San Pedro Sula, Honduras.
Según datos estadísticos del Consejo Monetario Centroamericano, dependencia de la Sieca, Honduras es el país con los ingresos tributarios más altos de la región.
Para la empresa privada el veto ejecutivo al artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta (ISR) es un irrespeto a la Constitución de la República y un detonante de inseguridad jurídica.
“La Constitución establece que se debe vetar o rechazar un decreto del Congreso Nacional dentro de los primeros 10 días. Estamos a tres meses de haberse aprobado este decreto y se creía más bien que estaba publicado en La Gaceta como lo establece la Ley”, dice Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámara).
“Entramos en una situación de irregularidad e inseguridad jurídica que definitivamente puede ser muy dañina para el desarrollo de la inversión y el empresariado”, apunta Guy de Pierrefeu, presidente de la CCIT.
El empresario es del criterio que esta exención del decreto se iba a traducir en dividendos para el Estado.“Es un efecto multiplicador de estos recursos y creemos que es un error de parte del Gobierno haberlo vetado”, agrega.
Según estimaciones de economistas, con el veto alrededor de 265 mil hondureños, entre empleados y comerciantes individuales resultaron afectados.
“Necesitamos sentarnos (con el Gobierno) y platicar de esto porque lo que Honduras requiere es crecimiento, generación de riqueza y empleo que a su vez genera más impuestos”, señala Pierrefeu.
A la espera
Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT, sostiene que la interpretación del Congreso Nacional sobre cómo calcular la base exenta es la adecuada y la que debió haber primado. “Tengo entendido que el veto debió haberse hecho durante los primeros diez días de que se le envío al Ejecutivo. Creemos que eso es extemporáneo. Vamos a esperar las acciones que tome el Legislativo”, añade Medina.
“Si me da diez días y toda la información completa del Presupuesto de la República, yo le doy la salida de dónde se absorbe el costo fiscal, porque como ellos mismos han dicho que las condiciones son favorables”, asegura Gabriela Núñez, diputada proyectista sobre las justificaciones del Gobierno de rechazar el proyecto porque superaba L2,300 millones en exenciones y no los L815 millones previstos.
Según datos estadísticos del Consejo Monetario Centroamericano, dependencia de la Sieca, Honduras es el país con los ingresos tributarios más altos de la región.
Para la empresa privada el veto ejecutivo al artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta (ISR) es un irrespeto a la Constitución de la República y un detonante de inseguridad jurídica.
“La Constitución establece que se debe vetar o rechazar un decreto del Congreso Nacional dentro de los primeros 10 días. Estamos a tres meses de haberse aprobado este decreto y se creía más bien que estaba publicado en La Gaceta como lo establece la Ley”, dice Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecámara).
“Entramos en una situación de irregularidad e inseguridad jurídica que definitivamente puede ser muy dañina para el desarrollo de la inversión y el empresariado”, apunta Guy de Pierrefeu, presidente de la CCIT.
El empresario es del criterio que esta exención del decreto se iba a traducir en dividendos para el Estado.“Es un efecto multiplicador de estos recursos y creemos que es un error de parte del Gobierno haberlo vetado”, agrega.
Según estimaciones de economistas, con el veto alrededor de 265 mil hondureños, entre empleados y comerciantes individuales resultaron afectados.
“Necesitamos sentarnos (con el Gobierno) y platicar de esto porque lo que Honduras requiere es crecimiento, generación de riqueza y empleo que a su vez genera más impuestos”, señala Pierrefeu.
A la espera
Rafael Medina, director ejecutivo de la CCIT, sostiene que la interpretación del Congreso Nacional sobre cómo calcular la base exenta es la adecuada y la que debió haber primado. “Tengo entendido que el veto debió haberse hecho durante los primeros diez días de que se le envío al Ejecutivo. Creemos que eso es extemporáneo. Vamos a esperar las acciones que tome el Legislativo”, añade Medina.
“Si me da diez días y toda la información completa del Presupuesto de la República, yo le doy la salida de dónde se absorbe el costo fiscal, porque como ellos mismos han dicho que las condiciones son favorables”, asegura Gabriela Núñez, diputada proyectista sobre las justificaciones del Gobierno de rechazar el proyecto porque superaba L2,300 millones en exenciones y no los L815 millones previstos.
