La Paz, Bolivia.
De niño, el presidente boliviano Evo Morales ayudó a su familia de bajos recursos de varias formas: vendió helados, horneó pan, colocó ladrillos y, según un biógrafo, pastoreó 50 llamas a través de los Andes para canjearlas por maíz y carne seca.
Décadas más tarde, Morales, que fue reelegido para un tercer mandato este mes, respaldó una nueva ley para reducir la edad mínima de los trabajadores infantiles, lo que convierte a Bolivia en el único país que permite legalmente que los niños de 10 años en adelante trabajen, según Human Rights Watch.
En medio del progreso del gobierno de Morales para expandir la economía y reducir la pobreza, la ley, aprobada en julio, es vista por algunos defensores de los derechos infantiles como un paso atrás.
La legislación podría alentar a que más niños busquen trabajo, abandonen el colegio y perpetúen un ciclo de pobreza, advirtió Marcoluigi Corsi, el representante de Unicef aquí. También enfrenta a Bolivia con la Organización Internacional del Trabajo, que estipula que 14 años es la edad mínima para trabajar en los países en desarrollo.
Otros países latinoamericanos están avanzando en la dirección opuesta. En junio, por ejemplo, México elevó su edad mínima para trabajar de 14 a 15 años.
Pero el gobierno boliviano afirma que la nueva ley simplemente reconoce las duras realidades de un país mayormente indígena donde 42% de la población sigue siendo pobre y los niños a menudo ayudan a sustentar económicamente a sus familias. La medida, según los funcionarios, crea una red de seguridad más amplia para los trabajadores de menos de 14 años, al exigir que se registren para solicitar permisos de trabajo y que los empleadores brinden condiciones humanas y una remuneración justa.
“Lo políticamente correcto es decir que los niños no deberían trabajar”, dijo en una entrevista la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. “Pero el gobierno ha considerado que lo políticamente correcto es una hipocresía”.
Lo mismo piensan muchos trabajadores infantiles en Bolivia.
Los niños de menos de 14 años representan 58% de los 850.000 trabajadores infantiles en Bolivia, según Unicef. Y ellos, más que los grupos de influencia de adultos, fueron quienes presionaron a los legisladores.
En diciembre, miembros de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) marchó hacia el palacio presidencial de La Paz para presionar por conseguir el reconocimiento legal de los trabajadores de menos de 14 años. La policía antimotines disparó gases lacrimógenos y las imágenes de jóvenes respirando con dificultad y con los ojos rojos alarmaron al presidente Morales.
Tras reunirse con los trabajadores infantiles, Morales declaró: “No debe prohibirse (el trabajo infantil), pero cuidarlos, protegerlos”.
La Asamblea Legislativa siguió su consejo y reescribió partes del “Código del Niño, Niña y Adolescente” de Bolivia. Ahora, los menores a partir de los 12 años que tengan permiso de sus padres pueden trabajar bajo contrato y quienes tengan más de 10 años pueden ser trabajadores autónomos, mientras sigan asistiendo al colegio en ambos casos.
Luis Canaza, de 15 años, sostuvo que los empleos de medio tiempo pueden mejorar las destrezas en matemática y aportar dinero para comprar uniformes escolares y libros. El joven, que trabaja desde los 7 años, realiza espectáculos de payaso los fines de semana y además trabaja como voceador, anunciando los destinos de microbuses para atraer pasajeros.
“Yo no veo nada malo en que los niños de 10 o 12 años trabajen”, dijo Luis, cuyo hermano de 10 años suele trabajar con él.
Pero quienes se oponen a esta política sostienen que los jóvenes podrían terminar exhaustos para prestar atención en clase o hacer sus tareas escolares luego de vender pasajes de autobús, lavar platos o vender ropa en mercados al aire libre. También predicen que la ley no se cumplirá.
Por ejemplo, la medida obliga al gobierno a intervenir cuando los empleadores abusan de los niños, pero las inspecciones en los lugares de trabajo son poco frecuentes, afirmó Teófila Guarachi, directora de asuntos de niños y adolescentes de La Paz para la Defensoría del Pueblo.
Además, es fácil encontrar a los preadolescentes realizando trabajos que el gobierno clasifica como demasiado peligrosos para los niños, como cortar caña de azúcar con machete o fabricar ladrillos, lo que involucra gases tóxicos.
