San Pedro Sula, Honduras.
El cierre temporal de negocios por irregularidades tributarias detectadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ocasionó diferencias entre la empresa privada y el Gobierno.
Al respecto reacciona Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara) en una entrevista con LA PRENSA.
El empresario asegura que aceptan auditorías y los procedimiento legales cuando se realizan en el marco del respeto.
El cierre temporal de negocios por irregularidades tributarias detectadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ocasionó diferencias entre la empresa privada y el Gobierno.
Al respecto reacciona Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara) en una entrevista con LA PRENSA.
El empresario asegura que aceptan auditorías y los procedimiento legales cuando se realizan en el marco del respeto.
¿Cuál es la opinión de Fedecámara ante el cierre temporal de negocios en Roatán?
Nos preocupó mucho la forma en cómo llegaron a Roatán a hacer los operativos de auditoría y revisión de facturas a los negocios. Hace dos semanas me reuní con los empresarios de Roatán y confirmaron que no se oponen a las auditorías que se están haciendo.
Están dispuestos a pagar los impuestos legalmente establecidos. En lo que no están de acuerdo es en el procedimiento y la forma en que llegan a los negocios los auditores con personal de Fusina armados, encapuchados, chalecos antibalas, una forma prepotente e intimidante.
Eso perjudica a la población que se caracteriza por ser sana, no violenta y molestó que a las autoridades no les importó la presencia de turistas en los locales.
¿Qué piensan de las sanciones similares que se dieron en la capital?
Siempre hemos dicho que hay procedimientos para este tipo de acciones y debe respetarse, pero no de una forma tan intimidante y violenta como lo están haciendo. Los empresarios aceptamos las auditorías, pero que se hagan de una debida forma.
Creemos que esta no es la forma de crear riqueza en Honduras y esto no solo sale a la luz pública a nivel nacional, sino que se traspasa al extranjero.
Sabemos que hubo una carta de protesta de parte de ciudadanos canadienses que fueron casi sacados a la fuerza. Se sintieron molestos e incómodos por la forma en que los expulsaron de un negocio.
¿Ya contabilizaron a las pérdidas por el cierre temporal de negocios?
Todavía estamos haciendo el recuento de cuántos negocios han sido cerrados. La última institución que nos habló de cuánto se puede perder por día son las compañías que manejan gasolineras.
Por cada cinco días que se cierre una gasolinera se pierde alrededor de $1 millón en ventas.
El daño más perjudicial es que sale a nivel internacional. El Presidente de la República promueve el país como un paraíso de la inversión cuando internamente la empresa privada y el Gobierno tienen problemas porque no estamos conformes con los procedimientos utilizados.
¿Están listas las empresas para aplicar los precios de transferencias?
Apoyamos la creación de la Ley de Precios de Transferencia, pero vino la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la DEI para elaborar un reglamento que fue más allá de lo que habían que establece la Ley de lo que debían reportar las empresas hondureñas.
En segundo lugar, las autoridades lo hicieron con efecto retroactivo a partir del año pasado y el reglamento salió publicado en septiembre de 2015.
Ya impugnamos el Reglamento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque va más allá de la Ley. Dos, no aceptamos el reglamento porque la Ley no establece que los precios de transferencia se aplican a las empresas relacionadas con Honduras. Por eso protestamos por el Reglamento y a partir del 18 de diciembre la empresa relacionada será multada con $10 mil.
¿Qué ha pasado que pocas empresas se han inscrito a esta medida?
No solo es informar a la DEI, sino que hay que hacer un estudio de precios de transferencia y cada estudio cuesta alrededor $3 mil. Calculamos que son 400 empresas sujetas a esto y no las 1,800 que dice la DEI.
¿Van a solicitar prórroga para la aplicación de los precios de transferencia?
Sí aceptamos una prórroga estaríamos aceptando el reglamento que es ilegal. Pedimos a los empresarios que se ajusten a la Ley y nos sentemos con la DEI para analizar este Reglamento.
