Tegucigalpa, Honduras.
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) ya agotó la partida presupuestaria para cancelar los derechos laborales de 660 trabajadores suspendidos por cuatro meses desde el 8 de octubre y que serían despedidos al finalizar el período de suspensión temporal.
Al explicar la situación, el subgerente de Hondutel, Melvin Maldonado, dijo que “no se puede contratar otro préstamo porque no existe acompañamiento presupuestario. Lo que teníamos autorizado ya se agotó y ahora es más complicado porque significa una ampliación presupuestaria”.
La empresa estatal contrató un préstamo con la banca privada por L180 millones y otro por L120 millones, para un total de L300 millones, a fin de pagar a los 900 trabajadores que se sometieron al programa de retiro voluntario.
El presupuesto para 2015 deberá incluir una autorización para contratar un nuevo préstamo.
A corto plazo, la única opción es cancelar las cesantías con el ahorro de L40 millones, producto de los salarios que se dejan de pagar durante el tiempo de suspensión.
Maldonado añadió que también están negociando de forma individual con los trabajadores y que algunos ya han manifestado su interés en retirarse de la institución y acogerse a un plan de pago de sus prestaciones.
Sobrepoblación
La sobrepoblación es la principal causa de la suspensión, junto con empleados que no tenían labores asignadas por falta de inversión en la empresa.
Para los suspendidos, el 8 de octubre se toma como preaviso y los restantes 90 días serán de suspensión; si la empresa en ese tiempo no está recuperada, la cancelación de los contratos sería el último recurso.
La acción se llevó a cabo conforme a lo establecido en el séptimo capítulo del Código del Trabajo, que se refiere a la suspensión de los contratos de trabajo en los artículos del 99 al 102, incluyendo el reglamento interno y demás leyes aplicables.
El caso de Hondutel se repite en todas las empresas del Estado, entre las que sobresalen la Enee y la ENP.
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) ya agotó la partida presupuestaria para cancelar los derechos laborales de 660 trabajadores suspendidos por cuatro meses desde el 8 de octubre y que serían despedidos al finalizar el período de suspensión temporal.
Al explicar la situación, el subgerente de Hondutel, Melvin Maldonado, dijo que “no se puede contratar otro préstamo porque no existe acompañamiento presupuestario. Lo que teníamos autorizado ya se agotó y ahora es más complicado porque significa una ampliación presupuestaria”.
La empresa estatal contrató un préstamo con la banca privada por L180 millones y otro por L120 millones, para un total de L300 millones, a fin de pagar a los 900 trabajadores que se sometieron al programa de retiro voluntario.
El presupuesto para 2015 deberá incluir una autorización para contratar un nuevo préstamo.
A corto plazo, la única opción es cancelar las cesantías con el ahorro de L40 millones, producto de los salarios que se dejan de pagar durante el tiempo de suspensión.
Maldonado añadió que también están negociando de forma individual con los trabajadores y que algunos ya han manifestado su interés en retirarse de la institución y acogerse a un plan de pago de sus prestaciones.
Sobrepoblación
La sobrepoblación es la principal causa de la suspensión, junto con empleados que no tenían labores asignadas por falta de inversión en la empresa.
Para los suspendidos, el 8 de octubre se toma como preaviso y los restantes 90 días serán de suspensión; si la empresa en ese tiempo no está recuperada, la cancelación de los contratos sería el último recurso.
La acción se llevó a cabo conforme a lo establecido en el séptimo capítulo del Código del Trabajo, que se refiere a la suspensión de los contratos de trabajo en los artículos del 99 al 102, incluyendo el reglamento interno y demás leyes aplicables.
El caso de Hondutel se repite en todas las empresas del Estado, entre las que sobresalen la Enee y la ENP.