Durante una visita reciente a una fábrica de ladrillos en La Paz, Hugo Cupana, de 9 años, respiraba con esfuerzo mientras usaba rastrillos de jardín para traspasar ladrillos recién horneados a una carretilla. Luego, junto a su hermana de 14 años, Érica, arrastraron la pesada carga hasta un depósito cercano.
Érica afirmó que ganan unos US$3 por trasladar 1.000 ladrillos, dinero que va a sus padres, quienes son vendedores de frutas y tienen ocho hijos.
Fernando Siles, el dueño de la fábrica de ladrillos, afirmó que contrata sólo a un puñado de niños para trabajar luego de sus clases y que los mantiene alejados de las calles. Siles sabe que contratar un niño de 9 años es ilegal pero afirmó que los inspectores laborales del gobierno nunca lo han molestado.
En Bolivia tampoco se cumple el requisito de obtener permisos laborales para niños menores de 14 años, que son distribuidos por oficinas de defensa infantil del gobierno local. Estas entidades deben evaluar el estado físico y mental de los postulantes y luego entrevistar a sus padres para determinar cuán grave es la necesidad de que trabajen. Aun así, estas oficinas ni siquiera existen en casi la mitad de los 341 municipios de Bolivia.
Dávila, la ministra de Comunicación, afirmó que el gobierno planea aumentar la cantidad de personal en el Ministerio de Trabajo y Defensorías del Pueblo y lanzar una campaña para educar a los empleadores y los niños sobre las nuevas reglas.
Marcelo Claros, quien encabeza la Defensoría de la Niñez de La Paz, sostiene que el gobierno debería concentrarse en problemas más fundamentales, como la falta de acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos en muchas partes del país. Eso puede conducir a familias más grandes y pobres, y a más trabajo infantil.
Pero el gobierno muestra resistencia a ese tipo de ideas.
Otro factor que perjudica la causa de los defensores de los niños es la improbable trayectoria del presidente. Muchos bolivianos consideran a Morales, que comenzó a trabajar como pastor de llamas con su padre a los 4 años, como la mejor prueba de las ventajas del trabajo infantil. “El mensaje viene desde arriba”, dijo Claros. “Nuestro presidente dice: ‘Yo he trabajado desde pequeño y yo soy ahora presidente del país’”.
De niño, el presidente boliviano Evo Morales ayudó a su familia de bajos recursos de varias formas: vendió helados, horneó pan, colocó ladrillos y, según un biógrafo, pastoreó 50 llamas a través de los Andes para canjearlas por maíz y carne seca.
Décadas más tarde, Morales, que fue reelegido para un tercer mandato este mes, respaldó una nueva ley para reducir la edad mínima de los trabajadores infantiles, lo que convierte a Bolivia en el único país que permite legalmente que los niños de 10 años en adelante trabajen, según Human Rights Watch.
En medio del progreso del gobierno de Morales para expandir la economía y reducir la pobreza, la ley, aprobada en julio, es vista por algunos defensores de los derechos infantiles como un paso atrás.
La legislación podría alentar a que más niños busquen trabajo, abandonen el colegio y perpetúen un ciclo de pobreza, advirtió Marcoluigi Corsi, el representante de Unicef aquí. También enfrenta a Bolivia con la Organización Internacional del Trabajo, que estipula que 14 años es la edad mínima para trabajar en los países en desarrollo.
Otros países latinoamericanos están avanzando en la dirección opuesta. En junio, por ejemplo, México elevó su edad mínima para trabajar de 14 a 15 años.
Pero el gobierno boliviano afirma que la nueva ley simplemente reconoce las duras realidades de un país mayormente indígena donde 42% de la población sigue siendo pobre y los niños a menudo ayudan a sustentar económicamente a sus familias. La medida, según los funcionarios, crea una red de seguridad más amplia para los trabajadores de menos de 14 años, al exigir que se registren para solicitar permisos de trabajo y que los empleadores brinden condiciones humanas y una remuneración justa.
“Lo políticamente correcto es decir que los niños no deberían trabajar”, dijo en una entrevista la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. “Pero el gobierno ha considerado que lo políticamente correcto es una hipocresía”.
Lo mismo piensan muchos trabajadores infantiles en Bolivia.
Los niños de menos de 14 años representan 58% de los 850.000 trabajadores infantiles en Bolivia, según Unicef. Y ellos, más que los grupos de influencia de adultos, fueron quienes presionaron a los legisladores.
