El acompañamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) al programa monetario del Gobierno de Porfirio Lobo está supeditado a la aplicación de ajustes fiscales.
No en vano la administración central ha defendido a capa y espada la revisión de las exoneraciones y exenciones, aún sabiendo las repercusiones de la medida.
La revisión de los beneficios fue una de las observaciones que hizo el organismo internacional a finales del año anterior al concluir la revisión del Artículo IV. En la carta final, la misión técnica del FMI recomendó procurar “el aumento de los ingresos mediante la eliminacion de exenciones fiscales generosas”.
Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el FMI han apoyado al gobierno en su dinámico programa de ajustes fiscales, que incluyen, entre 2010 y 2012, ocho reformas para impulsar las recaudaciones. A pesar de ello, poco se ha hecho por profesionalizar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ente encargado de la recaudación.
A pesar de ese enorme sacrificio fiscal al que ha sido sometida la población hondureña con el pago de más impuestos, y que se ha traducido en el aumento al costo de vida, la presente administración no pudo lograr un nuevo programa económico con el FMI, lo que ha venido a complicar la situación de las finanzas públicas al no poder acceder a recursos para apoyo presupuestario en condiciones concesionales.
Como parte de esos compromisos para sanear las finanzas del gobierno central, el gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario a la aprobación de más reformas fiscales para recaudar más impuestos.
El último acuerdo económico con ese organismo expiró el 31 de marzo de 2012, pero al final no se conoció si el gobierno aprobó las seis revisiones trimestrales programadas.
Acercamientos estériles
Al ser consultada la presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), María Elena Mondragón, sobre la relación con el FMI, respondió que “el país mantiene una fluida y permanente comunicación con este organismo”.
Agregó que no hay diferencias sustanciales en lo que es la orientación de las políticas macroeconómicas que ellos recomiendan y las que el gobierno quiere emprender. “La diferencia o talvez lo que ha retrasado un nuevo acuerdo, continuó, es nada más la magnitud y la velocidad de los ajustes para poder reducir estos desequilibrios”.
