Los Ángeles, Estados Unidos
Una cifra récord de menores de edad que viajan solos está ingresando ilegalmente a Estados Unidos, lo cual representa un nuevo reto humanitario y fiscal en momentos en que el Congreso considera el futuro de 11 millones de indocumentados que ya residen en el país.
En un informe publicado el jueves, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. estima que 60.000 menores centroamericanos cruzarán la frontera suroccidental del país este año, sin el acompañamiento de un familiar adulto.
Esa cifra ha subido frente a menos de 25.000 el año anterior y apenas 5.800 hace una década. Aquellos que siguen de cerca lo que ocurre en la frontera dicen que la situación subraya la violencia y el descontento en varios países de Centroamérica. Los menores que cruzan desde México casi siempre son repatriados.
Desde 2011, EE.UU. “ha experimentado un incremento sin precedentes en el número de niños migrantes sin la compañía de un adulto” que cruzan la frontera entre EE.UU. y México, según el informe del grupo de obispos con sede en Washington, citando un aumento en los arrestos por parte de la patrulla fronteriza.
Muchos de los jóvenes son entregados a sus familiares en EE.UU., que a su vez son inmigrantes indocumentados, lo que según algunos críticos equivale a ayudar en vez de perseguir el tráfico de migrantes.
Los menores quedan en manos de varias agencias del gobierno, todas con responsabilidades diferentes, y a menudo pasan por albergues financiados por la Oficina de Reubicación de Refugiados, un brazo del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. (HSS). Muchos son deportados posteriormente. Otros se benefician de cláusulas de la ley de inmigración que les permiten quedarse en EE.UU. de manera legal.
Las cifras compiladas por esa agencia muestran que el 95% de los que las autoridades llaman UAC (por las iniciales en inglés de la frase “niños no acompañados”) proviene de Honduras, Guatemala y El Salvador, países donde el crimen y la violencia se han disparado en los últimos años. HSS informó esta semana que los 9.881 menores que llegaron al país en el primer trimestre del año fiscal están ligeramente por encima de ritmo del año anterior.
El informe de los obispos católicos identifica que la pobreza, la falta de oportunidades educativas y el deseo de unirse a su familia que ya se encuentra en EE.UU. son los principales factores que llevan a los jóvenes a emprender el viaje hacia el norte. Sin embargo, la motivación más fuerte es el temor al crimen y la violencia crecientes en sus lugares de origen. Según un informe de 2011 de Naciones Unidas, las tasas de homicidio se habrían incrementado —en algunos casos a más del doble— en cinco de países de Centroamérica en los cinco años anteriores.
“La violencia generalizada al nivel estatal y local y un correspondiente deterioro del estado de derecho han amenazado la seguridad de los ciudadanos y han creado una cultura del temor y la desesperanza”, señala el informe de los obispos.
“Estos niños desafían las percepciones tradicionales de migración en este hemisferio”, dijo Kevin Appleby, director de políticas de migración y asuntos públicos para el grupo de obispos, y uno de los autores del reporte. “Son similares a los refugiados en África que huyen de guerras civiles. Literalmente se escapan para salvar sus vidas”.
El legislador republicano Jason Chaffetz, presidente de un subcomité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes, dijo que la cantidad de menores indocumentados era “astronómica”, pero apuntó a las políticas estadounidenses como un factor motivador principal. “Hay un aumento de personas jóvenes que piensan que habrá una amnistía”, indicó.
La historia de Mónica Torres es típica de muchos menores que llegan a la frontera. Cuando la joven tenía 17 años y asistía a la escuela secundaria en El Salvador, dice, era acosada a diario por miembros de pandillas que intentaban convencerla para que se uniera a ellos.
Luego de que su abuela, que la crió, contactara a la policía, Torres ahora de 18 años, comenzó a recibir amenazas de muerte, aseguró. “Le dijimos a la policía y la pandilla dijo que me matarían si me veían sola”, afirmó. “Muchos jóvenes habían sido secuestrados y asesinados en la zona”.
Su abuela contactó a un pariente lejano en Los Ángeles, quien acordó compartir el costo de US$6.000 que cobraban los contrabandistas para transportar a Torres a California. Luego de que agentes de la Patrulla de Control Fronterizo de EE.UU. detectaran al grupo de migrantes de Torres en Texas en septiembre pasado, fue enviada a un albergue juvenil en Pennsylvania, donde se quedó un mes antes de ser entregada a sus familiares.
Ese proceso de albergue y liberación para menores indocumentados se repitió casi 20.000 veces el año pasado, afirma Lisa Raffonelli, una vocera de la Oficina de Reubicación de Refugiados.
Por Joel Millman y Miriam Jordan
