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El RAP quiere retener dinero de afiliados

  • 10 noviembre 2015 /

La institución crearía tres divisiones, mientras piden al Congreso que retiro de 6,900 millones en aportaciones no sea “retroactivo”

Tegucigalpa, Honduras.

Luego que la aprobación de una Ley Marco de Seguridad Social tiene al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) en un limbo jurídico, la nueva ley, que entró en vigor el 4 de septiembre, suspendió las cotizaciones directas al RAP y les “ató las manos” o mejor dicho “la bolsa”.

La situación es crítica porque por un lado el RAP tiene su propia ley, que no fue derogada, pero por otro lado hay otra ley que dice que esos fondos deben estar en una AFP.

“Es que esa Ley de Protección Social nos tiene metidos en un lío, nos tiene a todos confundidos (...), nos tiene en una situación jurídica difícil”, dijo José Luis Baquedano, vocal de la junta directiva. Y esto porque la Ley Marco de Seguridad Social habla de llevar sus activos a un Fondo Privado de Pensiones (AFP), ya sea del RAP o de los privados que ya funcionan en ese mercado.

El cambiar las reglas del juego prevalecientes hasta ahora, va en detrimento de los trabajadores, en opinión de Baquedano, “porque ahí, por ejemplo, lo que están haciendo es obligando a los trabajadores a que sus fondos, que le sirven al trabajador como un seguro de desempleo, no tengan acceso a ellos”.

Esto porque una vez que las aportaciones de los trabajadores pasen a un Fondo de Pensiones, no podrán ser tocados.

La nueva ley también tiene al RAP sin fondos frescos, porque desde la entrada en vigor de la nueva ley dejaron de percibir las aportaciones directas de sus afiliados, unos 120 millones de lempiras al mes, que ahora van a las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). ¿Qué va a pasar con el RAP?

Los directivos del RAP identifican mecanismos para salvar la institución y han comenzado a consensuar en el seno del Consejo Económico y Social (CES), una reforma legal encaminada a mantener el status quo de la institución.

Se busca crear una AFP, mantener el programa de vivienda y una Fundación. Pero la nueva propuesta tiene un único fundamento: “que las leyes no tienen carácter retroactivo salvo cuando favorecen al inculpado y por ende no pueden despojar a sus afiliados de los beneficios que ahora gozan”.

Entonces, agregó, la propuesta va dirigida a que los fondos que tenía el RAP hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Protección Social, el 4 de septiembre, queden en administración del RAP Vivienda, para seguir brindando todos los servicios y seguir financiando vivienda social”, explicó Baquedano.

Es decir, que el RAP funcione “con las actuales cotizaciones, con el patrimonio y con los excedentes”.

La propuesta contempla además que el RAP disponga de un fondo para capitalizar la nueva AFP Solidaria RAP y que ésta se capitalice con sus propios fondos, dijo, por su parte, Daniel Durón, presidente de la junta directiva del RAP. Por ahora se habla de un aporte de 300 millones de lempiras.

“La idea es que la AFP vaya creando su propio patrimonio, y el RAP también, y que el RAP siga manteniendo los beneficios que tiene”.

Esta propuesta conlleva solicitarle al Congreso Nacional la modificación del artículo 53 de la Ley Marco y de la cláusula 36 de la ley del RAP vigente “en función de darle continuidad a la institución, y en el otro tema, para que no se aplique de manera retroactiva una disposición de decir (que los fondos) pasarán obligatoriamente a una AFP, tiene que estar a voluntad del trabajador si se va a una AFP o se queda en el RAP, no puede ser así, cohercitivo”.

Nuevos beneficios

“Las reformas que vamos a hacer van a permitir que más personas tengan acceso” a los productos que el RAP ofrece, dijo por su parte Dennis Fernández, representante del sector privado ante la junta directiva.

El proceso de revisión de la legislación ha iniciado con la decisión de la misma junta directiva de suspender el cobro de un 1.5% a los afiliados, el que fue acordado luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley Marco de Seguridad, y que debía ser aportado por los trabajadores con préstamos personales o hipotecarios.

Sin embargo, los trabajadores con responsabilidades financieras con la institución tienen que cubrirlas.

Las empresas siguen deduciéndolas, dijo Fernández.