En diciembre, miembros de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) marchó hacia el palacio presidencial de La Paz para presionar por conseguir el reconocimiento legal de los trabajadores de menos de 14 años. La policía antimotines disparó gases lacrimógenos y las imágenes de jóvenes respirando con dificultad y con los ojos rojos alarmaron al presidente Morales.
Tras reunirse con los trabajadores infantiles, Morales declaró: “No debe prohibirse (el trabajo infantil), pero cuidarlos, protegerlos”.
La Asamblea Legislativa siguió su consejo y reescribió partes del “Código del Niño, Niña y Adolescente” de Bolivia. Ahora, los menores a partir de los 12 años que tengan permiso de sus padres pueden trabajar bajo contrato y quienes tengan más de 10 años pueden ser trabajadores autónomos, mientras sigan asistiendo al colegio en ambos casos.
Luis Canaza, de 15 años, sostuvo que los empleos de medio tiempo pueden mejorar las destrezas en matemática y aportar dinero para comprar uniformes escolares y libros. El joven, que trabaja desde los 7 años, realiza espectáculos de payaso los fines de semana y además trabaja como voceador, anunciando los destinos de microbuses para atraer pasajeros.
“Yo no veo nada malo en que los niños de 10 o 12 años trabajen”, dijo Luis, cuyo hermano de 10 años suele trabajar con él.
Pero quienes se oponen a esta política sostienen que los jóvenes podrían terminar exhaustos para prestar atención en clase o hacer sus tareas escolares luego de vender pasajes de autobús, lavar platos o vender ropa en mercados al aire libre. También predicen que la ley no se cumplirá.
Por ejemplo, la medida obliga al gobierno a intervenir cuando los empleadores abusan de los niños, pero las inspecciones en los lugares de trabajo son poco frecuentes, afirmó Teófila Guarachi, directora de asuntos de niños y adolescentes de La Paz para la Defensoría del Pueblo.
Además, es fácil encontrar a los preadolescentes realizando trabajos que el gobierno clasifica como demasiado peligrosos para los niños, como cortar caña de azúcar con machete o fabricar ladrillos, lo que involucra gases tóxicos.
Durante una visita reciente a una fábrica de ladrillos en La Paz, Hugo Cupana, de 9 años, respiraba con esfuerzo mientras usaba rastrillos de jardín para traspasar ladrillos recién horneados a una carretilla. Luego, junto a su hermana de 14 años, Érica, arrastraron la pesada carga hasta un depósito cercano.
Érica afirmó que ganan unos US$3 por trasladar 1.000 ladrillos, dinero que va a sus padres, quienes son vendedores de frutas y tienen ocho hijos.
Fernando Siles, el dueño de la fábrica de ladrillos, afirmó que contrata sólo a un puñado de niños para trabajar luego de sus clases y que los mantiene alejados de las calles. Siles sabe que contratar un niño de 9 años es ilegal pero afirmó que los inspectores laborales del gobierno nunca lo han molestado.
En Bolivia tampoco se cumple el requisito de obtener permisos laborales para niños menores de 14 años, que son distribuidos por oficinas de defensa infantil del gobierno local. Estas entidades deben evaluar el estado físico y mental de los postulantes y luego entrevistar a sus padres para determinar cuán grave es la necesidad de que trabajen. Aun así, estas oficinas ni siquiera existen en casi la mitad de los 341 municipios de Bolivia.
Dávila, la ministra de Comunicación, afirmó que el gobierno planea aumentar la cantidad de personal en el Ministerio de Trabajo y Defensorías del Pueblo y lanzar una campaña para educar a los empleadores y los niños sobre las nuevas reglas.
Marcelo Claros, quien encabeza la Defensoría de la Niñez de La Paz, sostiene que el gobierno debería concentrarse en problemas más fundamentales, como la falta de acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos en muchas partes del país. Eso puede conducir a familias más grandes y pobres, y a más trabajo infantil.
Pero el gobierno muestra resistencia a ese tipo de ideas.
Otro factor que perjudica la causa de los defensores de los niños es la improbable trayectoria del presidente. Muchos bolivianos consideran a Morales, que comenzó a trabajar como pastor de llamas con su padre a los 4 años, como la mejor prueba de las ventajas del trabajo infantil. “El mensaje viene desde arriba”, dijo Claros. “Nuestro presidente dice: ‘Yo he trabajado desde pequeño y yo soy ahora presidente del país’”.
