Las discusiones en los últimos siglos se podrían resumir en torno a cuál es el papel que deben jugar los Estados en la sociedad. Desde posiciones que abogan por su reducción al mínimo, como el neoliberalismo, hasta expresiones ideológicas que apuestan por su involucramiento en todos los contextos sociales. En todo caso, en pleno siglo XXI, la idea del Estado efectivo, capaz de mejorar el bienestar social y económico, es la que se plantea como la mejor alternativa frente a la democracia y el desarrollo.
El politólogo argentino Guillermo O’Donnell plantea que un Estado democrático es aquel que tiene el poder para alcanzar sus cometidos y este poder es fácilmente medible por medio de la capacidad infraestructural que en la práctica se relaciona con la producción de bienes y servicios públicos (educación, salud, seguridad, justicia, protección social) necesarios para garantizar el Estado de derecho y cumplir con sus obligaciones constitucionales. Cuando se analiza cuál es la situación del poder infraestructural de los países centroamericanos frente al resto de la región latinoamericana y sobre todo con los países desarrollados, los resultados son bastante desalentadores.
Poder infraestructural
Al analizar el gasto del Gobierno general como porcentaje del PIB se aprecia que en promedio los países de Centroamérica tienen un sector público de 21.9%, lejos del 33.7% que tiene Latinoamérica en su conjunto y del 40% de los países desarrollados.
Honduras tiene el mayor porcentaje con 28.7%, mientras Guatemala es el ejemplo más dramático donde el Gobierno central apenas representa el 13.4% del total de la economía.
Otro elemento que visibiliza la poca capacidad infraestructural de los Estados centroamericanos es la cantidad de impuestos que recaudan. En promedio, en la región, incluyendo seguridad social, la carga tributaria es del 18.6%, menor al 21.7% del promedio latinoamericano y del 34.4% de los países más desarrollados. A esto hay que añadirle la regresividad de cargas tributarias basadas en impuestos indirectos relacionados con el consumo. Tal y como está diseñado el financiamiento de los Estados centroamericanos, la política fiscal incide de forma negativa en los niveles más bajos de ingreso, revirtiendo los efectos positivos que tiene el gasto público, al reducir la desigualdad social.
Gasto social
En cuanto al gasto público, en 2014 las inversiones públicas por estudiante fueron equivalentes a $237 en Centroamérica (Honduras $135 y Costa Rica $693), inferior a los $450 que destina América Latina y los $2,000 que invierten los países desarrollados. Al analizar el gasto en salud, el panorama se hace más sombrío.
En 2014, los estados centroamericanos destinaron, en promedio, $471.8 por cada habitante (Honduras $212.3, Costa Rica $970), en Latinoamérica alcanzó los $714.8, muy lejos de $5,520.1 de los países desarrollados. La insuficiente inversión en educación y salud provoca, entre otros fenómenos, menos posibilidades de empleo, más desigualdad y debilita las expectativas que los ciudadanos tienen sobre la vida en democracia.
Es por ello que para que la sociedad centroamericana pueda tener una respuesta concreta frente a los problemas económicos, políticos y sociales que la aquejan, se hace necesario la búsqueda de nuevos pactos sociales y fiscales que reivindiquen la importancia de la administración pública como espacio catalizador de las esperanzas ciudadanas, y de los planes económicos y políticos que fomenten la transformación productiva y el empleo, la búsqueda de la igualdad y el fortalecimiento de un Estado más transparente y rendidor de cuentas.
Hoy más que nunca la respuesta a los múltiples problemas que aquejan a la región centroamericana pasa por tener una administración pública fuerte, efectiva y con sentido de democracia. Y esto solo será posible con una ciudadanía que comprende que las posibilidades de cerrar las brechas de la desigualdad y la exclusión pasan por alcanzar el bienestar individual a partir del bienestar colectivo.
Los centroamericanos deben comprender que lo público es el espacio de encuentro como sociedad, por lo que hay que celebrarlo y defenderlo, como la paz y la democracia, ingredientes esenciales para alcanzar el desarrollo.
