -en primera instancia- contratarse bajo términos concesionales, con un mínimo de 35%.
La contratación de préstamos externos del Gobierno en los últimos años cobra mayor atención en diversos sectores de la sociedad, sobre todo después del anuncio de las autoridades para una posible colocación de un bono soberano por $1,000 millones en el año 2015.
El tema cobró protagonismo desde el año pasado, cuando la administración del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa autorizó la colocación de mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional, los que fueron vendidos a elevadas tasas de interés.
Las tasas de interés que se cancelaron en las dos operaciones fueron de 8.75% y 7.50%, las más altas que paga un país centroamericano por la venta de esos títulos valores en el mercado internacional.
Lo anterior tuvo un fuerte impacto en los niveles de contratación de deuda externa de 2013, al contabilizarse $2,292.3 millones, superior que los $398.5 millones del año anterior, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Finanzas.
Esa cantidad superó el techo de deuda externa fijado por el Comité de Crédito Público de Honduras, que oscilaba entre $835 millones y $1,085 millones, que incluía entre $500 millones y $750 millones del bono soberano, el que después fue ampliado a $1,000 millones.
Además, el saldo de la deuda pública se disparó al pasar de $3,549.4 millones a $5,056.1 millones en el período 2012-2013, como resultado de los desembolsos recibidos, los que sumaron $1,597.6 millones el año pasado.
La historia se repite
De nuevo Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, funcionario que en su gestión tiene el récord histórico de haber contratado los mayores montos de deuda externa e interna de la administración pública de Honduras, ha anunciado la posibilidad de colocar $1,000 millones.
Ese nuevo endeudamiento externo estaría siendo estructurado el próximo año, de acuerdo con las declaraciones del funcionario, y sería para reconvertir la deuda interna (L58,203.3 millones), de la que el 80% vence en los próximos cuatro años.
El anuncio ha encendido las alarmas en sectores empresariales y académicos, quienes coinciden en que la masiva contratación de préstamos externos coloca a Honduras en una situación de insostenibilidad de la deuda pública y en problemas de pago en el mediano y largo plazo. No obstante, a Cerrato parece no preocuparle las advertencias de organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), institución que cuestiona la metodología gubernamental para calcular la deuda pública sobre el producto interno bruto.
A 2013, el saldo de la deuda pública ($7,881.9 millones) sobre el PIB (L386,706 millones) era de 43%, de acuerdo con un informe del Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas. “El saldo de la deuda pública ha mostrado una tendencia al alza desde 2008. En términos de deuda externa se observa en 2008 un saldo de $2,194.71 millones, pasando a $5,215 millones al finalizar 2013, lo cual se explica primordialmente a niveles históricamente bajos en 2008 debido a la reciente condonación de deuda y un incremento más pronunciado en 2013 dada la emisión del bono global”, revela un informe oficial.
Los techos
El Gobierno hondureño prepara cada año su política de endeudamiento público, donde se plantean las necesidades que tienen la administración central y las instituciones descentralizadas para cumplir con sus compromisos financieros.
No obstante, uno de los señalamientos de varias organizaciones nacionales y regionales es la falta de cumplimiento de los parámetros establecidos. Un ejemplo de lo anterior es que durante 2013 se estableció un techo de deuda pública externa que oscilaba entre $835 millones y $1,085 millones.
Sin embargo, al cierre del año, la cantidad contratada fue de $2,292.3 millones. Con los organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y BCIE) se contrataron $715.5 millones, mientras que con los acreedores bilaterales (ICBC, Citi, Unicredit Bank de Austria, Exim Kank de Corea, KWF y BNDES) se firmaron $577.8 millones. Los restantes $1,000 millones corresponden al bono soberano colocado por el banco New York Mellon.
Para este año se ha establecido un techo de $400 millones en deuda externa, que no incluye $220 millones para apoyo presupuestario, los que están sujetos a contratarse únicamente bajo condiciones altamente concesionales. Los requerimientos de financiamiento de la administración pública para el presente ejercicio fiscal suman L35,684 millones, los que deben ser gestionados en fuentes internas y externas. Esa necesidad de recursos se desprende de un déficit fiscal de L19,316 millones, amortización de L14,392 millones y un alivio de L1,976 millones.
Ante el creciente endeudamiento externo, el Gobierno hondureño ha considerado oportuno adoptar algunas medidas para evitar caer en una situación de insostenibilidad o de pago. Entre las consideraciones destaca que los nuevos créditos externos deberán tomar en consideración los costos derivados del deslizamiento de la moneda.
Además, todo proyecto de inversión social o apoyo presupuestario deberá -en primera instancia- contratarse bajo términos concesionales, con un mínimo de 35%.
